La Contraloría General de la República ha decidido acelerar la reactivación de más de 2.250 obras públicas paralizadas en todo el país, informó el contralor César Aguilar Surichaqui durante sus recientes supervisiones en las regiones de Tumbes y Lambayeque.
Esta intervención busca concluir dichos proyectos, considerados vitales para el desarrollo de las comunidades locales, y ponerlos a disposición de la ciudadanía cuanto antes.
El contralor Aguilar Surichaqui destacó que muchos ciudadanos se ven afectados por la detención de obras cruciales. Entre las infraestructuras paralizadas se encuentran hospitales, carreteras, calles, colectores y colegios, todos esenciales para el bienestar de la población y el progreso de las regiones afectadas.
El funcionario de alto nivel señaló que, hasta junio de este año, la suma pendiente de inversión en estas obras asciende a más de S/17.228 millones.
Contraloría: paralizaciones ascienden a S/17.228 millones
Las principales causas de paralización son el incumplimiento de contratos, la falta de recursos financieros, discrepancias y arbitrajes, entre otras dificultades, agregó Surichaqui.
De ahí la importancia de trabajar en un control desde la fase de elaboración del expediente técnico, ayudando a los gestores públicos a cumplir con sus objetivos de inversión.
Durante su visita a Tumbes, Aguilar Surichaqui inspeccionó la obra de reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura vial en la avenida El Ejército y calles aledañas, cuya inversión es mayor a los S/8 millones y está detenida debido a la resolución del contrato de supervisión.
Además, verificó el estado del Hospital de Apoyo Saúl Garrido Rosillo (SAGARO II-1), con un costo superior a S/215 millones, y la obra del canal de riego La Peña, que beneficiará a más de 9.520 habitantes y agricultores de la región.
Lambayeque, con obras educación y saneamiento paralizadas
En Lambayeque, el contralor recorrió distintas instituciones educativas en proceso de mejora, como la Institución Educativa Pedro Abel Labarthe Durand y la escuela N° 10042 “Monseñor Juan Tomis Stack”.
También supervisó la renovación de colectores en varios sectores de José Leonardo Ortiz y la recuperación de la infraestructura de la Institución Educativa Máter Admirabilis.
El contralor enfatizó la necesidad de desarrollar una cultura preventiva del control para evitar futuros retrasos en estas obras esenciales.
La meta es que los proyectos pendientes se concreten y puedan mejorar significativamente la calidad de vida de las comunidades involucradas.
MML pagó ilegalmente más de S/41 millones a funcionarios
Nueve funcionarios de la Municipalidad de Lima (MML) podrían enfrentar consecuencias penales y administrativas por su complicidad en pagos indebidos a empleados de confianza, reveló la Contraloría General de la República.
Este organismo detalló que entre 2020 y 2022, la municipalidad desembolsó un total de S/41millones 131.152 en concepto de “asignación por responsabilidad funcional” para 384 trabajadores, violando así las restricciones presupuestales establecidas desde 2006.
Durante el periodo en cuestión, Jorge Muñoz y Miguel Romero, ambos pertenecientes a Acción Popular, estuvieron al frente de la alcaldía de Lima. Muñoz asumió el cargo el 1 de enero de 2019 y continuó hasta el 4 de mayo de 2022, momento en que fue destituido. Posteriormente, Romero ocupó el puesto desde el 9 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2022.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 037-2024-2-0434-AC señaló que estos pagos fueron realizados sin respetar las normativas vigentes, las cuales prohíben explícitamente cualquier tipo de asignación adicional independientemente de su naturaleza.
Este reporte subraya que tales transacciones no solo ocasionaron un daño significativo a los intereses patrimoniales del Estado sino que también afectaron la correcta administración pública.
La auditoría reveló que el “trámite y pago” de la mencionada asignación fue gestionado por los nueve funcionarios, quienes deberán responder ante las autoridades competentes. Jorge Muñoz ejerció la alcaldía de Lima en un contexto donde la gestión de recursos debería haber sido particularmente rigurosa debido a las limitaciones presupuestales existentes.
El marco legal establecido desde 2006 establece claramente que ningún tipo de asignación adicional puede ser autorizada con fondos públicos. Este marco fue desobedecido por la administración municipal, lo que no solo resultó en un uso indebido de recursos, sino también en una gestión administrativa que dista de ser ejemplar.
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