Cadena perpetua para extorsionadores: delincuentes que cobren la vida de sus víctimas serán sancionados con la máxima pena

En la modalidad más básica de este delito, la pena de cárcel será de entre diez a quince años. Sin embargo, si se usan artefactos explosivos, la sanción podría variar entre 15 y 25 años de prisión

Según el magistrado de la Corte de Lima, Walther Huayllani, estos actos delictivos no son cometidos por una sola persona. (Foto: Andina)

Exigir el pago de ventajas indebidas a empresas de transporte urbano puede acarrear sanciones extremadamente severas, advirtió el magistrado de la Corte de Lima, Walther Huayllani Choquepuma. En caso de que la extorsión implique el uso de armas o derive en lesiones graves o fatales, podrá imponerse la cadena perpetua, según informó el magistrado.

Huayllani Choquepuma explicó que la extorsión busca obtener dinero a través de la violencia o amenazas, lo que representa una perturbación tanto para las empresas de transporte como para los ciudadanos que utilizan estos servicios.

“Cualquier persona que impida u obstaculice la actividad de las empresas de transporte público no solo afecta al empresario, sino también a la ciudadanía que depende de este servicio”, destacó el magistrado, tal como detalla la agencia Andina.

El magistrado puntualizó que, en la modalidad más simple o básica de la extorsión, la pena de cárcel será de entre diez a quince años. Sin embargo, si se usan artefactos explosivos, la sanción podría variar entre 15 y 25 años de prisión. Además, en casos donde la extorsión involucra a menores de edad, la pena se igualará con la de los actos de extrema violencia, alcanzando la prisión perpetua.

No son cometidos por una sola persona

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El análisis de Huayllani Choquepuma también incidió en que, normalmente, estos actos delictivos no son cometidos por una sola persona. “La experiencia nos indica que estos actos extorsivos a empresas de transporte son llevados a cabo por un grupo de personas con roles específicos: desde enviar mensajes amenazantes hasta activar explosivos”, comentó.

Por lo tanto, cuando en la extorsión participan dos o más individuos, la pena mínima será de 15 años y no excederá los 25 años de prisión. Aseguró que la extorsión a empresas de transporte público es una actividad que no solo daña la economía de estos negocios, sino que repercute de manera directa en la calidad del servicio a los usuarios.

Finalmente, Huayllani Choquepuma urgió tanto a las empresas como a los ciudadanos a no ceder ante las extorsiones y a denunciar estos actos a las autoridades competentes. Insistió en que, para combatir eficazmente la extorsión, es esencial que el Poder Ejecutivo proporcione las condiciones necesarias para garantizar la continuidad del transporte urbano e interprovincial. “Debemos ser férreos y firmes denunciando estos actos”, concluyó.

Podrán denunciar extorsión a través de la Línea 111

“Esto es la Colombia de Pablo Escobar”, señala congresista Susel Paredes por casos de extorsión en el Perú| Andina (Juan Carlos Guzmán)

El Ministerio del Interior de Perú (Mininter) anunció un nuevo mecanismo para combatir la extorsión de manera más efectiva. A partir de octubre, las víctimas podrán denunciar este delito a través de la Línea 111, un sistema que estará a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), encargado de la instalación de la línea.

Según una publicación del Mininter en Twitter, el propósito de esta iniciativa es enfrentar y reducir la incidencia de extorsiones que afecta a un gran número de peruanos en todo el territorio nacional. Este anuncio llega en un momento crítico, ya que la Policía Nacional del Perú (PNP) reporta alrededor de 50 casos diarios de extorsión.

La situación en el país ha alcanzado niveles alarmantes con el uso creciente de explosivos y armas de fuego en los ataques dirigidos a conductores y pasajeros de distintos servicios de transporte. Recientemente, dos conductores perdieron la vida y varios más resultaron heridos, evidenciando la peligrosidad y la urgencia del problema.

Más de diez empresas de transporte de la capital se han pronunciado públicamente para exigir la intervención del Gobierno ante la creciente ola de extorsiones y ataques violentos que sufren.

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