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El Ministerio del Ambiente anunció este martes la presentación de un nuevo proyecto de ley destinado a sancionar a los responsables de incendios forestales.
Según el titular Juan Carlos Castro, la propuesta legislativa busca establecer un marco legal claro para combatir estos siniestros y recuperar las áreas afectadas. Sin embargo, a pesar de las intenciones detrás de esta iniciativa, surgen serias dudas sobre su efectividad a largo plazo.
Carlos Cabrejos Bobadilla, abogado especializado en derecho ambiental y forestal, en entrevista con Infobae Perú, detalló varios puntos críticos del proyecto de ley, que será presentado hoy al Congreso de la República.
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¿Qué dice la propuesta del Minam?
El proyecto de ley tiene como objetivo tipificar como delito la generación de incendios forestales y establecer sanciones correspondientes. Además, se contempla un conjunto de acciones dirigidas a la rehabilitación de las áreas afectadas por los incendios.
Castro enfatiza que esta medida es necesaria debido a la falta de una tipificación específica para estos delitos, lo que ha llevado a una escasa responsabilidad legal hasta el momento.
No obstante, el abogado especialista recuerda que el tratamiento de los incendios forestales ya está abordado en el Código Penal. Según Cabrejos, la iniciativa legislativa solo amplía el concepto de protección sin necesariamente mejorar la implementación o eficacia de las sanciones existentes.
“Eso ya lo tenemos desarrollado en el Código Penal, con sus sucesivas modificaciones. En la primera modificación, se eliminó el concepto de bosques protegidos para establecer una protección más amplia del patrimonio forestal y se incrementaron las penas. La segunda modificación, en el período 2015, introdujo una nueva Ley Forestal que también aumentó las penas, tanto para los delitos básicos como para los agravantes. Por lo tanto, el delito ya está bien definido. Me ha sorprendido escucharlo al ministro del Ambiente señalar que no se encuentra tipificado”, dice el abogado.
Asimismo, Cabrejos critica la estrategia de elevar penas que buscan corregir conductas delictivas, ya que esto no ha demostrado ser efectivo en términos de control y prevención de incendios forestales. En ese sentido, según el experto, una política adecuada para atender este problema debería incluir una cultura especializada en la gestión de los siniestros.
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¿Quiénes son los verdaderos responsables?
En ese marco, el abogado compara la situación de Perú con la de Colombia, donde se implementó un endurecimiento penal frente a la deforestación masiva en 2017, una actividad que puede influir en los incendios forestales.
En dicho periodo, el país vecino enfrentó una gran tala de bosques, con más de 200 mil 000 hectáreas perdidas. Para combatir esto, Colombia endureció las penas de los delitos relacionados con la deforestación y creó leyes específicas con el objetivo de castigar esta actividad y así proteger su superficie forestal.
Esta estrategia, según Cabrejos, muestra que tener leyes detalladas podría ser muy útil, teniendo en cuenta que Perú también enfrenta graves problemas de deforestación, con 223 mil 000 hectáreas pérdidas solo el año pasado.
“La experiencia colombiana muestra que una descripción detallada y especializada de los delitos puede ayudar significativamente. Esa intensidad de acción es algo que Perú debería considerar. La deforestación está directamente vinculada a la agricultura, ganadería y minería, que representan casi el 99% de las causas directas. La estrategia debe centrarse en reducir estos factores, como lo hizo Colombia con éxito. Además, no podemos ignorar la realidad: sabemos que las mafias que invaden bosques eventualmente terminan formalizándose y trasladando estos predios a emprendimientos mayores a precios bajos sobre las que se erigen las grandes industrias que tienen una visión agrarizadora de la Amazonía, lo cual se vuelve un círculo vicioso en busca de invadir, tumbar y quemar nuevas tierras boscosas, es decir, mantienen las causas generadoras. A pesar de contar con indicadores y datos relevantes, no hemos avanzado en términos políticos o geopolíticos para enfrentar este gran problema”, resaltó.
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Impacto de la Ley Antiforestal del Congreso
En esa misma línea, Cabrejos también cuestionó la efectividad de la modificatoria de la ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, denominada por sus críticos como ‘Ley Antiforestal’, y la capacidad del Gobierno para sancionar a los responsables de los incendios.
Mientras las políticas actuales parecen centrarse en sancionar a los agricultores y sus ‘prácticas culturales’, sería más efectivo adoptar una postura coherente y menos influenciada por intereses externos, a fin de abordar adecuadamente la crisis de deforestación, que es el principal problema de los bosques en el Perú, indica el abogado.
“Hoy, el deforestador, el generador de incendios forestales y quien remueve y envenena la tierra y aguas, se les premia con la Ley N° 39173 o con el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), mientras que a los manejadores de bosques se los abandona, persigue, sobre regula y obstruye sus emprendimientos, es el mundo al revés. Antes de pensar en gestar nuevas leyes, se debería mirar las leyes vigentes que no se cumplen, caso de la actual Ley Forestal que exige que se elabore y apruebe el Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y su Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales (hubo un plan de prevención que no tenía contenido de control, que además ya perdió vigencia), los cuales hasta ahora (9 años después), no se elaboran ni aprueban”, señaló.
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Finalmente, Cabrejos recalca cómo la visión geopolítica y las normas internacionales influyen en la legislación y las decisiones ministeriales que, en lugar de prevenir la deforestación y los incendios forestales, a menudo las fomentan.
Bajo esa premisa, recuerda a la exembajadora de EE.UU., quien, afirma, promocionó una empresa en la Amazonía que, a pesar de recibir inversión estadounidense, aseguró no practicaba deforestación. Asimismo, mencionó la influencia de la embajada de la Unión Europea a fin de certificar a los productores de café y cacao en términos de no deforestación.
Sobre ello, Cabrejos señala que estas acciones no abordan eficazmente las causas de esta actividad y los incendios, y sugiere que se debe adoptar una perspectiva de desarrollo forestal, en lugar de agrícola o minera, para proteger la Amazonía.
“Creo que una de las soluciones sería cambiar de una visión agrarista y minera de la Amazonía a una visión puramente forestal. Deberíamos enfocar nuestros esfuerzos en conservar la Amazonía de manera efectiva, ya sea a través de conservación pura o conservación productiva, pero siempre priorizando la protección del ecosistema. Con un modelo, donde se brinde una certificación pública y gratuita o subvencionada en el caso de la privada, a quienes se esfuerzan por realizar el manejo forestal y de fauna silvestre evitando el avance de la deforestación y los incendios forestales, que su actividad no sea sobre regulada, que se les de seguridad jurídica, que no se les estigmatice, que se les permita obtener directamente los beneficios del pago de servicios ambientales, evitando así que se tenga que negociar y tener como socios que monopolizan la administración a determinadas empresas u ONGs”, concluyó.
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