Las fuerzas de seguridad del Perú han expulsado del país a trece ciudadanos extranjeros en situación irregular, en un operativo coordinado por la Policía Nacional del Perú (PNP). Este operativo sigue las resoluciones emitidas por la Superintendencia Nacional de Migraciones.
Carlos Daniel Hernández Solorzano (35), Yember Simón Medina Medina (30), Yondel Josué Chacón Cura (23), José Aníbal Reina Luna (38), Yennire del Carmen Espinosa Guerrero (32), Samuel Andrés Contreras Aranguren (27), y otros siete extranjeros de origen asiático, fueron trasladados desde Piura al Centro Poblado El Alamor, en el distrito de Lancones, provincia de Sullana.
El grupo estaba conformado por ciudadanos de diversas nacionalidades, quienes se encontraban en situación irregular en el país.
Una vez en El Alamor, las autoridades peruanas procedieron a entregar a estos individuos a las autoridades migratorias correspondientes para su deportación, en cumplimiento con las normativas vigentes. La acción fue parte de un operativo más amplio destinado a regular la presencia de extranjeros en la región y garantizar el acatamiento de las leyes peruanas.
La expulsión de estos trece extranjeros se ampara en el Decreto Legislativo n° 1350, normativa que regula la permanencia y expulsión de ciudadanos migrantes en Perú.
Esta legislación establece claramente los procedimientos a seguir en casos de migrantes que no cuentan con los permisos adecuados o que han excedido el tiempo permitido para su estancia en el país.
El proceso se llevó a cabo conforme a las disposiciones legales al asegurar que los derechos de las personas involucradas fueran respetados.
El operativo fue supervisado de cerca por el general PNP Manuel Wuilmer Farías Zapata, jefe de la Región Policial Piura, y el coronel PNP Sergio Martín Monroy Díaz, el líder de la División de Operaciones de la citada región.
Las autoridades enfatizaron la importancia de estas medidas para fortalecer la seguridad en la región y asegurar que se están siguiendo los procedimientos estipulados para el manejo de ciudadanos extranjeros en situación irregular.
Extranjeros expulsados
Es importante mencionar que, en octubre pasado, durante una conferencia de prensa, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, advirtió que quienes intenten regresar al país tras haber sido expulsados por delitos o infracciones administrativas vinculadas a Migraciones podrían enfrentar penas severas, incluyendo la cárcel. Esta medida busca reforzar el control sobre aquellos que, tras ser deportados, intenten reingresar con fines ilícitos.
“Quiero poner énfasis en que uno de estos decretos tiene como propósito escuchar el clamor popular, pero particularmente incide en un aspecto en que la ciudadanía y el gobierno ha tomado nota: la situación de aquellos extranjeros que delinquen, que son detenidos de manera regular, que son expulsados en la frontera y luego regresan a cometer nuevamente delitos”, señaló.
Arana subrayó que el problema ha sido identificado y que se ha elaborado una respuesta legal precisa: cualquier persona que intente regresar al Perú con intenciones criminales será castigada con penas de prisión.
“Se va a coordinar, incluso, el proceso de flagrancia porque esto es un delito que automáticamente se va a identificar y se va a tener la información a la mano con Migraciones, la Policía Nacional y el Poder Judicial. Vamos a acabar inmediatamente con este aparente espacio que tenían los extranjeros de poder reingresar al país”, mencionó.
En 2023, la Superintendencia Nacional de Migraciones informó que se impidió la entrada a 2.170 extranjeros en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, principal punto de control migratorio del país.
De estos, 455 fueron sometidos a exámenes adicionales al ser considerados posibles amenazas, como parte de las medidas de seguridad implementadas por el Sistema de Información Avanzada de Pasajeros (APIS), cuyo objetivo es proteger la seguridad nacional y asegurar el cumplimiento de las normativas migratorias. Las razones más comunes para denegar el ingreso incluyen falta de visado, documentos de viaje con validez insuficiente y el incumplimiento del perfil de turista.