El legado de Alberto Fujimori

En las elecciones presidenciales de 1990, en Perú, se produjo un resultado improbable: ganó un desconocido ingeniero agrónomo de origen nipón por sobre los candidatos de los partidos políticos tradicionales y también sobre el reconocido escritor Mario Vargas Llosa. En suma, se trataba del triunfo de un outsider del sistema político en un contexto nacional ruinoso: una hiperinflación superior al 12.000% anual, el auge de grupos terroristas de ideología maoísta que había paralizado a la producción económica, y una clase política fuertemente desacreditada. En este escenario oscuro, Fujimori hizo una campaña de corte populista en los barrios marginales de Lima subido en un tractor amarillo, vestido con poncho y un chullo indígena, sin tener un programa de gobierno, pero con una consigna simple: “Honradez, tecnología y trabajo”.

Una vez en el poder, Fujimori pretendió reciclar las principales líneas del programa de gobierno de Vargas Llosa: establecer el libre mercado, reducción del déficit fiscal, el fin de subsidios y de control de precios, privatización de empresas públicas deficitarias, un marco jurídico atractivo para las inversiones privadas, y la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, el Congreso no viabilizaba varias de estas iniciativas. En abril de 1992, Fujimori cerró el Congreso, y copó el Poder Judicial y el Ministerio Público bajo la excusa de realizar una “reorganización”. A este hecho se le denominó “autogolpe” o “fujimorazo” y, más allá de las críticas de la comunidad internacional, lo cierto es que este hecho antidemocrático tuvo un amplío apoyo popular porque los actores políticos y el sistema judicial tenían un desprestigio acumulado. Por aquella época, la Organización de Estados Americanos intentó aplicarle la cláusula democrática, pero esto fue frustrado porque se trataba de un gobierno “electo democráticamente”.

Posteriormente, en septiembre de 1992, mediante una operación de los sistemas de inteligencia del Estado, se logró la captura del temible líder terrorista Abimael Guzmán y de otros integrantes de la cúpula del grupo maoísta Sendero Luminoso. Cabe recordar que, en Perú, se produjeron más de veinte mil muertes a causa del conflicto interno armado y alrededor de medio millón de desplazados como producto de la toma de tierras por parte de grupos terroristas. Esto generó un gran impulso a la economía: antes el sector privado no quería invertir en un país que padecía una sangrante guerra interna, ahora eso cambiaba. Luego, en abril de 1997, Fujimori ordenó -con éxito- un operativo militar a la residencia del embajador del Japón, la cual había sido tomada con rehenes por parte del grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, y se logró liberar a los rehenes y neutralizar a los terroristas. Ambos operativos fueron presentados de forma rutilante por los medios de comunicación y, en general, tuvieron un impacto positivo en la sociedad peruana al punto que le sirvió a Fujimori para justificar las acciones autoritarias de su gobierno. Cabe señalar que, para aquel entonces, el Gobierno ya había cooptados a gran parte de los medios de comunicación.

A pesar de la eficiente maquinaria propagandística del «fujimorismo», se hicieron visibles graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos a cargo del Grupo Colina, un comando organizado por el siniestro asesor Vladimiro Montesinos. En noviembre de 1991, este grupo mató a quince personas en la denominada Masacre de Barrios Altos, y en julio de 1992, se produjo la desaparición forzada y posterior asesinato en un hecho conocido como Masacre de La Cantuta. Estas y otras vulneraciones a los derechos humanos derivaron en un proceso judicial que determinó, en 2005, cárcel para Fujimori con una sentencia de 25 años de cárcel, aunque fue liberado en diciembre de 2023. Más allá del fallecimiento del expresidente, el «fujimorismo» es una corriente política que sigue generando una fuerte polarización en la sociedad peruana: por un lado, están quienes admiran el orden que puso en la economía y en la seguridad nacional y, por otro lado, están quienes repudian las graves vulneraciones a los derechos humanos, la corrupción y el clientelismo político durante la década que estuvo en el poder. La sociedad peruana seguirá fragmentada por muchos años más.

(*) Luis Yáñez, el autor de esta nota, es alumno antiguo de la Academia de Derecho Internacional de La Haya.