El congresista y vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, presentó un proyecto de ley que propone la creación de un comité para revisar las denuncias hechas por la Contraloría General de la República (CGR) contra funcionarios públicos antes de que sean formalizadas, lo que dificulta y demora el trabajo de la entidad.
La iniciativa legislativa señala que existe una sobrecarga en el sistema de fiscalización debido a la gran cantidad de denuncias presentadas por la CGR, y que en varios casos solo se trata de errores administrativos que pueden corregirse con un llamado de atención.
Por ello, se propone la creación del Comité de Revisión de Denuncias, que evaluará la gravedad de las mismas antes de su formalización. Este comité estará integrado por profesionales multidisciplinarios de diferentes áreas, según la situación que se revise. Estos especialistas ya forman parte de la Contraloría, por lo que tienen experiencia en tareas de control y supervisión.
Con esta propuesta, será el Comité de Revisión de Denuncias quien, en un plazo de 15 días, revisará el caso y recomendará la sanción que considere pertinente.
Argumentos cuestionables
Uno de los argumentos del congresista Cruz para presentar esta iniciativa es que el incremento de funcionarios sancionados por irregularidades y faltas administrativas respondería a una presunta persecución hacia los trabajadores por parte de los evaluadores, motivada únicamente por el cumplimiento del bono de productividad.
Es decir, el fundamento para la creación del Comité de Revisión de Denuncias, que solo retrasaría el trabajo de la Contraloría, está basado en una suposición, sin presentar ningún caso específico que lo respalde.
La afirmación del congresista se apoya en un cuadro que muestra cómo se incrementaron las sanciones entre 2018 y 2022. Según la imagen, en 2018 se sancionó a 1,851 funcionarios, mientras que en 2022 la cifra aumentó a 3,040.
“(...) el incremento de la cantidad de funcionarios sancionados por año siendo alarmante que a pesar de los dispositivos de control implementados aun persiste las sanciones o en su defecto se presume la persecución al funcionario publico solo por el cumplimiento del bono de productividad, entonces se comprueba con esto el temor de muchos profesionales asumir cargos públicos en las entidades del Estado”, señala el texto.
La propuesta también cuestiona las sanciones impuestas por la Contraloría en casos que, tras ser investigados, resultaron ser errores menores que no ameritaban la inhabilitación o denuncia del funcionario. Sin embargo, nuevamente, no se menciona ningún caso específico que respalde esta afirmación.
Además, se hace hincapié en que los recursos destinados a casos menores podrían aprovecharse en otros de mayor importancia, y que la presión sobre los funcionarios, por posibles sanciones debido a errores menores, reduce la eficiencia en su trabajo.
Presentan proyecto para restablecer inmunidad parlamentaria
Este no es el único proyecto cuestionable de la bancada. El último viernes 13 de setiembre, José María Balcázar presentó una iniciativa legislativa que busca restablecer la inmunidad parlamentaria en Perú. Dicho proyecto establece que los senadores y diputados no podrán ser procesados, investigados ni detenidos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente hasta un año después de haber dejado el cargo. La propuesta incluye una excepción que permite la detención en caso de flagrancia de delito, pero solo con la autorización del Congreso dentro de las 24 horas de haberse cometido.
El proyecto de ley de Perú Libre tiene como objetivo proteger la función legislativa de cualquier tipo de “amenaza” del Poder Judicial, el Ministerio Público o la Policía Nacional. La propuesta detalla que a diferencia de jueces, fiscales y policías, los legisladores son elegidos por la voluntad popular y, por ende, tienen la legitimidad otorgada por los ciudadanos.
Los coautores de esta iniciativa son Segundo Montalvo, Flavio Cruz, Isaac Mita, Elizabeth Taipe y Kelly Portlatino.
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