El progreso de un país no solo se mide en términos de crecimiento económico, sino también en su capacidad para generar conocimiento, fomentar la innovación y ofrecer soluciones a los desafíos sociales. Países con economías prominentes, como China y Corea del Sur, han demostrado que el éxito no surge de esperar a ser grandes, sino de invertir estratégicamente en investigación y desarrollo desde etapas tempranas. En 2021, China invirtió el 2.44% de su PBI en I+D, mientras que Corea del Sur destinó un 4.81%, siendo uno de los países con mayor inversión relativa a nivel global.
Para un país como el nuestro, con una rica diversidad cultural y natural, pero con marcadas desigualdades sociales y económicas, la inversión en investigación, innovación y creación no es solo una opción, sino una necesidad urgente para alcanzar un desarrollo sostenible y equitativo. Sin embargo, Perú invierte apenas el 0.17% del PBI en I+D, uno de los porcentajes más bajos de la región, muy por debajo del promedio latinoamericano de 0.66%. Además, contamos con un escaso número de investigadores a nivel nacional: menos del 1% de la población activa, de acuerdo con RENACYT, lo que limita nuestra capacidad de innovación y desarrollo tecnológico.
Participación privada en la investigación
Si bien se han incrementado los fondos destinados a proyectos en este campo en los últimos años, estos recursos aún son insuficientes. Esta situación se ve agravada por la baja participación del sector privado en el financiamiento de la investigación, con apenas un 20% del total invertido, en contraste con países como Alemania o Japón, donde la inversión privada supera el 60%. Esto refleja una cultura empresarial que todavía no valora plenamente el potencial de la innovación para impulsar el crecimiento económico y mejorar la competitividad global del país.
A esto se le suma que, aunque la Ley 31250 representó un avance significativo al establecer un marco normativo que promueve la ciencia, tecnología e innovación en el país, su implementación no ha sido efectiva. Las acciones desde el sector público, que a menudo obstaculizan el impulso de la investigación, junto con la falta de articulación entre las distintas regiones, limitan el verdadero impacto de esta ley e impiden que sus beneficios se materialicen plenamente.
La clave para el cambio: formación y colaboración
¿Qué necesitamos entonces para cambiar este panorama? Es esencial una formación de capital humano especializado. Requerimos mejorar la calidad en la educación superior que forme a estos profesionales. Las universidades deben jugar un papel central en este proceso, siendo motores de investigación aplicada que respondan a las necesidades del país. Esto requiere una visión más ambiciosa de las instituciones, donde se priorice la investigación y se fomente una cultura de la innovación desde las primeras etapas de la educación.
Existen ejemplos claros que han beneficiado al país; las plantas de oxígeno y el ventilador mecánico MASI, desarrollados por ingenieros de la PUCP, que fueron distribuidos durante la pandemia con el apoyo de diversas empresas privadas. La emergencia sanitaria demostró que, cuando se alinean actores clave, se pueden salvar vidas. Ministerios, empresas, gobiernos regionales, hospitales locales e incluso la iglesia colaboraron para atender la crisis. Así como este desarrollo, existen diversos proyectos que pueden trabajarse de manera articulada sin tener que esperar a enfrentar la muerte para reconocer que contamos con las capacidades necesarias para salir adelante.
Al igual que otros países, la investigación es la llave para que Perú se convierta en un país desarrollado. Invertir en ciencia y tecnología abrirá nuevas oportunidades para el crecimiento y la prosperidad. Es necesario que tanto el gobierno como el sector privado y las instituciones educativas se comprometan a fortalecer el sistema de innovación, reconociendo que solo a través de la investigación se pueden construir las bases de un futuro sostenible y equitativo para todos los peruanos.