La Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitió un comunicado para advertir sobre la reciente autógrafa de ley planteada por el Congreso de la República del Perú, que otorga mayores facultades de investigación de delitos a la Policía Nacional del Perú (PNP).
La entidad pide al gobierno de Dina Boluarte que analice la normativa, a través del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH)
El pleno de la JNJ destaca que la autógrafa se contrapone al inciso 4 del artículo 159 de la Constitución Política del Perú, el cual establece claramente que corresponde al Ministerio Público dirigir desde su inicio la investigación de delitos y que, con tal propósito, la Policía Nacional debe cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.
La JNJ subraya que este cambio legislativo podría afectar de manera directa la autonomía del Ministerio Público y no contribuir al fortalecimiento de la administración de justicia en el país.
La autógrafa promueve una modificación en el Código Procesal Penal que otorga a la Policía Nacional poderes adicionales para llevar a cabo investigaciones preliminares de delitos, competencia que hasta el momento ha sido reservada para el Ministerio Público. Esto, según la JNJ plantea un riesgo significativo al equilibrio de poderes y puede entorpecer la efectividad en la lucha contra el crimen.
Para abordar estos cambios, la JNJ insta a la presidenta de la República a convocar al Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, un organismo cuya creación tuvo como fin impulsar reformas en el sistema de justicia, coordinar la ejecución de políticas y asegurar el seguimiento e implementación de estas reformas.
El Consejo lo integran la jefa de Estado, el presidente del Congreso, el presidente del Poder Judicial, el presidente de la Junta Nacional de Justicia, la presidenta del Tribunal Constitucional, el fiscal de la Nación, el defensor del Pueblo y el contralor general de la República.
La JNJ insiste en que la modificación legal debe ser debatida y analizada con detenimiento por todas las instancias competentes para evitar la afectación de principios constitucionales y asegurar que cualquier reforma redunde verdaderamente en la mejora del sistema judicial.
La advertencia de la JNJ apunta, además, a la necesidad de fortalecer, no debilitar, la independencia y capacidad institucional de los órganos del sistema de justicia. En su comunicado, defiende que la atribución de investigaciones preliminares debe permanecer bajo la dirección de l Fiscalía para asegurar imparcialidad y evitar conflictos de intereses que podrían surgir con una mayor intervención de la Policía Nacional en este ámbito.
¿Ley es inconstitucional?
El exministro del Interior, Gino Costa, en diálogo con La República, afirmó que la redacción actual del artículo constitucional no excluye a la Policía de las investigaciones preliminares, como han argumentado los promotores de la ley. En cambio, establece que la PNP debe realizar investigaciones preliminares bajo la supervisión del Ministerio Público, para garantizar que el fiscal pueda presentar un caso sólido ante el juez y evitar excesos policiales.
Además de los problemas constitucionales, la legislación genera varios riesgos operativos y de discrecionalidad. Si la ley se promulga tal como está, la PNP podría llevar a cabo investigaciones sin supervisión del Ministerio Público, lo que podría llevar a decisiones arbitrarias sobre a quién investigar y a quién no. Costa expresó la preocupación de que esta falta de supervisión podría permitir a la Policía perseguir a aquellos considerados opositores del Gobierno y proteger a sus aliados.
En términos operativos, las detenciones preliminares requerirán la solicitud de un juez por parte del fiscal. Sin embargo, Campos advirtió que es poco probable que los fiscales soliciten tales medidas basadas en investigaciones no supervisadas ni validadas por ellos.
Además, el Colegio de Abogados de Ayacucho señaló que la ley no solo viola la Constitución, sino que representa una contrarreforma, regresando a una cultura “anti-derechos y ausente de garantías” reflejada en antiguos atestados policiales. Informaron que, de ser promulgada, iniciarían un proceso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
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