La capital del Perú en caos: La promesa de “Lima, potencia mundial” que Rafael López Aliaga ha dejado en el olvido

En la campaña municipal del 2022, Rafael López Aliaga prometió que de ser elegido como alcalde de Lima, la capital peruana se iba a convertir en una “potencia mundial”. Esa frase que marcó su camino hacia el sillón municipal, ahora parece cobrar factura.

Casi dos años después de haber asumido el puesto, se han inaugurado obras duramente criticadas y el crimen organizado y los problemas en la alimentación siguen afectando la vida de las personas que viven en la ciudad más poblada del país.

Infobae Perú conversó con el exregidor de Lima, Carlo Ángeles y con Enrique Castro Vargas, especialista en seguridad ciudadana y coordinador de proyecto del Taller de Asuntos Público, sobre las problemáticas que todavía tiene la urbe.

Recientemente, bandas criminales han comenzado a extorsionar a empresas de transporte público, a dueños de departamentos y bodegueros. Además, los robos en las calles y en los propios hogares siguen incrementando la percepción de inseguridad en toda la ciudad.

Esto también se ve reflejado en las encuestas. De acuerdo con un reciente estudio de Ipsos, el 81% de los limeños se siente desprotegido en afuera de sus casas.

En entrevista con Infobae Perú, Enrique Castro Vargas precisa que si bien la extorsión tiene rasgos “generalmente distintos”, se puede dar en diferentes contextos, por lo que las municipalidades deben trabajar de manera distinta.

Por ello, ve necesario la participación activa instituciones como el Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú. “El escenario actual está favoreciendo a las organizaciones y bandas criminales. Está limitando cada vez más el actuar no solo del Estado, sino de la ciudadanía”, sostiene.

Dentro del plan de Gobierno del alcalde Rafael López Aliaga, con el que llegó al sillón municipal, se mencionaba propuestas como la creación del Sistema de Reservistas de las Fuerzas Armadas y la exigencia de que los conductores de motos usen chalecos con el número de placa de su vehículo.

La primera medida nunca llegó a concretarse, mientras que la segunda se convirtió en una norma obligatoria que dictaminó el Gobierno de Dina Boluarte, aunque en las calles no se refleja el cumplimiento.

“Se plantean este tipo de medidas, pero no hay musculatura estatal, menos aún sub nacional, que pueda hacerla cumplir, porque es mucho gasto. Entonces, estrategias de ese tipo son solo estacionales para la fotografía comunicacional o más de campaña”, subrayó.

El especialista en seguridad ciudadana subrayó que existen varias formas en las que los gobiernos locales pueden combatir la delincuencia.

Detalla, por ejemplo, que las comunas podrían gestionar intervenciones preventivas sobre poblaciones en riesgo o trabajar con reos, quienes son susceptibles a cometer nuevamente delitos una vez en libertad, debido a las conexiones que hacen prisión. “Cuando esta persona no encuentra un respaldo o una presencia estatal, mantiene este nexo con la delincuencia”, recuerda.

Otro aspecto en el que pueden intervenir, dice, es en la regulación de los mercados que son garantizados por las organizaciones criminales y no por las comunes. Enrique Castro Vargas explica que en la práctica son las bandas criminales las que permiten el ejercicio del trabajo en sectores como el uso de marihuana medicinal y el trabajo sexual.

“Si un municipio utiliza las dos leyes ya existentes y los más de 20 cultivadores artesanales existentes y los inscriben en alguna Municipalidad, si les dan licencia, con eso reducirías la presencia del narcotráfico en determinados sectores porque son mercados que están criminalizados y, por lo tanto, tienen otro precio y otro circuito. Lo mismo pasa con las trabajadoras sexuales”, asevera. Así, los alcaldes podrían tener un impacto inmediato sin necesidad de darle el 100% de la labor a la Policía, puntualiza.

Dijo, además, que si bien no se debe cambiar absolutamente a todos los gestores de seguridad ciudadana de los municipios, es necesario cuestionarse por qué todos son policías o militares.

“El secretario técnico de seguridad ciudadana de los gobiernos locales no está viendo cambio de políticas. Suele ser un policía, una persona que dentro de esta industria de securitización que se viene alimentando a sí misma. No están cuestionando, están haciendo una continuidad de lo mismo”, opina.

Teniendo en cuenta todo este contexto, opina que Lima se encuentra en un momento crítico, ya que si se llega a “pisar el acelerador de la persecución, de la confrontación”, sobre población vulnerable o en zonas de riesgo, esto va a “fisurar más la sociedad y marginalizar más esos grupos que ya están marginalizados, y que no encuentran en el Estado garantía de sus derechos”.

En lo que respecta a la lucha contra la anemia, la desnutrición y la inseguridad alimentaria en general, para el exregidor Carlo Ángeles lo que más ha resaltado en la Lima de Rafael López Aliaga son los constantes enfrentamientos que él ha tenido con las lideresas de las ollas comunes.

“Lejos de apoyarlo, finalmente lo que han hecho es resaltar una serie de irregularidades, no solamente en la gestión de los recursos, sino, más preocupante aún, en la elección de las nuevas rutas directivas. Tenemos casos de redes muy establecidas que han salido públicamente a señalar que la selección donde se han establecido los representantes ante la Municipalidad de Lima, claramente, no se han tendido sobre la base de una transparencia que permita validar ese proceso”, sostiene.

El exmiembro del Concejo Municipal aclaró que el programa para plantar un millón de árboles en Lima no se inició con López Aliaga, sino que se desarrolló al final de la gestión municipal, de la cual él fue parte.

“Este programa si bien es cierto hubo un impulso inicial significativo durante su gestión, lamentablemente, se ha desacelerado bastante, a este ritmo estamos muy lejos de cumplir esa meta, teniendo en cuenta la enorme brecha que existe entre área verde, entre el mínimo de metro cuadrado de área verde, recomendado por organismos internacionales”, explica.

Sobre la recuperación ecológica de las riberas del río Rímac, otra de las propuestas de campaña del líder de Renovación Popular, Ángeles recuerda que esta es una idea “que tiene muchísimos años” y cuyo principal reto siempre ha sido el financiamiento.

“Se viene discutiendo desde la gestión de la alcaldesa Villarán, pasó por la gestión del alcalde Castañeda pasó nuevamente por la gestión del alcalde Muñoz quien logró hacer conversaciones iniciales con algunos bancos de desarrollo multilateral para poder financiar algunos proyectos”, recalca.

En cuanto al financiamiento, recalca que el burgomaestre tiene una gran ventaja que es tener una bancada sólida en el congreso de la República.

“Realmente el hecho de que no pueda ejecutar esto (...), lo que demuestra es una falta de gestión y coordinación con su bancada en el Congreso, que es incapaz de poder gestionar estos recursos que requiere la ciudad y que podría hacerlo”, dice Carlo, quien también hace referencia a que él no es solo un militante, sino que es el presidente de la organización.

“Debería tener el liderazgo necesario para poder gestionar las obras y recursos que requieren la ciudad. No vía préstamo. Vía préstamo no solo es una forma irresponsable, sino que además es algo que él no debiera necesitar”, agrega.

En su plan de Gobierno, López Aliaga incluyó en el eje de ‘lucha contra la pobreza’, la construcción de playas artificiales “para beneficio y esparcimiento de la población”. No obstante, esta obra ha sido criticada por solo transformar una piscina que ya existía y por los altos costos de la edificación y del mantenimiento.

“Entiendo el concepto detrás de querer promover mayor desarrollo económico generando un atractivo turístico, pero qué clase de atractivo turístico pretende generar el alcalde si inaugura piscinas que están totalmente insalubres a los pocos días y esto es algo que no lo digo yo no pasó a la semana o dos semanas que se inauguraron. Lejos de ser un atractivo turístico, lo que genera es un gasto más a los problemas que ya viene cargándose Serpar desde hace años”, indicó Carlo Ángeles.

Esto, de acuerdo con el exregidor, demuestra “un interés por entregar obras sin que sean realmente planificados y que sean sostenible a lo largo del tiempo”.

Para los Juegos Panamericanos 2027, el burgomaestre de la capital volvió a prometer más obras, como los 10 mil motos para la Policía que hasta el momento no llegan.