Incendios forestales amenazan territorios indígenas, abren paso a economías ilegales y comprometen seguridad alimentaria

El último sábado, mientras se llevaba a cabo el funeral del exdictador Alberto Fujimori, condenado por corrupción y violación de derechos humanos, cientos de jóvenes se autoconvocaron en las principales calles del centro histórico de Lima. Exigieron a la presidenta Dina Boluarte que declare en emergencia la Amazonía y la sierra peruana, tras el devastador impacto de los incendios forestales.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), los siniestros han dejado 16 personas fallecidas en siete departamentos del país, 140 heridos, 1.495 hectáreas de cultivo destruidas y otras 1.264 hectáreas afectadas.

Las regiones más impactadas incluyen Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Madre de Dios, Pasco, Piura, Tumbes y Ucayali.

En ese contexto, los territorios de los pueblos indígenas también son azotados. En las últimas horas, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a 2.439 comunidades amazónicas, ha hecho un llamado de urgencia para que se tomen acciones efectivas a fin de controlar la emergencia.

Pues el fuego ya genera daños irreparables en sus tierras ancestrales y la posible expansión de economías ilegales, tales como la minería ilegal y el narcotráfico.

Según la Organización Regional de Aidesep-Ucayali (ORAU), que representa a 15 pueblos indígenas en las regiones de Ucayali, Loreto y Huánuco, un incendio forestal en el distrito de Contamana, provincia de Ucayali, Loreto, destruyó más de 100 hectáreas de bosque en la comunidad nativa Shipibo-Konibo de Santa Rosa. Además, el fuego amenaza con extenderse a comunidades vecinas, como Tres Unidos, Nuevo Galilea y Nueve de Octubre, detallaron a Infobae Perú.

Ante ello, el equipo técnico de ORAU, dirigido por el ingeniero Jorge Guevara, está evaluando la vulnerabilidad de los territorios afectados para controlar la emergencia.

Asimismo, la alerta indígena se extiende a otras áreas afectadas, incluyendo la comunidad nativa de Canchahuaya, en la carretera de Contamana a Aguas Calientes. Y se ha sumado al llamado urgente la Coordinadora Regional de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (Codepisam), que reportó incendios en la comunidad nativa de Alto Mayo, sector Huasta, San Martín.

En ese marco, en entrevista con Infobae Perú, Mariano Castro, exviceministro del Ambiente y coordinador de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible del Perú (FCDS), analizó diversos impactos de los siniestros, los cuales pueden servir como un catalizador en regiones vulnerables para la expansión de economías ilegales, por ejemplo.

Según el especialista, las áreas devastadas por el fuego a menudo pueden convertirse en espacios propicios para la minería ilegal y el cultivo de coca.

Esto ocurre porque los terrenos quemados ofrecen una oportunidad para expandir estas operaciones en grandes extensiones de tierra, que se vuelven más accesibles tanto para excavar, en el caso de la minería, como para cultivar, en el caso de la coca. Ambas actividades contribuyen a la deforestación acelerada y contaminan el suelo y el agua, afectando negativamente la biodiversidad y las comunidades.

“Las áreas devastadas por el fuego a menudo se convierten en espacios propicios para la minería ilegal y el cultivo de coca. Hay intervención de minería ilegal, cultivos ilícitos, así como también prácticas agrícolas que ocasionan deforestación. Esta confluencia de actividades ilícitas está dañando y agravando las condiciones”, resalta Castro.

Por otro lado, Castro no escatima críticas hacia el actual ministro de Agricultura, Ángel Manero, abordando varios temas cruciales sobre la gestión ambiental y la política agrícola en el contexto del cambio climático y los incendios forestales. “La política agrícola actual no está considerando los impactos ambientales de la deforestación”.

Sumado a eso, agrega que esta deforestación no solo es consecuencia de los incendios, sino de prácticas agrícolas insostenibles y el uso excesivo de pesticidas y agroquímicos. Ante ello, Castro insiste en que “la política alimentaria debe adaptarse a estas condiciones para no causar más daño”.

En ese sentido, considera que Manero está fallando en su responsabilidad de liderar y gestionar adecuadamente el sector forestal, puesto que demuestra una falta de compromiso y acción frente a una crisis que está directamente bajo su sector. “No se trata solo de responsabilidad de los campesinos, sino del sector en general. El sector tiene que realizar acciones para corregir las prácticas agrícolas que causan daños, pero no prioriza los bosques, no les da interés. Eso hay que cambiarlo”, enfatizó.

En la misma línea, el experto señala que la adaptación a la crisis climática es urgente debido a las condiciones de sequía, incremento de temperaturas y contaminación severa. Por tanto, se requiere una inversión prioritaria en prevención y respuesta por parte del Gobierno, que, resalta Castro, no garantiza la activación de mecanismos internacionales y regionales para reducir riesgos en cuanto a los siniestros.

Entre ellos está el Pacto de Leticia, un acuerdo establecido en 2019 entre Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Surinam y Guyana que busca desarrollar políticas basadas en la prevención de incendios forestales como parte de su enfoque integral para la protección del Amazonas, entre otros compromisos, así como la Declaración de Belén, firmada bajo la presidencia de Boluarte, quien participó en la Cumbre de Presidentes de los Países Amazónicos en Belén, Brasil, en septiembre de 2023.

“Lo más impostergable es la priorización efectiva de las medidas de adaptación frente al cambio climático. Las condiciones actuales—sequías, aumento de temperaturas, incendios y contaminación del aire severa—revelan la urgencia de aplicar medidas de adaptación desde un punto de vista económico, social, ambiental y de salud. Las políticas públicas y las actividades humanas están siendo severamente afectadas. Las medidas de adaptación, actualizadas hace unos meses, no solo deberían reforzarse, sino también integrarse en políticas amplias, considerando acciones urgentes frente al cambio climático”, explica.

Igualmente, Castro subraya que la capacidad de respuesta a los incendios no ha crecido en proporción al aumento de riesgos, una situación que se complica con la falta de consenso entre diferentes entidades, como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) o el Ministerio del Ambiente (Minam), dificultando una mejor respuesta.

“La capacidad de respuesta no ha aumentado en proporción al incremento de riesgos y daños. No hay suficiente capacitación ni recursos para los bomberos, y el Ministerio de Economía y Finanzas debe priorizar la prevención. La información sobre incendios, aunque relevante, no se está integrando adecuadamente en el sistema de defensa civil. Necesitamos fortalecer este sistema y asignar recursos efectivos para prevención y adaptación”, detalla.

Por último, el especialista destaca la necesidad de mejorar los sistemas de información sobre incendios forestales, que, explica, pueden variar debido a criterios diferentes, como la inclusión de focos de calor frente a incendios forestales. Sin embargo, estos datos no solo deben fortalecer la política de prevención, sino que también deben ser accesibles para las comunidades y territorios vulnerables, permitiéndoles así tomar medidas de defensa autónomas y efectivas.

“Hay criterios que a veces hacen variar los resultados. Algunos incluyen focos de calor; otros, incendios forestales. Se requiere fortalecer y mejorar los sistemas de información, y que la información esté en manos de las comunidades y territorios directamente afectados”, finalizó.