El Plan Verde, una operación militar secreta en Perú durante los años finales del siglo XX, tiene un peso histórico crucial. Este plan representa una fase oscura en la política y economía del país, donde los militares buscaron intervenir directamente en la gobernanza para instaurar un modelo económico neoliberal.
Y al no dar un el golpe de Estado que ellos deseaban, se valieron del gobierno de Alberto Fujimori para hacer cumplir sus planes.
La relevancia del Plan Verde no solo radica en su implementación, sino en las profundas consecuencias que dejó en la sociedad, la política y los derechos humanos en Perú.
Crisis y desesperación
El contexto en el que se gestó el Plan Verde era de crisis múltiple. La administración del presidente Alan García (1985-1990) sumió al país en una espiral económica de hiperinflación, deuda externa desbordante y una crisis energética que colapsaba los servicios básicos.
Además, el conflicto armado con el grupo maoísta Sendero Luminoso elevó los niveles de violencia e inestabilidad social. Ante la incapacidad del gobierno de controlar la situación, las Fuerzas Armadas del Perú comenzaron a trazar un plan para derrocar al presidente García. Lo que diferenciaba a este complot militar de otros golpes de Estado fue su complejidad y su proyección más allá de un simple cambio de poder.
La intención era rediseñar completamente la estructura económica y política de Perú. Las élites empresariales, que mantenían contacto con los planificadores militares, proporcionaron las bases para instaurar una economía neoliberal al estilo de Chile, donde un régimen autoritario aseguraría el control del país.
Control de medios y censura
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Uno de los pilares fundamentales del Plan Verde era el control total de los medios de comunicación. Los militares proyectaron crear un sistema de control y censura que se asemejaba a la “Gestapo” (la policía política de la Alemania nazi), según los mismos documentos filtrados.
Este control mediático no solo buscaba silenciar a la oposición, sino también implantar un ambiente de autocensura generalizada en toda la sociedad peruana. El objetivo era asegurarse de que la narrativa oficial se mantuviera intacta, a fin de consolidar el modelo político-económico propuesto.
El impacto sobre los medios fue devastador. Periódicos, emisoras de radio y canales de televisión fueron tomados por las fuerzas armadas, limitando la libertad de expresión de manera drástica. Con esta estrategia, el gobierno podría proyectar una imagen de estabilidad y progreso, cuando en realidad se estaban vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Esterilización forzada: el rostro más inhumano del Plan
El Plan Verde también tuvo implicaciones aterradoras para las poblaciones más vulnerables del país. Los documentos revelan una agenda eugenésica en la que los planificadores militares proponían la esterilización masiva de las personas empobrecidas, consideradas “cargas innecesarias” para el desarrollo económico.
Este tipo de prácticas, que recuerdan a regímenes autoritarios y genocidas del pasado, se llevaron a cabo a gran escala bajo el gobierno de Alberto Fujimori, quien asumió la presidencia en 1990 tras vencer en la segunda vuelta de las elecciones generales a Mario Vargas Llosa. La esterilización forzada afectó principalmente a mujeres indígenas y rurales, quienes fueron sometidas a estas intervenciones sin su consentimiento.
Aunque estas violaciones a los derechos humanos son ampliamente condenadas hoy en día, en su momento se realizaron con el aval de políticas estatales y la colaboración internacional. Las secuelas de estas acciones son visibles hasta el día de hoy, con generaciones que sufrieron la pérdida de sus derechos reproductivos.
Una trama de poder e influencia externa
El papel de los Estados Unidos en la implementación del Plan Verde fue determinante. A través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), se financiaron proyectos económicos que complementaban las reformas neoliberales que el gobierno de Fujimori impulsaba.
Si bien en su campaña, Fujimori se mostró crítico de las políticas neoliberales, una vez en el poder, adoptó las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, instituciones que promovían la desregulación económica y la privatización de empresas estatales.
Además, la figura de Vladimiro Montesinos, un exagente de inteligencia y asesor cercano de Fujimori, jugó un rol decisivo en la articulación de este plan. Montesinos, que previamente había sido acusado de espiar para la CIA, se convirtió en el enlace entre los intereses militares y los del gobierno de Fujimori.
Junto al general Nicolás de Bari Hermoza, articularon un golpe en la sombra que culminaría en el autogolpe de 1992, con el que Fujimori disolvió el Congreso y consolidó su poder autoritario.
Implicaciones y lecciones
El Plan Verde marcó un antes y un después en la historia de Perú. Las políticas económicas neoliberales aplicadas durante la década de los noventa, y que formaban parte de la estrategia delineada en el plan, fueron integradas en la Constitución de 1993.
Aunque estas medidas trajeron cierta estabilidad macroeconómica, la desigualdad y la pobreza estructural en el país no se resolvieron. Perú, en ese sentido, se transformó, pero a un costo muy alto en términos de derechos humanos y justicia social.
Aún hoy, el Plan Verde sigue siendo un tema de controversia y debate en el Perú. Las cicatrices que dejó su implementación, particularmente en las comunidades rurales e indígenas, todavía están abiertas.
Las investigaciones continúan arrojando luz sobre las implicaciones más profundas de este plan, que no solo involucró a los actores locales, sino también a poderes internacionales con intereses en el control político y económico del Perú y de toda la región.
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