Betssy Chávez seguirá en prisión preventiva tras decisión del Poder Judicial

Betssy Chávez, exjefa del Consejo de Ministros, permanecerá en prisión tras la reciente decisión del Poder Judicial de rechazar su solicitud de cese de prisión preventiva. Juan Carlos Checkley, juez supremo, determinó que existe peligro de fuga por parte de Chávez, quien está siendo investigada por el presunto delito de rebelión, pues habría participado en el golpe de Estado fallido protagonizado por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.

Según el fallo judicial, Chávez continuará recluida en el establecimiento penitenciario Anexo de Mujeres en el distrito limeño de Chorrillos. La defensa de la expremier, Raúl Noblecilla, argumentó que su prisión es injusta y desproporcionada, señalando que no se respeta la presunción de inocencia y que no hay peligro de obstrucción del proceso.

El abogado solicitó que se le permitiera defenderse en libertad, amparándose en el derecho a un mandato de comparecencia. Sin embargo, el juez Checkley rechazó estos argumentos, subrayando que Chávez intentó huir hacia la Embajada de México tras el fracaso del intento golpista, lo que aumentaría el riesgo de fuga.

El contexto del golpe de Estado fallido de diciembre de 2022 es crucial para entender esta decisión judicial. Durante ese evento, el expresidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y gobernar por decretos, pero fue destituido y detenido rápidamente. Betssy Chávez, en su calidad de jefa del Gabinete, es una de las figuras principales investigadas por su posible implicación en estos actos.

El Poder Judicial ha destacado que, aunque los derechos de la imputada, como la presunción de inocencia, son fundamentales, también lo es la seguridad del proceso judicial. Por ello, ante el riesgo procesal y de fuga, Chávez permanecerá en prisión preventiva mientras dure la investigación.

Este fallo no es definitivo y la defensa de Chávez ha anunciado que seguirá buscando vías legales para lograr su liberación bajo los principios de justicia y equidad procesal.

Para la Noblecilla Olaechea, la privación de libertad durante un lapso prolongado sin juicio justo es una situación que afecta a la ex primera ministra Betssy Chávez, según han informado distintas fuentes. La defensa, a través de sus redes sociales, ha expresado su preocupación por lo que denomina una “persecución política” en este caso. Betssy Chávez ha estado en prisión por casi 15 meses en un contexto donde se alega que tanto la presunción de inocencia como el debido proceso no se están respetando.

También hizo hincapié en que, independientemente de la culpabilidad o inocencia de Chávez, no hay justificación para el nivel de ensañamiento que ella estaría sufriendo. La falta de equidad en el acceso a la defensa y la violación de sus derechos parecen ser las principales preocupaciones del denunciante.

El principio de igualdad de armas, que es fundamental en cualquier proceso judicial, parece haber sido ignorado en el caso de Betssy Chávez. El contexto de esta denuncia se enmarca en un sistema judicial cuestionado por no aplicar de manera efectiva principios básicos como la presunción de inocencia y el debido proceso. Raúl Noblecilla Olaechea destaca que este no es un caso aislado, y su denuncia plantea la necesidad de una revisión más extensa y crítica del sistema judicial y sus procedimientos.

En la jurisprudencia peruana, el delito de rebelión está tipificado en el artículo 346 del Código Penal. Según esta disposición, se considera rebelión cuando un grupo de personas se alza en armas con la finalidad de cambiar el orden constitucional, impedir la ejecución de leyes o deponer a alguna autoridad legalmente reconocida. Este delito es castigado con pena privativa de la libertad, que puede variar según la gravedad de los hechos y la participación de los involucrados.