“10 mil soles o mueres”: las extorsiones ponen en jaque al transporte público en Lima, la capital del Perú

“Subieron dos hombres. Sacaron la pistola y han amenazado al chofer. Le dejaron una bolsa con un papel adentro. Antes de la estación Bayovar pasó eso”.

Este el escalofriante relato que recogió Infobae Perú de una pasajera, apenas minutos después de ocurrido el hecho la noche del pasado jueves 12 de septiembre, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Todo ocurrió al interior de un bus de la línea C, de la empresa Santa Catalina S.A., en plena hora punta y delante de niños y ancianos, según la mujer, quien prefirió no identificarse por temor a represalias.

Lo descrito forma parte de un nuevo caso de extorsión a una ruta de transporte público en Lima Metropolitana. Mientras las autoridades hacen esfuerzos por frenar la criminalidad organizada dedicada a este delito, las denuncias de conductores de buses y cobradores se multiplican aceleradamente. Varias de estas amenazas ya se han materializado. El resultado: unidades baleadas, pasajeros muertos de terror y choferes que ya no saben si llegarán vivos a sus casas.

Según datos de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, a los que accedió este medio, más del 50 % de empresas de este rubro son extorsionadas con el cobro de cupos en la capital peruana. Para otras asociaciones, el monto es un poco menor: del 40 %. Pero lo cierto es que, en cualquiera de los dos casos, el porcentaje es realmente alarmante.

En Lima y Callao, hay 365 empresas dedicadas al transporte tradicional. De ese total, de acuerdo a la ONG Luz Ambar, menos de 10 son propietarias de las unidades vehiculares o poseen gran parte de la flota. Este es el caso de Etuchisa, con su línea conocida como el ‘Chino’, que cubre la ruta de Puente Piedra a Villa El Salvador, y viceversa. La razón de que sea una de las que viene siendo principalmente extorsionada, responde a los numerosos buses que maneja y sus significativos ingresos económicos por día, lo que la vuelven atractiva a la criminalidad.

Sin embargo, la situación para las empresas de transporte afiliadores, que no reciben la totalidad del dinero por los viajes, sino que lo reparten entre el conductor del bus, el cobrador y el dueño, también es igual de preocupante. Este medio conoció que ya son varios los choferes que vienen pagando cupo para que las bandas de extorsionadores los dejen trabajar tranquilos. La realidad es que muchos de estos no quieren denunciar públicamente por temor a que luego puedan atentar contra su vida.

El dueño de una de esas empresas de transporte que tiene 10 unidades contó a Infobae Perú que, desde hace aproximadamente un mes, viene sufriendo amenazas. Le exigen mil soles por cada bus con el que cuenta. Los extorsionadores que lo contactaron le dejaron claro que no desean un cupo diario, como viene siendo en otros casos, sino mensual. “10 mil soles o mueres”, le dijeron.

Según cálculos de Luz Ambar, solo un bus llevando en una ruta completa, ida y vuelta, a 130 pasajeros puede recaudar entre 6 mil y 7 mil soles, y si una empresa de transporte posee 100 unidades vehiculares se estaría hablando de un promedio de más de 60 mil soles. Un bus, por lo general, hace entre cinco a seis recorridos durante el día, lo que da un resultado de ganancias por encima del cuarto de millón de soles.

La criminalidad organizada ha visto en estos ingresos de las empresas de transporte un jugoso ‘botín’ y buscan hacerse con una parte a como dé lugar. En medio está el ciudadano de a pie, el universitario, el escolar, el obrero, la ama de casa o el ambulante, que no solo ve amenazado su modo de movilizarse en caso alguna de estas líneas suspenda sus operaciones (como ya ocurrió), sino que —peor aún— siente en riesgo su vida ante el alcance de una bala perdida o un ataque con explosivo a una unidad.

“La mayor cantidad de delitos que se están denunciando a nivel nacional es la extorsión. En el primer semestre del año pasado en comparación con el de este 2024, han aumentado las extorsiones un 68 %. Y lo segundo es el sicariato, que tiene un incremento porcentual casi similar”, advirtió Eduardo Pérez Rocha, ex director general de la Policía Nacional del Perú (PNP), a Infobae Perú.

Para el general en retiro, el alarmente cobro de cupos a los transportistas es una muestra más de que estamos sin políticas de gobierno para mejorar el aspecto de inseguridad ciudadana en el país y disminuir los delitos. “Esto lamentablemente se nos está desbordando. Parece que vamos camino a lo que pasó en Ecuador, donde empezó el descontrol con las extorsiones y el sicariato, y posteriormente la criminalidad empezó a tomar canales de televisión, cárceles y hasta entidades públicas”, refirió.

La noche del pasado miércoles 11 de septiembre, Amargo Salinas Marcial manejaba uno de los buses de la empresa de transportes Virgen de la Puerta S.A., más conocida como Vipusa, cuando recibió un impacto de bala en la mandíbula, en el distrito de Ancón. Los responsables, según las sospechas de las autoridades policiales, fueron dos sicarios vinculados a una banda criminal dedicada a la extorsión.

A estos fascinerosos no les importó que numerosas vidas queden expuestas. Si el experimentado conductor perdía el control y se estrellaba, se estaría lamentando probablemente varias muertes. Pero Salinas Marcial, con el proyectil dentro de la mandíbula, condujo varios metros más por la Panamericana Norte para poner a buen recaudo a sus pasajeros.

De acuerdo al coronel PNP (r) Lizandro Quiroga La Torre, exjefe del Escuadrón de Emergencia de la Policía, en la zona de norte de Lima, que comprende los distritos de Ancón, Puente Piedra, Los Olivos, Independencia, Comas y San Martín de Porres, la mente criminal detrás de estas extorsiones al transporte público y salvajes ataques como al bus de Vipusa, es el prófugo delincuente Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’ o ‘Chonguito’.

El Ministerio del Interior informó en las últimas semanas sobre la detención que logró con éxito la PNP de varios presuntos sujetos responsables de esas extorsiones en la capital, además reiteró su compromiso por seguir trabajando para lograr recuperar el orden y la seguridad. No obstante, en las calles, los pasajeros, conductores y cobradores se sienten desprotegidos y claman la intervención de las autoridades.

“Veo en la televisión y en redes sociales que se hablan de operativos y golpes contra las bandas, pero yo viajo todos los días y veo y escucho los choferes y cobradores preocupados. Nosotros mismos no sabemos si capaz nos cae una bala o tiran un explosivo al bus. Hay un clima de inseguridad real y parece que nuestras autoridades hacen poco o nada”, reclamó Richard Paico, quien toma diariamente el bus de ‘El Chino’ para llegar a su centro de trabajo.

Infobae Perú llegó hasta Puente Nuevo, uno de los principales paraderos capitalinos, y conversó con algunos ciudadanos que esperaban subir a la unidad de la empresa Etuchisa. Aseguraron que podrían tomar otro carro o algún taxi colectivo, pero que implicaría pagar más.

“El otro día he tenido que tomar colectivo. Yo no subo ahí, por tantos casos que se escuchan de secuestros y robos, pero ya estaba tarde para llegar al trabajo. Se paga entre 6 y 7 soles, y se imagina si fuera así todos los días, trabajaría para mi pasaje, nomás”, comentó Luz Mendoza, quien es operaria de limpieza en un conocido centro comercial.

En tiempos en los que es común escuchar entre la población que ‘no alcanza’ o ‘no llego a fin de mes’, la paralización de las operaciones de una línea del transporte público se presenta como una verdadera dificultad. La cara no tan visible de esto son también los conductores y cobradores de los buses, quienes deben salir a trabajar a diario para solventar a sus familias.

“Primero la pandemia que paró todo y ahora esto. Nos dicen: ‘ya, pues, dejen de trabajar y asunto arreglado’. Pero luego qué nos hacemos. Cómo mantengo a mis hijos. Son chicos todavía. Las autoridades no ven eso”, reprochó Luis, a secas, como se identificó un conductor de la línea A de Etuchisa. De los choferes, el que menos quiere declarar, porque siente que arriesga su integridad física al hablarle a un medio de comunicación.

Otra de las empresas que sufre estas amenazas extorsivas es el Consorcio Roma, que cubre la ruta de San Juan de Lurigancho-Ventanilla. Luego de tres ataques a balazos contra sus buses en menos de dos semanas, cientos de conductores decidieron paralizar sus operaciones.

A inicio de este mes, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), mediante un comunicado, solicitó la convocatoria a una Sesión de Consejo de Estado, para coordinar acciones entre los poderes y organismos autónomos, ante la preocupante situación.

“La ATU, con el sentido de urgencia que la situación requiere, ha promovido mesas de trabajo entre los operadores de transporte y la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (Dirincri), con el objetivo de unir esfuerzos y fortalecer las acciones preventivas en zonas de alto riesgo. Estas reuniones buscan intensificar la presencia policial en puntos críticos y desarrollar investigaciones que contribuyan a desarticular la criminalidad”, detalló en el oficio.

Al cierre del presente informe, el dueño de las 10 unidades que viene siendo extorsionado nos contó que las llamadas y los mensajes eran más constantes y violentos. “Realmente temo por mi vida y la de mi familia. Hasta ganas de llorar me dan”, dijo.

Además, la empresa de transporte Santa Catalina decidió suspender su servicio en todo el distrito de Villa El Salvador, donde sujetos irrumpieron la tarde del sábado 14 de septiembre en la cochera en la que guardan los buses y dispararon varias veces. No se descarta que más flotas dejen de circular en los próximos días, mientras tanto el ciudadano sigue en medio de la figura de plata o plomo.