Petroperú recibirá un nuevo salvataje por parte del Gobierno peruano, pero no incluirá más inyecciones directas de capital en esta ocasión. En su lugar, el Decreto de Urgencia Nº 013-2024 capitaliza la deuda de US$750 millones contraída con el Estado en 2022, le carga al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) los futuros cumplimientos de pago de la petrolera, y amplía las líneas de crédito existentes con el Banco de la Nación, además de disponer garantías nuevas.
A detalle, el documento publicado en la madrugada de este sábado 14 de septiembre amplía hasta el 31 de julio de 2025 -como figuraba en el proyecto de Presupuesto Público 2025- las líneas de crédito por hasta US$1.000 millones que le habían sido concedidas a Petroperú a mediados de 2022, pero también diluye el préstamo de US$750 millones que se le dio en esa fecha a la petrolera con el mismo decreto, el DU Nº 010-2022.
Además, el Gobierno le otorga otra nueva Operación de Endeudamiento de Corto Plazo, bajo la modalidad de otorgamiento de la Garantía del Gobierno Nacional, hasta por un monto en soles equivalente a US$1.000 millones, y dispone que el MEF asuma los US$800 millones entregados en abril de 2024 para la compra de combustibles.
El Tesoro también asumirá los compromisos que estén por vencerse para Petroperú, en el segundo semestre del 2024, referidos al crédito contraído con CESCE para la modernización de la refinería de Talara. Es decir, la petrolera no pagará más de la deuda que mantiene con la española en lo que resta del año, sino que lo hará el MEF. Dicho préstamo se dio en el marco de una ley que le permitió a Petroperú endeudarse por cuenta propia.
La reestructuración de Petroperú
La Junta general de accionistas (JGA) de Petroperú, integrada por los ministros de Energía y Minas y de Economía y Finanzas, bajo las órdenes de la presidenta Dina Boluarte, apunta a que la estatal restituya su capacidad financiera a partir de la puesta en marcha total de la refinería de Talara y su Unidad de Flexicoking (FCK) -que estuvo averiada entre abril y junio de este año, tras la inauguración-, y el total soporte sobre las deudas vigentes.
En este sentido, el DU hoy publicado dispone también la contratación de una firma especializada que se encargue de “diseñar y gestionar la implementación del Proceso de Transformación Integral” para la petrolera. Esta firma, a su vez, elegirá a un Oficial Principal de Transformación (Chief Transformation Officer – CTO), con la posibilidad de contratar nuevos gerentes para la compañía sin que pasen por la calificación del FONAFE, pese a que el propio MEF, antes, criticaba este tipo de discrecionalidad.
Pero la valla para esta firma especializada es bastante alta, pues el Gobierno peruano está solicitando que tenga una basta experiencia estratégica en el sector de hidrocarburos o de energías, referida a reestructuración de deuda, e implementación de procesos de reorganización operativa y de gestión corporativa (en la medida de las posibilidades, para empresas públicas).
Finalmente, se confirma que ProInversión se hará cargo de la “venta, disposición u otras modalidades de gestión” de todos los bienes inmuebles y predios de propiedad de Petroperú que no sean considerados activos críticos. Infobae Perú reveló hace una semana que empresarios de la zona financiera de San Isidro están interesados en adquirir el edificio de la sede central de la compañía, por lo que se han reunido ya en más de una ocasión con la agencia adscrita al MEF.
Sin embargo, llama la atención que Petroperú siempre mantenga la administración del Oleoducto Norperuano (ONP), una operación que le genera pérdidas, pese a que en un principio se manejaba que fuera devuelta a Perupetro, la agencia estatal encargada de promocionar las inversiones en hidrocarburos en el Perú.
Más medidas de austeridad
Otras medidas de austeridad y relanzamiento financiero de la empresa pasan por disponer que, para el presente ejercicio fiscal 2024, el directorio de la petrolera estatal “adopte las acciones correspondientes para reducir la ejecución del presupuesto de gastos durante el período setiembre-diciembre en un 10% respecto a la ejecución registrada en el mismo período del año 2023″.
Esto, aclara el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, sin considerar los “gastos de depreciación y operación de lotes petroleros”. Petroperú hoy maneja los lotes X, Z-69, VI y I de Talara, estos dos últimos, en proceso de adjudicación a un privado hasta mayo del 2025. Además, tenía previsto poner en operación, junto a Altamesa, el Lote 192 de la selva en el último trimestre de este año.
Respecto al año fiscal 2025, las exigencias de los ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas a Petroperú van mucho más allá: le decretan que la “reducción de costos y gastos sea equivalente al 30% de la ejecución del presupuesto de gastos del año 2024″, sin considerar gastos de depreciación y operación de lotes petroleros, “ajustada solo por efecto inflacionario”.
Vale precisar que, de momento, la petrolera estatal se mantiene sin directorio desde la renuncia del extitular de la compañía, Oliver Stark, además de los otros cuatro directores elegidos por la JGA. Se vocea al exministro de Energía y Minas, Oscar Vera, para ocupar el puesto, y recibir el nuevo encargo del gobierno, además de definir cuáles serán los activos a desprenderse. ¿Resultará la nueva estrategia?
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