Compliance en la gestión migratoria para la integración económica y social de migrantes y refugiados

En los últimos años, la gestión migratoria se ha convertido en un desafío central para muchos países de América Latina, debido en especial a la gran cantidad de personas migrantes y refugiadas que buscan mejores oportunidades de vida. En este contexto, la conformidad o el cumplimiento es esencial para garantizar que estos procesos se desarrollen de manera equitativa, clara y efectiva. En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, la implementación adecuada de políticas de cumplimiento es esencial para proteger los derechos de los migrantes y lograr su integración económica y social.

Países como Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, México, Venezuela y Perú han registrado importantes flujos migratorios tanto de salida como de recepción de migrantes y refugiados entre el 2021 y el 2024. En el 2023, Colombia albergaba a más de 2.4 millones de migrantes venezolanos, mientras que Perú acogía a cerca de 1.2 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a finales del 2023. Chile contaba con más de un millón de personas migrantes, mientras que Ecuador, Panamá y México también experimentaron un aumento significativo en su población migrante.

Estos movimientos masivos de personas han generado problemas en la infraestructura, los servicios públicos y la cohesión social. Sin embargo, si se gestionan de manera adecuada, también ofrecen oportunidades para el enriquecimiento cultural y el crecimiento económico. En este punto, la conformidad se convierte en una parte crucial de la política migratoria.

En el ámbito de la migración, se habla del cumplimiento de leyes, regulaciones y normas internacionales que rigen la gestión de migrantes y refugiados. Este concepto cubre temas como la protección de los derechos humanos y la implementación de políticas que fomenten la integración social y económica de los migrantes en su país de acogida. En ese sentido, uno de los principales desafíos para la gestión migratoria consiste en garantizar que los migrantes tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades que los ciudadanos del país receptor. Esto incluye la posibilidad de participar en la economía formal y el acceso a servicios básicos, como la salud, la educación y la vivienda. El cumplimiento garantiza que estas políticas se lleven a cabo de manera efectiva y promueva la inclusión.

Los ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico), 10 (reducción de las desigualdades) y 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) requieren la integración económica y social de los migrantes. En países como Colombia y Perú, donde la población de migrantes es importante, la implementación de políticas de integración puede tener un impacto directo en el progreso sostenible.

A medida que continúan los flujos migratorios, los países de América Latina deben adaptar y mejorar sus sistemas de cumplimiento para satisfacer de manera efectiva las necesidades de los migrantes y refugiados. Esto incluye garantizar que las políticas migratorias se alineen con los estándares internacionales de derechos humanos, modernizar los marcos legales y capacitar a los funcionarios públicos.

La conformidad en la gestión migratoria es un asunto no solo de legalidad, sino también de justicia social y progreso sostenible. Los países de América Latina pueden cumplir con sus compromisos internacionales y aprovechar el potencial de la migración como motor de desarrollo al asegurar que los migrantes y refugiados reciban un trato justo y tengan acceso a oportunidades de integración económica y social. Por lo tanto, para construir sociedades más inclusivas, justas y prósperas, en consonancia con los ODS, es esencial implementar políticas de cumplimiento sólidas y efectivas.