Viaje de Dina Boluarte a China: Perspectivas sobre la penetración del régimen en América Latina

Del 25 al 29 de junio de 2024, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, realizó una visita de Estado a la República Popular China (RPC). El viaje fue, en parte, un preludio a la cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que su gobierno organizará en noviembre de 2024. Se espera que el presidente de China, Xi Jinping, asista a la cumbre, en lo que sería su primer viaje a América Latina desde antes de la pandemia de Covid-19, y una parada clave en lo que probablemente será una gira más amplia por la región, que incluirá una visita a Brasil en conjunto con la reunión del G-20 que se realizará allí.

El viaje de Boluarte a China, en medio de sus propios problemas políticos y judiciales internos, así como de dificultades con varios proyectos afiliados a la RPC en el país, fue posiblemente un paso importante para asegurar que la organización de Xi y APEC en Perú en noviembre muestre al país de manera positiva.

En vísperas del viaje, Perú cambió su ley nacional de puertos, cediendo a la gigante de logística china Cosco Shipping prácticamente un control sin restricciones sobre el megapuerto que está construyendo en Chancay, resolviendo así una importante disputa legal con Cosco, que amenazaba con poner en peligro el viaje de Boluarte a China y los beneficios que esperaba obtener a través de él. Esos beneficios incluían la presencia de Xi en la inauguración simbólica del puerto durante su esperada visita de estado a Lima en noviembre, destacando el papel de Perú como puerta de entrada de Sudamérica al Pacífico.

El viaje de Boluarte a China y las maniobras sobre Chancay previas a él llaman la atención sobre el grado de penetración de la RPC en Perú. Asimismo, la forma en que se explotó la necesidad económica de Perú y las negociaciones no transparentes para obtener acceso exclusivo a Chancay violando las propias leyes de Perú, y luego hizo que Perú cambiara esas leyes para evitar represalias chinas, ilustra la manera depredadora en la que la RPC explota las esperanzas y debilidades de sus socios y asegura sus intereses en toda América.

Durante el viaje de la presidenta Boluarte a China, se dijo que ella y su homólogo chino hicieron importantes progresos en las conversaciones para actualizar el Acuerdo de Libre Comercio (ALC) de 2008, de manera que facilitará una mayor penetración de la RPC en Perú en sectores de tecnología y servicios, que son cada vez más importantes. Los empresarios de su delegación acordaron formar una nueva Cámara de Comercio Perú-China. Los dos países también firmaron una nueva hoja de ruta de cinco años para profundizar su cooperación durante el período 2024-2029.

Las numerosas empresas con sede en la RPC con las que se reunió la presidenta Boluarte durante su visita sirven son referencias tanto de la presencia de China como de los problemas en el país, incluyendo la firma de telecomunicaciones Huawei, la empresa automotriz BYD, la firma de minería y construcción Jinzhao, la gigante de logística Cosco y China Railway Road Corporation (CRRC), entre otras.

La reunión de Boluarte con ejecutivos de Huawei en Shenzhen refleja la importancia de la compañía como un jugador clave en el sector de telecomunicaciones de Perú, como proveedor de equipos y servicios, junto con otras firmas con sede en la RPC como ZTE, Oppo, Xiaomi y Yangtze Optical Fiber Corporation (YOFC), entre otras. Huawei es un actor clave tanto en la implementación del 5G en el país, como en el suministro de dispositivos digitales y servicios en la nube de millones de peruanos, así como en la extensión de la conectividad a áreas rurales, y un posible socio en iniciativas de formación en inteligencia artificial en el país. Al mismo tiempo, la dependencia de Perú en Huawei y otros proveedores digitales crea profundos problemas de seguridad de la información, tanto para el gobierno como para las empresas cuyas operaciones dependen de sus dispositivos y redes.

En el sector automotriz, la reunión de Boluarte con ejecutivos de BYD, también en Shenzhen, destacó el esfuerzo por atraer al fabricante de automóviles a establecer una planta de producción de sus vehículos eléctricos en el país. El contexto más amplio, sin embargo, es el preocupante monopolio de la generación de electricidad en el área metropolitana de Lima, capturado por la compañía China Three Gorges, gracias a una serie de adquisiciones en los últimos años.

En minería, la reunión de Boluarte con ejecutivos de Jinzhao destacó la enorme influencia de las empresas con sede en la RPC como los mayores inversores en el sector. El sector minero es en sí mismo el principal motor de la economía peruana.

Al mismo tiempo, a pesar de la importancia de estas empresas con sede en la RPC para la generación de ingresos, directa e indirectamente, las operaciones mineras chinas han sumado una cuota de problemas. Esto incluye dificultades con los peruanos que estas empresas mineras chinas emplean, y las comunidades afectadas por sus operaciones. La historia de dificultades incluye más de treinta años de disturbios laborales y comunitarios que involucran a Shandong, el operador chino de una importante mina en Marcona, violencia y actividad criminal en torno a la mina Río Blanco operada por chinos en Piura (incluyendo muertes sospechosas de residentes locales), y protestas más recientes contra China-Minmetals, operador de la mina Las Bambas, sobre temas que incluyen el supuesto daño chino a carreteras y comunidades locales por transportar materiales sobre carreteras locales insuficientes.

La reunión de Boluarte con Jinzhao también destaca un proyecto de USD 405 millones adjudicado a la firma en marzo para construir un nuevo puerto de minerales cerca de la ciudad costera del Pacífico de Ica en el sur del país. El nuevo puerto es solo uno de los numerosos proyectos de infraestructura por parte de firmas de construcción con sede en la RPC en el país, muchos de los cuales han sido contaminados por problemas ambientales, de relaciones comunitarias y de rendimiento. De hecho, el escándalo de sobornos que indirectamente derrocó al anterior presidente de Perú, Pedro Castillo, estaba vinculado a contratistas chinos, quienes también se creía que habían canalizado pagos a prácticamente todos los presidentes peruanos que lo precedieron, incluidos Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Francisco Sagasti. De hecho, un grupo de firmas chinas que coludían para sobornar a funcionarios peruanos era conocido como el “Club de la Construcción China”.

Si bien la instalación que Jinzhao está construyendo en Ica es significativa, el proyecto chino más estratégico, y que fue central en el viaje de Boluarte, es el mencionado puerto de Chancay. La inauguración de la construcción de USD3.500 millones, cuya plataforma principal y primeros muelles están casi completos, se espera que sea una piedra angular de la visita de Xi a Perú para APEC en noviembre. Tal “celebración de inauguración” trae a colación su viaje de 2016 a Ecuador para inaugurar el fallido dique Coca Codo Sinclair, construido por China bajo el anterior presidente populista anti-estadounidense Rafael Correa.

Cuando esté completamente operativo, el papel del puerto de Chancay proporcionará una conexión más corta entre China y Sudamérica para transportar contenedores muy grandes, carga a granel, petróleo y otros barcos, e impactará en la economía del transporte trans-Pacífico, incluyendo a los operadores de puertos y operaciones logísticas en toda América, las empresas que los utilizan y los gobiernos de la región.

Como complemento, mientras estaba en China, la reunión de la presidenta Boluarte con representantes de China Railway Road Corporation (CRRC) sugiere que el puerto de Chancay podría eventualmente ser complementado con la construcción de uno o más enlaces ferroviarios transcontinentales desde Chancay hasta el Atlántico a lo largo de la costa sureste de Brasil, permitiendo que empresas agro-logísticas, mineras y otras con sede en la RPC accedan de manera más competitiva a los recursos y mercados brasileños.

Más allá de la importancia logística estratégica de Chancay, en caso de una guerra que involucre a la RPC en el Indo-Pacífico, tener un puerto operado por una empresa con sede en la RPC en el extremo oriental del Pacífico, supervisado por un gobierno cuya orientación política futura y capacidad de supervisión es incierta, presentaría preocupaciones estratégicas militares para Estados Unidos.

Más allá de las implicaciones comerciales y militares estratégicas del puerto en sí, en manos exclusivamente chinas, la gestión por parte del gobierno de Boluarte de las disputas con Cosco sobre el proyecto antes de su viaje a China causa aún más alarma. También destaca cómo la RPC ejerce influencia en el país, al igual que en otros lugares, basándose en las esperanzas y necesidades de sus socios, complementada por prácticas de negociación y contractuales a menudo depredadoras.

A medida que la conversación sobre los riesgos estratégicos del puerto escaló en la prensa internacional en 2023-2024, la autoridad portuaria de Perú (APN) anunció que la letra pequeña del contrato para el puerto firmado por el gobierno anterior otorgaba al consorcio con sede en la RPC el derecho legal a operarlo para su propio beneficio exclusivo, no abierto a todos los usuarios bajo condiciones comerciales iguales. Cuando el gobierno peruano y el Congreso intentaron corregir el error revocando o cambiando la concesión, Cosco amenazó con acciones legales.

Como se mencionó anteriormente, las negociaciones que llevaron al control exclusivo de Cosco sobre Chancay, y en particular la prisa del gobierno de Boluarte para cambiar sus propias leyes para satisfacer a China, otorgando a Cosco derechos no disfrutados ni siquiera contemplados por ningún otro operador en el país, ilustran poderosamente cómo la RPC hace negocios y asegura sus intereses comerciales y estratégicos.

En las negociaciones iniciales que terminaron en 2019, el gobierno de Perú cortejó la adquisición por parte de Cosco de un 60% de participación de control en la propiedad de Chancay, entonces propiedad de la empresa minera local Volcan, con la intención de que posteriormente invertiría USD 3.500 millones para construirlo en un megapuerto que no solo traería empleos en construcción y operación, sino que transformaría el papel de Perú como un centro global de transporte trans-Pacífico. Para muchos, incluido el autor, esas negociaciones, y las condiciones y promesas para que Cosco se comprometiera a inversiones tan masivas, eran sospechosamente no transparentes. El gobierno minimizó las preocupaciones expresadas en ese momento de que el nuevo puerto competiría injustamente con el puerto peruano operado por el gobierno en Callao, limitado en espacio. El gobierno también desestimó las preocupaciones de que los chinos pudieran utilizar el control del puerto para favorecer a sus propias empresas. Irónicamente, funcionarios del gobierno que hablaron con el autor durante ese tiempo insistieron en que las preocupaciones estaban exageradas porque la ley peruana obligaba a los nuevos propietarios chinos a operar el puerto como infraestructura pública, dando acceso igual a todos.

Cuando se dieron a conocer los detalles del acuerdo cuidadosamente guardado, dejando en claro que los términos efectivamente permitirían que la RPC explotase el control del puerto para su propia ventaja, el gobierno peruano sugirió que quienes firmaron el acuerdo no lo sabían, o no tenían autoridad para ceder la soberanía peruana sobre sus puertos de esa manera, y buscó abrogar el acuerdo.

Como es el caso con muchos otros gobiernos y empresarios que tratan con la RPC, para cuando el gobierno de Boluarte tuvo que enfrentar públicamente la naturaleza ilegal y perjudicial del acuerdo, ya era demasiado tarde. Para evitar poner en peligro lo que Boluarte esperaba ganar de su viaje a China, incluida la exhibición de Perú en noviembre como anfitrión de la cumbre de líderes de APEC, el regreso de Xi a la región, y la inauguración de Chancay, el gobierno de Boluarte abandonó sus esfuerzos para llevar el acuerdo a cumplimiento con la ley peruana y el acceso justo a otras operaciones logísticas, y como se mencionó antes, de hecho cambió su ley portuaria, otorgando privilegios sin precedentes a los chinos para resolver el conflicto.

Más allá de Perú, el asunto destaca la habilidad de las empresas con sede en la RPC para utilizar detalles contractuales y maniobras burocráticas, en conjunto con beneficios “personales” para asegurar ventajas comerciales. Ese comportamiento se ha visto en numerosos otros proyectos, desde acuerdos de construcción de petróleo e infraestructura en Ecuador y Venezuela, hasta el hotel Baha Mar de USD 4.200 millones (3.110 millones de euros) en las Bahamas, donde se utilizaron tácticas de “guerra legal” similares para quitar el proyecto al socio local Sarkis Izmirlian, cuando el bajo rendimiento de China Construction Americas (CCA), a quien estaba utilizando para hacer el trabajo, llevó a Baha Mar a la bancarrota.

A medida que se aproxima la cumbre de líderes de APEC de noviembre de 2024, es de interés de Estados Unidos, así como de los regímenes en el Indo-Pacífico y en otros lugares, monitorear el creciente compromiso de la RPC en Perú, así como aprender de los errores peruanos en la negociación de contratos no transparentes con representantes chinos expertos en asegurar ventajas a través de la letra pequeña de esos acuerdos.

En noviembre de 2024, justo después de que Estados Unidos elija a su nuevo presidente, la llegada de Xi Jinping a Lima, Perú, para la cumbre de líderes de APEC, la inauguración asociada del puerto de Chancay controlado por la RPC, y una serie de otros anuncios relacionados con China que ocurrirán durante esas reuniones, mostrarán la evolución de la relación de China con la región. Ojalá durante esos eventos, y antes, la región observe los detalles, y no solo la propaganda, para ver cómo la RPC explotó las esperanzas y las imperfecciones institucionales de Perú para acceder a sus puertos y recursos en términos desiguales. Al hacerlo, el resto de la región puede ver similitudes con sus propios tropiezos al negociar acuerdos no transparentes con representantes de la RPC que son expertos en aprovechar las esperanzas y la letra pequeña para asegurar ventajas. El compromiso con China ofrece importantes beneficios potenciales, si se realiza a través de instituciones fuertes y compromisos transparentes en los que todas las opciones se consideren por igual.

(*) El autor es profesor investigador en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU. Las opiniones aquí expresadas son estrictamente suyas.