La renuncia del Directorio de Petroperú es una consecuencia de la inacción del Gobierno. Esta es una pésima señal del Ejecutivo, que no solo nos afecta en el plano institucional, sino también a las familias y empresas en su día a día.
Desde mayo de este año, el directorio alertó de la situación financiera y administrativa de la empresa estatal. Ya no solo hablando de pérdidas anuales, que en 2023 fueron de US$ 823 millones, y se proyecta una cifra similar o superior para 2024, sino también una ratio de endeudamiento de 7.5; es decir, que mantiene deudas por más de siete veces el valor de su patrimonio. Evidencia una pérdida de posición competitiva, habiendo cedido cuota de mercado de 50% en 2017 a 24% a junio de este año.
Para revertir esta situación, el Directorio planteó una reestructuración profunda que, si bien requeriría de una inyección de capital del Gobierno, sería condicionada a ejecutarse acciones de eficiencia organizacional: autonomía en una eventual la gestión privada de la empresa estatal, lo que aseguraría la atracción de capital privado. No una privatización, como se viene desinformando desde el Ejecutivo, sino aplicar una herramienta habilitada desde muchos años atrás, pero que, dadas las condiciones de gestión de Petroperú, no se implementó.
El Gobierno “la hizo larga”, guardó silencio, no tomó la problemática con sentido de urgencia y el Directorio finalmente renunció el martes último. El Ejecutivo perdió la oportunidad de dar una señal clara y firme de compromiso con el país. Peor aún, cuestionó la voluntad y profesionalismo del grupo de directores renunciantes, indicando que se necesitan funcionarios que “amen la patria que generen oportunidades para solucionar”, cuando el Directorio esperó por cuatro meses una respuesta, una decisión, que nunca llegó.
El día de ayer, jueves 12 de setiembre, se habría aprobado un decreto de urgencia con medidas para que Petroperú, la empresa estatal financieramente insostenible, supere su crisis financiera y garantice la comercialización de hidrocarburos a nivel nacional. Incluso desde el Ejecutivo indicaron que esperarían que, en el lapso de un año, Petroperú ya no necesite apoyo del Estado.
Es decir, nuevamente habrá un rescate a la empresa estatal para que cumpla con sus obligaciones. Nuevamente, la mano al bolsillo de las familias y empresas que contribuyen con sus impuestos a los ingresos del Estado.
La situación no habría cambiado. Tal como señaló el Directorio en mayo pasado, en condiciones de un Petroperú con gobernanza y gestión empresarial expuesta a los usuales apetitos políticos, resulta irresponsable y hasta un acto de inmoralidad solicitar mayor financiamiento al Estado, ya que nada asegura que la empresa no retorne en el futuro cercano a solicitar más apoyo, en desmedro de la caja fiscal y el bolsillo de los contribuyentes peruanos.
Priorizar recursos en continuar una aventura empresarial fallida, cuando estos bien podrían ser usados para cerrar brechas sociales y cubrir carencias en temas de salud, educación y seguridad, es un claro ejemplo de no tener amor a la patria.