El Poder Judicial llevará a cabo una audiencia el próximo jueves 19 de septiembre para evaluar el pedido del exjuez supremo César Hinostroza, quien busca que se archive la denuncia en su contra por organización criminal.
Como se sabe, el jurista se encuentra prófugo de la justicia en Bélgica. El Ministerio del Interior ha llegado a ofrecer hasta 150 mil soles a la persona que comparta información útil sobre su paradero.
De acuerdo con La República, Hinostroza se amparó en la Ley 32108 para hacer esta solicitud. Esta norma fue promulgada por el Congreso de la República y modifica la definición del delito mencionado.
En el documento obtenido por el medio, se aprecia que el destituido juez alegó una “excepción de improcedencia de acción”, para archivar la imputación por supuestamente no ceñirse a lo que dice el Código Penal.
Gracias a la Ley 32108, para que una organización criminal sea considerada como tal, debe tener control sobre una economía o mercado ilegal, con el fin de obtener un beneficio económico.
“Es el grupo con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa, compuesto por tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido que, de manera concertada y coordinada, se reparten roles correlacionados entre sí, para la comisión de delitos graves sancionados con pena privativa de libertad mayor de seis años, con el fin de obtener, directa o indirectamente, el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal, para obtener un beneficio económico”, se lee en la norma publicada por el Parlamento por insistencia.
La República indica que el exjuez también busca archivar otros delitos como tráfico de influencia y cohecho por medio de otros recursos.
¿De qué se le acusa a Hinostroza?
De acuerdo con el Ministerio Público, César Hinostroza sería el líder la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, la cual habría tenido como objetivo ubicar a sus integrantes en puestos importantes en el Consejo Nacional de la Magistratura, el Poder Judicial y la misma Fiscalía. Para lograrlo habrían entregado dádivas, nombrado jueces, y hasta favorecido a terceros en procesos.
El caso Los Cuellos Blancos del Puerto ha sido uno de los más mediáticos en el sistema judicial peruano, involucrando a varios jueces y fiscales en una presunta red de corrupción y tráfico de influencias destinadas a controlar decisiones judiciales de alto perfil.
Otros presuntos miembros son: el exjuez Walter Ríos, el abogado José Luis Castillo Alva, el empresario Antonio Camayo, el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, así como los exconserejos Orlando Velásquez, Julio Gutierrez, Guido Águila e Ivan Norega, quien sigue prófugo en Argentina.
Pide que se aplique Ley Soto
El exjuez supremo también ha solicitado que se aplique la Ley 31751, conocida como ‘Ley Soto’, con el objetivo de archivar el proceso judicial en su contra por patrocinio ilegal.
El caso se centra en su presunta intervención para que el expresidente de la Corte de Callao, Walter Ríos, nombrara a Maico Reyner Fernández Morales como juez supernumerario, informó Infobae.
En septiembre de 2023, el exmagistrado presentó su solicitud al juez supremo de la investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, para aplicar la referida ley y archivar la imputación.
Hinostroza argumentaba que aplicando la Ley 31751, el hecho habría prescrito en 2022. Sin embargo, Checkley rechazó la solicitud, indicando que la Fiscalía había recalificado el delito de patrocinio ilegal a cohecho activo específico, lo cual conlleva un mayor plazo de prescripción.
En junio de este año, el Poder Judicial aprobó solicitar al Reino de Bélgica la detención con fines de extradición del acusado. De esta manera, podría afrontar en Perú el proceso que se le sigue por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
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