Alberto Fujimori, el ‘fujishock’ y la Constitución del 93: una reforma que cambió el rumbo del país

El primer gobierno del expresidente de Alberto Fujimori, antes de iniciar un régimen dictatorial, recibió un país colapsado económicamente: de acuerdo a Alberto Pasco-Font, en Políticas de estabilización y reformas estructurales: Perú, la inflación anualizada era de 4.778% en julio de 1990, con los precios de la canasta básica controlados por medidas estatistas que impactaban sobre los precios de los servicios públicos (teléfono, transporte, luz, etc), que por esa época brindaba el Estado.

El plan neoliberal aplicado por el ahora extinto exgobernante buscaba cortar también con el mal manejo fiscal generado porque las propias empresas públicas, al estar sobrecargadas de personal (bajo la idea de que el Estado es fuente de trabajo) y controladas por el Gobierno, retrasaban la actualización de sus tarifas para no afectar a la población.

El programa económico de agosto de 1990: evaluación del primer año, escrito en 1992 por el ahora presidente del BCRP, Julio Velarde, y Martha Rodríguez, da mayores luces sobre las medidas que asumió Fujimori: aumento del salario mínimo en 400% hasta los 16 millones de Intis, nueva tasa de 11% del IGV y eliminación de exoneraciones, flotación sucia del tipo de cambio (el precio del dólar no se fija, pero tampoco es libre, se usa actualmente en Perú), unificación del mercado cambiario, liberalización de precios, recorte de personal en las empresas públicas y privatizaciones, entre otros.

Con el ‘fujishock’ del 8 de agosto de 1990, Alberto Fujimori estableció los cimientos de lo que después sería la Constitución de 1993, un documento que se ha mantenido vigente hasta el día de hoy y que ha sido objeto de controversias en torno a los altos índices de crecimiento macroeconómico que se ven contrastados con un escenario de creciente informalidad del mercado, precarización laboral y la baja provisión de servicios públicos de calidad.

Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE), explicó para Infobae Perú que la economía peruana salía de una decada de los ochenta “asbolutamente colapsada”, con una trayectoria fiscal insostenible, hiperinflación, controles de precios desmedidos, y un Estado empresarial agigantado, por lo que resultaba “urgente” iniciar un proceso de reformas similares a los que se proponían en otros países de la región, aunque la situación en nuestro país era “particularmente grave”.

“De hecho, las reformas comienzan antes de la publicación de la Constitución de 1993. Ya desde 1990 se empieza a ver un giro económico con la liberalización de los precios de comercio exterior y es en estos primeros dos o tres años de Fujimori que realmente se marca un antes y después. Se colocan los principios de responsabilidad macroeconómica para tender predictibilidad en las inversiones -algo fundamental-, se ordena la parte tributaria y se inserta, progresivamente, al Perú en la comunidad financiera internacional luego de ser excluido por su deuda externa”, menciona el también director del BCRP.

Asimismo, explica que, con la llegada de Fujimori al poder, se dio una salida progresiva del Estado empresario a través de las privatizaciones, con una mayor participación del sector privado en la estructura nacional. Aclara que, en el siglo 21, Perú ha sido el país con más crecimiento al región, lo cual ha permitido “reducir la pobreza desde 2004″ -cuando se hizo la primera medición-. Pasamos de casi el 60% a 20% en 2019, un plazo relativamente corto.

Por su parte, el exministro de Economía, Carlos Oliva, comenta para Infobae Perú que la llegada de la Constitución de 1993 tuvo la gran virtud de “contener un capítulo económico que realmente le cambio la cara al país, un pilar fundamental para poder crecer a tasas altas y reducir la pobreza, mediante la generación de una clase media”.

El también expresidente del Tribunal Fiscal recuerda que la Carta Magna de Fujimori, además de prohibir el financiamiento del sector público por parte del BCRP, restringe la iniciativa de gasto del Congreso de la República y promueve el esperado rol subsidiario del Estado, es decir, que el Estado solo invierte donde el privado no quiere o no puede.

“Cortar la iniciativa de gasto público desde el Congreso fue muy importante, aunque ahora último el Tribunal Constitucional ha reinterpretado mal el artículo 79. Por lo menos, se logró dejar de lado a las empresas públicas, todas deficitarias y que drenaban la estabilidad fiscal del país, diciendo que solo por ley se podía crear una empresa de este tipo”, explica Oliva.

En esta línea, Oliva asegura que los actuales problemas económicos de la población responden a que no se ha cumplido con los seis parámetros del artículo 58 de la Constitución de 1993, donde se le atribuyen responsabilidades al Estado peruano que no han sido cumplidas al día de hoy a cabalidad. Entre ellas, se encuentran educación, salud, seguridad ciudadana, infraestructura, agua y sanemianto, y promoción del empleo.

“Hay un artículo 58 que delimita las responsabilidades del Estado, que no han sido cumplidas. Este artículo le da al Estado responsabilidades sobre seis temas. Uno puede revisar uno por uno, y el Estado no ha sido capaz de cumplir con ninguno. Los problemas que tenemos ahora no son por la Constitución de 1993, es todo lo contrario, es por no cumplirla”, refiere.

Ahora, tampoco es cierto que la Constitución de 1993 se haya mantenido indemne desde su creación. Este documento oficial ha sufrido muchos cambios desde entonces, aunque uno de los capítulos que ha mantenido la solidez con que fue diseñado es, precisamente, el referido al rol subisiadrio del Estado y la disciplina macroeconómica.

Pero los resultados pueden diferir, de acuerdo al lente con que se le mire. José de Echave, investigador y economista de CooperAcción, explica que existen afirmaciones en torno a lo que ha pasado con la economía peruana desde los noventa para adelante “que no tienen mucho rigor”. Asegura que, si se revisa la economía peruana en los últimos 30 años, “hemos estado bien cuando los precios de las materias primas estuvieron bien a nivel internacional”.

El investigador refiere que hacia los años 1999 y 2000 -el ocaso de la ahora dictadura- los resultados eran negativos para el Perú. Por ello, considera que “el milagro económico peruano sigue teniendo los mismos defectos que habían antes de la llegada de Fujimori”, un panorama que se ha mantenido hasta hoy.

“Con el cambio del marco legal y las reformas empezó a llegar un flujo de inversiones muy fuerte, un buen ejemplo es la minería. Pero ese flujo estuvo acompañado de una afectación muy fuerte de los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente en favor de estos grandes grupos. Está claro que el modelo ayudó a que las cifras macro estuvieran en azul por muy buen tiempo, pero tampoco generó los puestos de trabajo formal y la distribución esperados”, detalla.

Precisamente, respecto al plano laboral, el laboralista Javier Mujica señala para Infobae Perú que el legado de Alberto Fujimori, en materia laboral, fue “nefasto”: se tradujo en un traslado del enfoque de garantías del derecho laboral a una total desprotección de los derechos de los trabajadores , tanto a nivel individual como colectivo.

“No solo se desmontó de la Constitución de 1979 [la anterior] más de la mitad de los derechos laborales que habían sido reconocidos a los trabajadores, sino que se modificó la protección constitucional que había en muchos aspectos, como la Compensación por tiempo de servicios (CTS), las gratificaciones, la preferencia de contratación de un peruano por sobre un extranjero, protección de la mujer, etcétera”, manifiesta Mujica.

Por ello, el Estado peruano ha tenido que gastar una “enorme cantidad de dinero para reparar esos abusos durante el fujimorismo”. Fue la Ley 27803 que ordenó dichas reparaciones. Además, los sindicatos, prácticamente, desaparecieron. Hoy en el Perú bordean el 5% de afiliación, una tasa tres veces menor que la OCDE -a la cual Perú aspira a ingresar-, y cuatro veces menor a la de Chile.

“No hay condiciones para lo trabajadores y eso se ve en una precaridad de ingresos que castiga la demanda interna de nuestra economía. Esta precariedad impulsa la infromalidad del mercado. Básicamente, tenemos subempleo por ingresos e informalidad, ese es el escenario de la superviviencia, el verdadero legado de Fujimori”, sentencia.