Elizabeth Medina votó a favor de ley que retrasó el allanamiento de su vivienda

La vivienda de la congresista Elizabeth Medina del Bloque Magisterial fue allanada en el marco de una investigación por presunto delito de corrupción. Este miércoles en la madrugada la Diviac y el Eficcop llevó a cabo el operativo en su domicilio en el Cercado de Lima, con el fin de ejecutar detención preliminar y la incautación de bienes.

El procedimiento, encabezado por la Fiscalía de la Nación a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales junto con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), se vio retrasado casi dos horas. El motivo atribuido a este retraso radica en las variaciones legales recientes.

La nueva ley 32108, favorecedora para el crimen organizado, exige la presencia del acusado y su abogado para los allanamientos fiscales y excluye delitos con penas menores a seis años en los procesos contra organizaciones criminales.

Esta ley, según el fiscal de la nación Juan Carlos Villena, compromete la efectividad de las investigaciones fiscales. La congresista Medina votó a favor de esta legislación junto con los seis miembros de su bancada, el Bloque Magisterial, en la primera votación. Villena afirmó que estos cambios legislativos afectan negativamente la eficacia de los procesos investigativos.

Durante el operativo, se confirmó que Medina se encontraba en el inmueble, a pesar de la demora inicial en el ingreso. Según las autoridades, la aplicación de dicha ley obstaculiza considerablemente la celeridad y efectividad de las investigaciones sobre corrupción y otros delitos conexos.

El Ministerio Público ya había manifestado su preocupación por esta problemática legal y advirtió que la normativa debilita la capacidad investigativa en casos de crimen organizado. El fiscal Villena resaltó que la ley 32108 obstaculiza las operaciones fiscales al permitir que criminales con sentencias menores eviten allanamientos fáciles y mermen la eficiencia institucional en la lucha contra la corrupción.

En julio de 2023, Elizabeth Medina, congresista del Bloque Magisterial, fue señalada por un testigo, el exfuncionario Julio Lorenzo Obregón, de haber recibido, junto con su esposo, Víctor Morales Chocano, pagos ilícitos a cambio de asegurar la ejecución de obras en Huánuco. Según informó la fiscalía, Medina y Morales son investigados por haber cobrado coimas por más de 250 mil soles, y como parte del operativo, se logró la detención preliminar judicial de seis personas.

El caso contra Medina y su esposo se centra en el presunto delito de corrupción de funcionarios y otros en agravio del Estado. Esta investigación surge de declaraciones de testigos y colaboradores eficaces, quienes señalaron que Morales cobraba coimas a funcionarios municipales para que Medina gestionara proyectos de obras desde el Congreso, según informó la fiscalía.

En noviembre y diciembre de 2021, Morales habría recibido un pago ilícito de S/ 136 mil de manos del entonces alcalde de Molinos, en Jauja, Junín, según relató Lorenzo Obregón a la fiscalía y a efectivos de Eficcop. Estos testimonios coinciden con el proporcionado por un colaborador eficaz sobre la dinámica de las coimas por obras en Huánuco.

El expediente también incluye el testimonio de un colaborador eficaz que narró una reunión entre Morales y el entonces alcalde del distrito de Molino, Jean Sumarán Lino, donde ofrecería ayuda para obtener obras a cambio de una coima equivalente al 6% del costo del proyecto.

Elizabeth Medina ha negado rotundamente todas las acusaciones. En declaraciones, aseguró que su patrimonio es producto de “negocios familiares” y no de “dinero mal habido”. Además, subrayó que la investigación se centra en su esposo, no en ella, y poniendo en duda la credibilidad de los testimonios al afirmar que una de las declaraciones clave ya ha sido retractada, lo que debería llevar al archivo del caso.

El Eficcop ha iniciado diligencias en su contra, aunque Medina insiste en que no existe base sólida para las acusaciones. La congresista argumentó que el origen de sus bienes no tiene conexión con actos de corrupción y que la fiscalía, en su fase preliminar de investigación, debe aclarar estos puntos basados en evidencia concreta.