El autogolpe de Alberto Fujimori: El día que atentó contra la democracia en Perú y dio inicio a la dictadura fujimorista

El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, murió a los 86 años de edad tras sufrir complicaciones en su salud por el cáncer que padecía y la última operación a la que fue sometido hace unos días. El líder del fujimorismo llegó al poder como un ‘outsider’ en 1990 luego de derrotar a Mario Vargas Llosa en las elecciones de ese año.

Durante el primer año de su gobierno, Alberto Fujimori, intentó concertar acuerdos con los diferentes poderes del Estado, pero al no tener mayoría en el exCongreso Constituyente, llevó a que anunciara el 8 de agosto de 1990 el ‘fujishock’ como medida drástica para regular la economía del Perú que pasaba por un período de hiperinflación heredado del primer gobierno de Alan García.

Posteriormente, en 1992, Fujimori emitió un mensaje a la Nación para dar a conocer la disolución del Congreso y otros poderes del Estado.

“... He decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República”, fueron las inesperadas palabras que dejó el expresidente Alberto Fujimori en su mensaje a la nación el 5 de abril de 1992. Aquella noche, todo el país se paralizó por el ataque al correcto orden democrático del Perú. En medio de las manifestaciones en todo el territorio, las cuales comenzaron con el paro de transportistas, en este 2022 se cumplen 30 años del discurso que dio el líder fujimorista en señal abierta y que puso en un estado agónico a la democracia.

Este fue un hecho que marcó la historia democrática del Perú. El golpe de Estado se dio un domingo 5 de abril de 1992 y contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas en su totalidad. Esta medida ocasionó que el presidente de turno absorbiera todo el poder de las instituciones públicas que rigen el correcto orden y justicia en todos los rincones del país.

¿Por qué lo hizo? De acuerdo a su plan, estos “cambios justificados” formaban parte de “la organización del poder judicial, Tribunal de Garantías Constitucionales, Consejo Nacional de la Magistratura y Ministerio Público”. El objetivo central era que estos organismos estén al servicio de la pacificación del país y erradicar la corrupción imperante en los instrumentos judiciales.

De acuerdo a un informe de acción del CIDH, la autoridad buscaba “evitar la impunidad de los crímenes perpetrados por el terrorismo, narcotráfico y la delincuencia organizada”. En esta línea de tiempo, el Congreso fue disuelto teniendo como antecedente que esta institución creó una comisión para investigar la matanza de Barrios Altos, perpetrada por el Grupo Colina el 3 de noviembre de 1991, evento que tuvo como presunto responsable a Fujimori.

Hace 30 años, el país quedó inestable por una serie de maniobras que Fujimori exponía al pueblo para justificar sus acciones. Indicó que el Congreso estaba obstruyendo las leyes que se requerían para la recuperación de la economía y la lucha contra la subversión. Sin rostros que defiendan al Poder Judicial y el Tribunal Constitucional desde su organismo interno, comenzaron las persecuciones y las transformaciones “a favor de la democracia”, según detalló el expresidente.

Aunque las autoridades que fueron expulsadas intentaron presentar los Recursos de Amparo, estos fueron rechazados, siendo reemplazados a la inmediatez. ¿Se violaron los derechos en el autogolpe de 1992? Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los denunciantes señalaron que se trató de una violación de los derechos garantizados por la Convención Americana, específicamente los que brindan garantías judiciales, el principio de legalidad y retroactividad; protección a la honra y de la dignidad; derechos políticos; igualdad ante la ley; y protección judicial.

48 horas después de lo ocurrido, se presentó los resultado de un sondeo que realizó la encuestadora Apoyo, el cual se ejecutó en Lima, donde se registró que del universo de encuestados, un 71 % de los ciudadanos aprobaban la disolución del Congreso Nacional y el 89 % se mostraba a favor de la reestructuración del Poder Judicial.

Tras el mensaje a la nación de Fujimori, las mujeres y hombres de prensa se desplazaron por las calles para poder reunir las primeras declaraciones de las autoridades sobre la radical decisión que tomó el mandatario. Ellos fueron retirados de los alrededores a Palacio de Gobierno, evitando su paso y siendo agredidos por las fuerzas del orden.

En respuesta a la violación de los actos democráticos en el territorio nacional, los principales medios de comunicación -alejados de los psicosociales y prensa amarillista- presentaron una edición especial en la que repudiaban los acontecimientos que se estaban viviendo en el Perú. Una de las portadas más recordadas es la que publicó La República, en la que dejó en blanco las páginas de política. Los diario internacionales expresaron su preocupación por el estado en que se encontraban los peruanos con las medidas tomadas por la supuesta “reorganización de los entes que imparten justicia”.

Por medio de las Fuerzas Armadas y Policiales se intentó detener el circuito de información, ya que se quería evitar que el país conozca detalles del autogolpe. Esta fue la poderosa razón para que se intervinieran radios, como Antena 1, y se vea a militares vigilando a todos los que ingresaban y salían de los edificios donde se encontraban las salas de redacción.

Cuando acudió a la Base Naval como testigo del proceso contra Vladimiro Montesinos, el dictador tomó unos segundos del interrogatorio para justificar el cierre del Congreso, expresando que los parlamentarios de turno querían vacarlo.

El orgullo por delante. Aunque fue el hombre detrás del acto inconstitucional que afectó a la democracia, Fujimori nunca se ha mostrado arrepentido. Para el año 2017, desde el penal de Barbadillo, se pronunció un 5 de abril para dejar unas palabras por el autogolpe que protagonizó. Este fue el mensaje que compartió en su cuenta de Twitter: “Para hacer tortillas hay que romper huevos. Alguien tenía que hacerlo. Desde la cárcel les digo: Valió la pena”.

Para culminar su escandaloso gobierno, en el 2000, Alberto Fujimori renunció a la presidencia por medio de un fax cuando se reveló que su asesor personal compraba el apoyo de congresistas a cambio de cuantiosas sumas de dinero. Este fue solo el inicio de la telaraña de hechos inescrupulosos, delictivos y de atentados contra los derechos de peruanos y peruanas.