Ataque armado en penal de Chincha deja a una abogada fallecida y un trabajador herido

La mañana de este miércoles se produjo un ataque armado en el penal de Chincha que dejó como resultado una trabajadora fallecida y otro herido. El atentado se dio antes de las 8:00 horas, cuando los servidores públicos llegaban al penal. Las indagaciones preliminares señalan que los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) fueron atacados por presuntos sicarios en una motocicleta, que realizaron varios disparos y luego huyeron del lugar.

Más tarde, el Inpe emitió un comunicado en el que confirmó el hecho y condenó el ataque con armas de fuego que se dio en los exteriores del E.P. Chincha contra trabajadores penitenciarios. La insitución precisó que la fallecida fue identificada como Fanny Flor Hernández Correa , trabajadora del area legal, mientras que el herido, quien fue llevado al Hospital San José se encuentra fuera de peligro, es Manuel Ricardo Cervantes Cruz.

“Nuestra Institución expresa sus condolencias a la familia de la fallecida y brindará todo el apoyo que sea necesario a los trabajadores afectados en este hecho. El Inpe mantendrá firme el principio de autoridad dentro de los penales del país”, añadieron.

El coronel de la Policía Daniel Elías Soto señaló a la prensa local, que una vez conocido el hecho los policías realizaron el plan cerco el cual habría provocado que los delincuentes abandonen sus unidades y escapen.

“La moto está intevenida porque estos sujetos se desplazaron en ella. Los testigos en lugar han visto que los sujetos usaron esa moto. Ahora sigue su identificación y capturarlos”, manifestó.

En tanto, Javier Lleque, jefe del Inpe, precisó que los trabajadores heridos fueron llevados al hospital de San José pero la servidora del área legal no pudo resistir, mientras que el trabajador fue somitido a una operación y está fuera de peligro.

“Esto no hace más que acreditar la alta exposición de nuestro personal, quienes por cumplir con sus labores, a veces tienen que pasar por momentos que para nosostros son de enorme conmosión.”, dijo a Canal N.

Añadión que no se conoce si los trabajadores eran previamente amenazados y que el caso está en investigación. “Estamos seguros que pronto la Policía los va a detener”, mencionó.

En cambio, el coronel Soto mencionó que sí hay versiones que señalan que la trabajadora habría recibido amenazas por internos del penal.

Hace unos días, las familias de internos del penal de Chincha revelarib la existencia de una red de extorsión dentro del centro penitenciario, donde los reclusos deben pagar una cuota semanal para garantizar su seguridad, según informes proporcionados por personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y obtenidos por el programa dominical Cuarto Poder.

Un trabajador del Inpe, quien prefirió mantenerse en el anonimato, confirmó estos informes y describió cómo los delegados de los pabellones cobran estas cuotas, que pueden oscilar entre los mil y mil quinientos soles, a manera de “derecho de piso”. “A los presos a veces les piden mil soles o mil quinientos soles. También hay un tema para pagar cama o derecho de piso”, explicó el trabajador al mencionado programa.

De acuerdo con las declaraciones del secretario general del sindicato de trabajadores del Inpe, Ángel Llancari, este cobro de cupos se deriva de las excesivas licencias otorgadas a los reos designados como ‘delegados’, quienes por lo general, manejan estas extorsiones bajo pretextos como la limpieza y organización de los pabellones. “Lamentablemente en el penal de Chincha hace mucho tiempo vienen ocurriendo una serie de situaciones que dejan muy mal a la institución. Se dan excesivos permisos a personas quienes los llaman delegados que hacen y deshacen en sus pabellones”, señaló Llancari en entrevista con Exitosa Noticias.

Además, Llancari subrayó que este esquema de extorsión no solo afecta a los internos, sino que también involucra a las parejas de los reos, quienes actúan como intermediarios y recogen los pagos fuera del penal. Los familiares de los internos han entregado pruebas de estos pagos a las autoridades, pero los esfuerzos para detener estas prácticas han resultado ser insuficientes.