El conductor de televisión Andrés Hurtado, implicado en una trama de tráfico de influencias y sobornos, reapareció este miércoles después de que el Poder Judicial ordenara un impedimento de salida del país en su contra por 15 días. A través de un video difundido en su cuenta de Instagram, desmintió los rumores sobre una posible fuga y acusó al periodista Beto Ortiz de orquestar un “complot” en su contra.
“Esto es un show televisivo para distraer con mi persona, y tiene repercusiones. (...) No he escogido ningún canal de televisión ni el mío (para dar descargos). No les voy a dar a nadie ninguna primicia ni regalar ningún show a nadie (...) Se lo voy a explicar con manzanitas y siempre va a ser desde aquí, desde mi país, como tiene que ser”, aseguró en el clip, que fue grabado el domingo tras anunciar su retiro de la televisión.
Además de sus declaraciones, el conductor publicó un audio atribuido al reportero Ismael Tasayco, quien fue despedido el viernes pasado del programa Beto a Saber, donde se reveló la presunta red de favores para beneficiar a futbolistas e investigados por minería ilegal.
Según Hurtado, Tasayco habría descubierto que Ortiz pretendía describirlo como el organizador de una fiesta para jueces y un “operador político”, lo cual fue comunicado a un interlocutor. “Él quería que maten a ‘Chibolin’ por un rollo (que tiene) con él, no sé. Le dije: ‘no, su tono ha sido misio, no ha habido trago, solo vino en la mesa’. (...) Hay botellas de agua, no tengo más evidencia. (...) La orden ha sido que lo vendan como un operador político”, se escucha en la grabación adjunta a la publicación.
Es la primera vez que la figura televisiva se refiere al escándalo en el que se encuentra involucrado. El lunes, tras admitir en el mismo programa que había organizado eventos para magistrados, publicó un video desde una clínica y dijo que sería sometido a una operación.
Ese mismo día, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Delfina Vidal la Rosa Sánchez, le envió una carta notarial para exigirle que desmienta haber organizado o producido “el almuerzo de camaradería por el Día del Juez en 2023″; de lo contrario, procederá con acciones legales.
El evento, de acuerdo con la magistrada, “fue solventado enteramente con fondos de los propios jueces y juezas de la Corte de Lima, mediante un aporte económico voluntario”. En el mismo pronunciamiento se refirió a los vínculos entre sus hijos, Rubén y Romina Gómez Vidal, y las hijas de Hurtado, e indicó que esas relaciones sociales “son propias de su edad y no deben ser motivo de vinculaciones maliciosas”.
Según Beto a Saber, Vidal la Rosa y el conductor coincidieron en múltiples viajes al extranjero, especialmente en Panamá. Sin embargo, la jueza explicó que estos viajes fueron por razones personales relacionadas con la “familia política de su hijo” y destacó que las escalas en Panamá fueron “por escalas”, ajenas a su voluntad.
Beto Ortiz no se ha pronunciado hasta ahora sobre el señalamiento de Hurtado, investigado preliminarmente por tráfico de influencias y cohecho activo junto con la fiscal Elizabeth Peralta, el empresario Javier Miu Lei (incurso en otro proceso por lavado de activos) y el colaborador eficaz Iván Siucho.
La semana pasada, la médica Ana Siucho acusó al conductor de solicitar un soborno de un millón de dólares a cambio de gestionar con la fiscal Peralta, especializada en delitos de lavado de activos, la devolución de 100 kilos de oro incautado. Según su testimonio, su primo y gerente de mineras, Javier Miu Lei, pidió la intervención de Hurtado debido a su supuesta cercanía con funcionarios del Estado.
También afirmó que intervino para que su otro hermano, el futbolista Roberto Siucho, obtuviera beneficios migratorios gracias a su cercanía con la exjefa de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Roxana del Águila, algo que ella ha negado enfáticamente.
Actualmente, la familia Siucho enfrenta un proceso por lavado de activos. Uno de ellos, Iván Siucho, es colaborador del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFFCOP) en el caso abierto por tráfico de influencias contra Nicanor Boluarte, hermano de la jefa de Estado. Además, la fiscal Peralta ha sido vinculada con la red mafiosa ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, un grupo de jueces y fiscales que traficaban sentencias a cambio de favores políticos o dinero.