Alfonso Bustamente, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) considera que el Gobierno peruano arriesga la imagen y estabilidad fiscal del país con el cambio abrupto de directorio en Petroperú. En diálogo con Infobae Perú, el titular del gremio empresarial pidió tomar con pinzas a los directores ingresantes, aunque señaló que esperar hasta octubre para una respuesta final para la petrolera estatal sería letal.
Pese a que, inicialmente, le había dado un espaldarazo al directorio Stark, finalmente la presidenta Dina Boluarte decidió el cambio de directorio. ¿Cómo queda ella frente a los empresarios?
Muy mal. Todo esto nos deja muy preocupados. Vamos a ver qué dice ahora la presidenta, pero lo que ha hecho deja a la empresa en zozobra y muestra que no hemos sido capaces de tomar decisiones oportunas para el salvataje de la empresa, habiendo ella misma aceptado la propuesta del directorio. No se toman las acciones conducentes. Hay una inacción del Ejecutivo. El Ejecutivo debe ejecutar y no prometer. Eso es muy fácil.
¿En cuánto tiempo deberíamos tener nuevo directorio?
Para comenzar, no deberíamos haberlo perdido, debimos haber evitado esta renuncia. Así que el nuevo debería estar inmediatamente.
El Gobierno peruano espera tener una respuesta final al caso Petroperú en octubre. ¿Cómo toman ese mensaje?
Con mucho malestar. Las necesidades financieras de la empresa tienen fecha de vencimiento antes de octubre. Decirles a los bonistas ‘espérame hasta octubre para que yo decida qué hacer’, lo único que genera es incertidumbre respecto al nuevo directorio.
¿En quién debería recaer el encargo de presidente del directorio de Petroperú? Un nombramiento que nadie quiere tomar.
Petroperú debería optar por un directorio profesional capaz y con experiencia en reestructurar empresas y deudas grandes. Es un tema de manejo empresarial. Creo que los funcionarios anteriores al directorio Stark no calificarían nuevamente, porque son responsables de este desastre y descalabro.
Claro, el falso nacionalismo les va a decir ‘sí, acá entendemos y tenemos capacidades para hacer todas las cosas’. Pues bueno, lo que han demostrado es tener capacidad para generar una empresa que pierde millones de dólares y, lamentablemente, son millones de dólares de todos los peruanos. Es un mucho lo que se puede hacer en infraestructura social con esos recursos.
Se maneja la posibilidad del exministro Oscar Vera para el cargo.
Sería muy malo, pero ya todo depende del Gobierno.
¿Por qué Confiep considera que esta decisión podría afectar la estabilidad macroeconómica del país?
La disciplina fiscal es importante, la hemos mantenido por mucho tiempo. Hemos excedido el rango meta del déficit y sin duda tenemos necesidades en el cierre de brechas sociales, estamos muy complicados con el tema de agua, carreteras, salud y educación. Sin embargo, lo que plantea Petroperú ahora es imposible.
Estos cambios en el directorio, después de que se ha hecho una propuesta muy razonable para reestructurarlo, aparentemente viene condicionado a un decreto que marca el retorno de funcionarios en buena parte reponsables del problema, lo cual es un sinsentido. Esto no ayuda a la confianza de la comunidad financieras que respalda a la propia compañía.
Se proyecta que este año romperemos el techo fiscal por segundo ejercicio consecutivo.
Y esto lo va a empeorar. Estos funcionarios quisieran ver a Petroperú como un barril sin fondo, una empresa sin controles ni gobernanza. Hemos hablado del ‘gato del despensero’, hay que tener cuidado con eso. No les interesa capitalizar los US$8.000 millones de deuda que la empresa tiene bajo la promesa de llevar combustibles a los pobladores mas lejanos, pero no se necesita esa cantidad.
Basta con una buena organización logística de distribución. Nos estamos dejando llevar por un grupo que tiene eco en el Ejecutivo, donde dicen que Petroperú puede con todo. Esto es un daño terrible para nuestras cuentas fiscales y la clasificación de riesgo del Perú.
¿Y en cuanto a la clasificación de riesgo del país?
Sería una segunda bajada en la clasificación, la primera consecuencia. Con ello, vendría el encarecimiento del dinero para el país, no solo el dinero con el que se financia el Estado, sino también el privado. Eso le afecta al prequeño comerciante, al que ese dinero le cuesta 12% ó 14% al año. Ahora, verá que eso subirá hasta el sector corporativo, donde está entre el 7% y el 8%, pero subirá hasta 10% sin ningún problema.