Era jueves 8 de enero de 2015 y en la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima los ojos del país entero estaban puestos en Alberto Fujimori. El expresidente, una figura que en su momento prometió estabilidad y lucha contra el terror, se encontraba enfrentando a la justicia una vez más.
Esta vez, el escenario no era menos sombrío: el espectro de la “Prensa Chicha” y los actos de corrupción que envolvieron su segundo mandato. En un papel, escrito con mano firme, Fujimori dejó clara su postura: “Injusta es la sentencia”. Sin embargo, el veredicto era inevitable.
La historia de la prensa sensacionalista en el Perú, conocida popularmente como “Prensa Chicha”, es un capítulo oscuro en la política del país. Estos diarios de bajo coste inundaron las calles en el año 2000 y no estaban allí por casualidad. Con titulares estridentes y sensacionalismo a flor de piel, se convirtieron en herramientas clave para la reelección de Fujimori, quien no dudó en utilizarlas para derrocar a sus competidores.
Condenado a 8 años de prisión
Quince años después, el 8 de enero de 2015, tras numerosas audiencias y testimonios, la justicia decidió poner fin a este capítulo. Tal como cuenta El Espectador, Fujimori fue condenado a ocho años de prisión, tres años de inhabilitación y al pago de tres millones de soles. La corte lo halló culpable de desviar fondos de las Fuerzas Armadas para financiar estos diarios y así asegurarse el control de la narrativa pública.
Los recuerdos de su controvertida renuncia en el año 2000 aún estaban frescos en la memoria colectiva. Desde Japón, donde buscó refugio durante su gira, envió su dimisión por fax. Luego, en un giro inesperado, apareció en Chile en 2006, sólo para ser extraditado a Perú al año siguiente. Esta nueva condena es solo una pieza más en el mosaico de delitos por los que ya cumplía 25 años, relacionados con las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.
La invasión de los medios chicha no fue un fenómeno aislado. Nombres como “El Mañanero” (1992), “El Chino” (1995), “La Chuchi” (1996), “La Reforma” (1997, “El Tío” (1998), “El Chato” (1998), “La Yuca” (2000), entre otros, se convirtieron en parte de la cotidianidad.
Estos periódicos, siempre a favor de Fujimori, dirigieron campañas contra figuras opositoras como Alberto Andrade, Luis Castañeda Lossio y Alejandro Toledo, asegurando un caudal de desinformación que favorecía al régimen.
La caída del Poder Judicial bajo su mando garantizó la impunidad durante su gobierno. Pero la independencia recuperada con el tiempo permitió que se hiciera justicia. En 2005, altas figuras, como su asesor Vladimiro Montesinos y los exgenerales Elesvan Bello y José Villanueva, fueron condenadas junto a publicistas y directores de estos medios sensacionalistas.
“Soy inocente”
Durante el juicio, Fujimori mantuvo su postura de inocencia. En la sala, con una mezcla de desafío y desesperación, mostró a las cámaras un mensaje escrito: “Gastos reservados se destinaron a la pacificación. Los desvíos a Diarios Chichas no fueron de mi autoría”. Sus palabras resonaron, pero no fueron suficientes para contrarrestar los testimonios contundentes en su contra.
Matilde Pinchi Pinchi, exsecretaria del Servicio de Inteligencia Nacional, fue una de las testigos clave. Relató sin titubeos cómo manejaba el dinero que llegaba de diversas ramas de las Fuerzas Armadas para financiar la campaña de reelección de Fujimori. Los pagos, reveló, alcanzaban hasta cinco mil dólares por cada titular favorable en los diarios chicha.
Más aún, el perito contable Óscar Aguilar confirmó el desvío de más de 17 millones de dólares de la Fuerza Aérea hacia el Servicio de Inteligencia Nacional, sellando el destino del expresidente.
En medio de un silencio solemne, la condena fue pronunciada. Fujimori, que una vez tuvo en sus manos el destino de una nación, ahora enfrentaba el peso de sus acciones. La justicia había hablado, y con ella, la esperanza de un Perú sin sombras del pasado.
Corte Suprema anuló condena un año después
Cabe precisar que, el 16 de agosto de 2016, la Corte Suprema anuló la condena de Fujimori en el caso de los ‘diarios chicha’, debido a la “falta de pruebas”. Esta decisión, tomada por la Sala Penal Permanente del alto tribunal, se basó en que no se acreditó la vinculación funcional de Fujimori con la custodia de los fondos públicos asignados al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), los cuales se usaron para financiar editoriales favorables a su campaña de reelección.
El tribunal anuló por unanimidad la sentencia que imponía a Fujimori ocho años de cárcel, tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de tres millones de soles como reparación civil. El documento judicial subrayó que existían razones equilibradas tanto a favor como en contra del ex mandatario, lo cual imposibilitaba afirmar o negar categóricamente su culpabilidad y responsabilidad.