Alberto Fujimori muere a los 86 años, justo después de dejar en suspenso su posible postulación a la presidencia: “Vamos a ver”

El exdictador Alberto Fujimori, cuyo mandato se desarrolló entre 1990 y 2000, falleció hoy a los 86 años. Su última aparición pública fue el pasado 4 de septiembre, cuando fue captado saliendo de la Clínica Delgado, en Miraflores, acompañado por su hijo Kenji Fujimori. En silla de ruedas y visiblemente afectado por problemas de salud, acudió a realizarse una tomografía de control.

Sin embargo, pese a su frágil estado, Fujimori dejó entrever la posibilidad de regresar a la política. En esa ocasión, cuando los medios le preguntaron sobre su posible candidatura a la presidencia en las elecciones de 2026, dejó la puerta abierta respondiendo de forma ambigua: “Vamos a ver, vamos a ver”, sin aceptar formalmente su candidatura, aunque esta había sido impulsada públicamente por su hija, Keiko Fujimori.

El exmandatario enfrentaba impedimentos legales para postular debido a su condena por delitos de lesa humanidad, pero algunos abogados cercanos al fujimorismo argumentaron que podía haber una vía legal para su candidatura.

William Paco Castillo, exabogado de Fujimori, sostenía que el exdictador podía postular, sosteniendo que el artículo 34-A de la Constitución, que prohíbe la candidatura de condenados por delitos dolosos, no podía aplicarse a Fujimori debido al principio de retroactividad. Según Castillo, la condena del antiguo mandatario se dictó antes de la promulgación de esa norma, por lo que no le afectaba.

El abogado Benji Espinoza, en cambio, rechazaba esta interpretación, argumentando que la norma era plenamente aplicable, dado que estaría en vigor en el momento en que Fujimori intentara postular. Además, subrayaba que la condena por delito doloso y la deuda por reparación civil que el expresidente aún mantenía con el Estado eran factores que le impedían legalmente ser candidato.

En la misma línea, el abogado Carlos Caro también apoyaba la inhabilitación de Fujimori, señalando que, aunque el indulto lo liberaba de cumplir su condena, no anulaba la obligación de pagar la reparación civil ni la inhabilitación perpetua estipulada en la Ley Orgánica de Elecciones, que impide a funcionarios condenados por delitos como corrupción postular a la presidencia.

Alberto Fujimori ingresó nuevamente en el top 10 de los personajes más poderosos del Perú, ocupando el noveno lugar con un 21% de influencia, según la última encuesta de poder de Ipsos publicada por Semana Económica.

Esta posición, que no tenía desde hace más de una década, se debía a su reciente liberación, su inscripción en el partido de su hija Keiko y su deseo de regresar a la vida política. Fujimori superó en influencia a figuras como José Arista (13%), Carlos Rodríguez Pastor (20%), Javier Arévalo (6%), Juan Carlos Villena (7%) y Mario Vargas Llosa (4%).

Algunos expertos, como el politólogo Paolo Sosa, consideran que el poder de Fujimori era más simbólico que real, ya que en los últimos años su figura fue utilizada como un instrumento de negociación política. Asimismo, la encuesta reveló que Keiko Fujimori, con su 21% de influencia, compartía el poder con la presidenta Dina Boluarte y César Acuña, gobernador de La Libertad, quienes tienen una cuota de influencia similar a la de la máxima autoridad del Estado.

Fujimori, quien había sido liberado en 2023 tras la restitución del indulto humanitario concedido en 2017, pasó sus últimos años entre controles médicos y reflexiones sobre su pasado político, que comprende el conflicto armado interno (1980-2000).

Como se recuerda, Fujimori está condenado por crímenes de lesa humanidad, específicamente por ordenar la ejecución extrajudicial de 15 personas en Barrios Altos en 1991, incluido un niño de ocho años, y de nueve estudiantes y un profesor en La Cantuta en 1992. Estos actos se consideran crímenes de lesa humanidad debido a su carácter sistemático y dirigido contra civiles, entre otros casos.