Alberto Fujimori: juicios pendientes, condenas y su millonaria deuda por reparación civil

Falleció el expresidente Alberto Fujimori la tarde del pasado miércoles 11 de septiembre a la edad de 86 años, luego de que horas antes se informara del grave deterioro de su salud. El exdictador estuvo acompañado de sus hijos, amigos y algunos dirigentes de Fuerza Popular durante sus últimos momentos de vida en la residencia de su hija, Keiko Fujimori.

El exjefe de Estado enfrentó una condición de salud delicada debido al cáncer de lengua que lo aquejaba. Además, en junio de este año sufrió una caída en su residencia que le fracturó la cadera. Con la muerte de Fujimori las investigaciones en su contra por los procesos pendientes cesarían, pero continuarán con los otros implicados.

En octubre de 2021, se aprobaron seis resoluciones supremas para solicitar a Chile que amplíe la extradición de Fujimori, con el fin de que sea juzgado por los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves, asociación ilícita para delinquir, peculado doloso, secuestro agravado y revelación de secretos de interés nacional.

Alberto Fujimori carga con cinco condenas y tiene varios procesos judiciales por los que aún no responde ante la justicia. En ese sentido, es importante recordar cuáles son los casos pendientes que enfrenta el exmandatario.

Uno de los pendientes es el conocido Caso Pativilca. De acuerdo con el Ministerio Público, al expresidente se le atribuye la responsabilidad del asesinato de seis comuneros a manos el grupo paramilitar Colina. El crimen ocurrió en la pampa San José y Caraqueño, en el distrito de Pativilca (Barranca), el pasado 28 de enero de 1992.

Las víctimas fueron identificadas como Toribio Ortiz Aponte, Jhon Calderón Ríos, César Rodríguez Esquivel, Felandro Castillo Manrique, Nieves Arias y Pedro Agüero Rivera.

En marzo de 2021, el juez Rafael Martínez del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio de la Corte Superior Nacional Especial abrió el proceso penal contra Alberto Fujimori y otros investigados por el Caso de las Esterilizaciones Forzadas.

La fiscalía denunció al exdictador como autor mediato por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, específicamente lesiones graves seguidas de muerte. Esta acusación se enmarca en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos y afecta a las víctimas Mamérita Mestanza, Alejandra Aguirre, y otras personas.

De acuerdo con el Ministerio Público, Fujimori y sus exministros establecieron una política de salud pública que en realidad se trataba de un programa de “esterilizaciones” que habrían sido practicadas sin el consentimiento de las mujeres víctimas.

El exdictador también enfrenta acusaciones en el Caso Chavimochic, que aún está pendiente de iniciar. Se le imputa haber entregado 800 mil dólares de los fondos públicos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) al empresario Augusto Miyagusuku. Este dinero habría sido utilizado por Miyagusuku para adquirir terrenos en el sector III del Proyecto de Irrigación Chavimochic del Valle de Virú, ubicado en La Libertad.

Según la tesis fiscal, la compra de estos terrenos fue el resultado directo de las actividades delictivas en las que ambos, Miyagusuku y Fujimori, estarían involucrados. Se sostiene que Miyagusuku actuó como testaferro de Fujimori en estas transacciones ilícitas.

Fujimori está acusado de los presuntos delitos contra la seguridad pública y la tranquilidad pública (asociación ilícita para delinquir), relacionados con la aparente venta de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

De acuerdo con Fiscalía, Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos vendieron ilegalmente 10 mil fusiles AK-47 a la FARC. El armamento de guerra fue entregado a la guerrilla lanzándolo en cajas con paracaídas sobre la selva de Colombia.

El expresidente y Montesinos habrían creado el denominado ‘Plan Siberia’, una falsa operación militar de inteligencia en la que supuestamente habría desarticulado una red de venta ilegal de armas a la FARC. Sin embargo, inteligencia de Colombia y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos estaban al tanto de que la guerrilla compraba armas al Gobierno peruano.

El libanés Sarkis Soghanalian confesó a los agentes de la CIA que la compra de armas fue coordinada con Vladimiro Montesinos en Lima. El exasesor presidencial y jefe del SIN fue condenado a 20 años de cárcel por este caso.

Javier Pacheco, actual Procurador General del Estado, conversó con Canal N para informar que el exdictador Alberto Fujimori mantiene una millonaria deuda por reparación civil por la que “no ha pagado ni un sol”.

“Él fue sentenciado por siete casos. De los cuales, tres están vinculados a corrupción, y uno de estos fue el famoso pago de la CTS a Vladimiro Montesinos por 7 millones. Entonces, respecto a eso, se le impuso en suma un total de 27 millones de soles, dentro de los cuales, más los intereses al día de hoy suman 57 millones, de los cuales no ha pagado ni un sol”, expresó Pacheco para el mencionado medio.

De acuerdo con el artículo 96 del Código Penal, el pago de la reparación civil estaría limitado al valor de la ‘masa hereditaria’. Es decir, si el valor de la masa hereditaria es menor que la deuda de reparación civil, el monto a pagar no podría exceder el valor de la masa hereditaria.

“La obligación de la reparación civil fijada en la sentencia se transmite a los herederos del responsable hasta donde alcancen los bienes de la herencia. El derecho a exigir la reparación civil se transfiere a los herederos del agraviado”, establece el Código Penal.

Alberto Fujimori ha enfrentado diversas condenas por sus actos durante su presidencia, comenzando con su primera condena el 11 de diciembre de 2007. En ese día, fue sentenciado a seis años de prisión por usurpación de funciones debido al allanamiento ilegal de la casa de Trinidad Becerra, esposa de su asesor Vladimiro Montesinos, ocurrido el 7 de noviembre de 2000. Este allanamiento fue realizado con la intención de ocultar evidencia tras la difusión del primer ‘vladivideo’, y Fujimori fue hallado responsable de haber ordenado la suplantación de un fiscal y el saqueo de documentos comprometidos.

Luego, el 20 de julio de 2009, Fujimori recibió una condena de 7 años y medio de prisión por peculado doloso y falsedad ideológica. Esta condena se debió al pago de 15 millones de dólares de fondos estatales a Montesinos como compensación de tiempo de servicios (CTS). Aunque Fujimori admitió la apropiación del dinero y su uso para que Montesinos abandonara el país, no mostró arrepentimiento por su conducta, y el proceso se resolvió rápidamente al acogerse a la terminación anticipada.

Más tarde, el 7 de abril de 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por homicidio calificado con alevosía y secuestro agravado, relacionados con las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como las detenciones de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer. La Sala Penal Especial, presidida por el juez César San Martín, destacó que estas violaciones a los derechos humanos formaban parte de una estrategia sistemática de “guerra de baja intensidad” del gobierno de Fujimori, en colaboración con Montesinos y el ex comandante general de las Fuerzas Armadas Nicolás Hermoza Ríos.

Finalmente, el 30 de septiembre de 2009, Fujimori fue condenado a seis años de prisión por corrupción relacionada con pagos ilegales a congresistas tránsfugas, espionaje y la compra de medios de comunicación. Sin embargo, el 8 de enero de 2015, fue condenado nuevamente, esta vez por peculado relacionado con el desvío de 122 millones de soles al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para financiar los “diarios chicha”. Esta última condena fue anulada en agosto de 2016 por la Sala Permanente de la Corte Suprema, presidida por Javier Villa Stein, quien absolvió a Fujimori.