Diviac allanó los domicilios de tres fiscales cercanos a Patricia Benavides por vínculos con ‘Los Cuellos Blancos’

En una intervención en conjunto de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) y la Fiscalía Superior del Equipo Especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, permitió el allanamiento de tres domicilios vinculados a fiscales, quienes serían parte de la organización criminal conocida como ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

Según la orden generada por el Poder Judicial, los intervenidos fueron Abelardo César Caycho Ramis, Angie Liseth Távara Roque, y Cristhian Genaro Alfaro Cáceres, quienes actuaban como personal de confianza durante la gestión de la ex fiscal de la Nación, ahora destituida de sus labores por la Junta Nacional de Justicia en medio de acusaciones por corrupción por los delitos de peculado doloso agravado y cohecho pasivo específico, en agravio del Estado.

El documento también indicaba que los domicilios podían ser registrados bajo el apercibimiento de descerraje en caso de que los implicados presenten algún tipo de resistencia en el cumplimiento de la orden judicial.

A finales del mes pasado, el 29 de agosto, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia aprobó en parte la solicitud de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, la cual buscaba obtener 36 meses de impedimento contra la exfuncionaria. Al final, el colegiado impuso la mitad: 18 meses de impedimento de salida del país.

La medida, según el documento al que accedió Infobae Perú, inició su vigencia desde el jueves 29 de agosto y estará activa hasta el 28 de febrero del 2026.

De acuerdo al pedido del Ministerio Público, la restricción de su salida responde a la necesidad de asegurar su presencia durante las investigaciones y posibles procedimientos legales vinculados a presuntos delitos de organización criminal agravada, cohecho activo y pasivo, patrocinio ilegal, negociación incompatible, tráfico de influencias y otros, en agravio del Estado; los cuales suman una posible de condena de más de 30 años.

Si bien la defensa de Benavides argumentó que su cliente ha cumplido con todas las citaciones judiciales, según la tesis fiscal, existe el riesgo de fuga debido a que Benavides Vargas no solo tendría facilidades para salir del país, sino también conexiones políticas que podría aprovechar para evitar la justicia.

Por otro lado, la fiscal suprema Delia Espinoza, ordenó que el Ministerio Público inicie diligencias preliminares contra el magistrado y expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Francisco Morales Saravia por presunto delito de cohecho pasivo específico, según una resolución a la que accedió Epicentro.

La acción surge tras la declaración de un colaborador eficaz, a la que accedió Infobae Perú, en la que se señaló a Morales Saravia como el nexo para que la exfiscal de la Nación Patricia Benavides obtuviera apoyo en una demanda competencial contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Según el documento, Patricia Benavides junto con sus exasesores Jaime Villanueva y Miguel Girao idearon la demanda competencial ante el riesgo de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la suspendiera. Ello a partir de la remoción de Bersabeth Revilla, exfiscal suprema provisional, quien investigaba a la jueza Enma Benavides -hermana de la ex fiscal de la Nación- por presunto recibo de sobornos en favor de procesados por narcotráfico.