ProInversión ha recibido a empresarios de la zona bancaria de San Isidro interesados en el edificio central de Petroperú

Empresarios de la zona bancaria de San Isidro, donde operan centros comerciales, inmobiliarias, aseguradoras y los principales bancos del país de forma circundante al edificio central de Petroperú, se han reunido con altos funcionarios de ProInversión para lanzar una oferta por el coloso ubicado en la avenida Canaval y Moreyra.

Fuentes del sector precisaron a Infobae Perú que se ha concretado más de una reunión en lo que va del año a pedido de los propios empresarios del enclave financiero. ProInversión, agencia adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), alquila actualmente el piso 9 del edificio de Petroperú, y ha recibido el llamado para la desvinculación del activo.

ProInversión maneja dos posibilidades para los empresarios de la zona, dominada por los principales cuatro bancos del país: desagregar este activo, considerado no crítico para los intereses de la petrolera estatal, mediante una Asociación Público-Privada (APP), o mediante Proyectos en Activo (PA).

También se tendrá que definir si se adjudicará toda la infraestructura, o solo quedarán algunos pisos bajo el control de la petrolera, que recientemente pidió que su personal fuera trasladado a Talara, en medio de un plan de ceses voluntarios asociado a otros desincentivos laborales.

“Quieren aprovechar el edificio central de Petroperú para integrarlo como parte de este circuito comercial en toda la zona financiera de San Isidro”, explicó para Infobae Perú.

Se desconoce si las reuniones entre los empresarios de la zona bancaria de San Isidro y ProInversión se consumaron antes de que el directorio de Oliver Stark recomendara la quiebra de la estatal peruana ante los ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas.

En una entrevista con La República, el presidente Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú (CTTP), Miguel Cordano, aseguró que solo el terreno donde se encuentra el coloso de 22 pisos -que destaca sobre los bloques de edificios mas bajos de 2, 4 y 5 pisos de altura- vale unos US$43,5 millones, una cifra que no haría “cosquillas sobre la deuda total de Petroperú”, según el propio especialista.

Lo cierto es que ProInversión solo cumple los encargos que, por su naturaleza, le da el Estado peruano. La decisión de vender o adjudicar mediante AAP o AP el edificio central de Petroperú corresponde a su directorio y, en última línea, a la Junta general de accionistas (JGA) de la petrolera, integrada por el MEF y el Minem.

Aurelio Ochoa Alencastre, especialista en temas energéticos, va más allá y recalca que, de comprobarse que el comprador o interesado es uno de los principales cuatro bancos del país (BCP, Interbank, BBVA o Scotiabank), la operación tendría que transparentarse, toda vez que algunos de los actuales directores de Petroperú provienen de ese segmento del mercado. Es el caso de David Tuesta y Germán Boza, por ejemplo.

“La salida de estos activos prescindibles no van a solucionar el tema financiero. Parece más un mensaje, porque comparado con la deuda es una miseria. Hay que procurar que el edifico sea transferido de manera transparente, para que no haya una situación donde ya le hayan apuntado y hagan lo posible, entre gallos y media noche, por tomar el local”, indicó.

Por su parte, el expresidente de Petroperú, Alejandro Narváez, aseguró para este medio que recuperar frente a Repsol una cuota de mercado del 30% en el Perú (actualmente tiene menos del 25%) le permitiría a la petrolera elevar su facturación a US$6.000 millones cada año, suficientes para sortear mejor sus compromisos impagos.

“No hace falta una venta sin tener claro las causas de la crisis. No sé con qué interés se quieren deshacer de este y otros activos, pero lo que sí sé es que las cuentas de la empresa no son tan dramáticas como dicen los directores. Decir que la empresa no vale nada, no resiste ningún análisis serio”, refiere Narváez.

Finalmente, otro expresidente de Petroperú, César Gutiérrez, consideró para Infobae Perú que es una “aberración” la propuesta del nuevo directorio de incluir una PMO -utilizada, mayormente, en proyectos inmobiliarios o de otra índole- para administrar el destino de la empresa y sus activos, en una decisión que señaló “precipitada” mientras no se haga una tasación consciente del inmueble.

En su lugar, Gutiérrez saludó la propuesta de extender las líneas de crédito de Petroperú, mientras se avanza con el traslado de personal a Talara y la reducción de personal, de la cual también mantiene sus dudas.

“Salvo que busques un régimen de excepción, como el de los Juegos Panamericanos, donde hasta ahora no se rinden cuentas sobre lo que costó el proyecto. No existe una sola petrolera en el mundo que sea administrada por una PMO, los conflictos de interés serán enormes. Es una aberración lo que está comprando el Ejecutivo”, espetó.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aseguró en una reciente entrevista para Punto Final que la quiebra de Petroperú no está entre las cartas que maneja el Poder Ejecutivo para solucionar la crisis financiera de la estatal, pues socavaría la imagen del país hacia los mercados internacionales.

En esta línea, remitió que en octubre próximo se tendrá lista la decisión para salvar a la empresa estatal, a la cual ya se le ha ofrecido extender el pago de su deuda de US$750 millones con el Estado peruano hasta 2028.

“Estamos terminando de definir los términos de referencia, será una contratación internacional, y para octubre ya habrá novedades”, finalizó.