Las acusaciones que rodean al nuevo ministro de Vivienda: obras inconclusas, millonarias pérdidas y pagos ilegales de Odebrecht

El martes 3 de septiembre en Palacio de Gobierno, Durich Whittembury Talledo asumió el cargo de ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en reemplazo de Hania Pérez de Cuéllar, quien, tras más de año y medio al frente de la cartera, se despidió con un video que parecía denotar alivio. Ingeniero químico con una trayectoria en el sector público, Whittembury no es un nombre ajeno a la controversia. Varios de los proyectos en los que ha estado involucrado, como director de programas del Ministerio de Vivienda, cargan con graves denuncias de corrupción, coimas y obras inconclusas que han dejado un millonario perjuicio al Estado peruano.

Según un reportaje de Cuarto Poder, entre sus antecedentes más sonados se encuentran tres grandes proyectos de agua y alcantarillado en distintas regiones del país. En Cajamarca y Loreto, las obras, además de acumular años de retraso, presentan un cuadro desolador de abandono. Los contratos, firmados bajo su dirección, involucraron a un empresario sentenciado por corrupción, y no son pocos quienes señalan su relación con personajes investigados por el caso Lava Jato, que destapó la red de corrupción de la empresa Odebrecht.

Uno de los episodios más controvertidos de la carrera de Whittembury se remonta al 2005, cuando dirigía un programa de saneamiento en Chimbote, bajo el Ministerio de Vivienda. Jorge Barata, entonces representante de Odebrecht en Perú, confesó ante la Fiscalía que entregó millonarias sumas a cambio de la adjudicación de una obra. Según las declaraciones, Whittembury estuvo directamente involucrado en la firma del contrato que otorgó la licitación al consorcio de Odebrecht. Esta información se encuentra detallada en los archivos del equipo Lava Jato.

Aún más comprometedora resulta la mención de un personaje identificado como “Pescador”, que, según las investigaciones, sería Werner Guevara Vargas, un cercano colaborador del ahora ministro. Guevara y Whittembury coincidieron en varias adjudicaciones de obras, tanto en Chimbote como en otras regiones como Cajamarca y Loreto. Las acusaciones sobre la participación de ambos en el tráfico de influencias y el otorgamiento irregular de contratos no han sido plenamente esclarecidas.

La Comisión Investigadora del Congreso emitió un informe que detalla las responsabilidades de varios funcionarios del Gobierno Regional de Cajamarca en un millonario perjuicio al Estado. Entre los señalados figura Whittembury, quien ocupaba el cargo de director ejecutivo de Proregión, un programa que tenía como objetivo impulsar proyectos de infraestructura en la región.

Los documentos del Congreso indican que, durante su gestión, se aprobaron expedientes incompletos que no cumplían con los estándares técnicos mínimos. Esto resultó en sobrecostos y en obras que aún hoy, más de una década después, no han sido concluidas. Un caso es el proyecto de saneamiento en Cutervo, donde la planta de tratamiento que debería haber estado operativa hace 13 años sigue inactiva. Otras obras en la misma zona muestran un panorama similar: infraestructuras abandonadas y poblaciones que continúan esperando por servicios básicos.

La sombra de las obras inconclusas y los contratos irregulares no solo persigue a Whittembury en Cajamarca. En la región Loreto, donde también ejerció como director de una unidad ejecutora, actualmente enfrenta tres investigaciones en curso. Las acusaciones, relacionadas con lavado de activos, tráfico de influencias y delitos contra la administración pública, siguen su curso en el Ministerio Público.

Según documentos de la Fiscalía, las investigaciones apuntan a la presunta participación de Whittembury en un esquema que involucra a varios funcionarios públicos y empresarios. Aunque el ministro ha negado en reiteradas ocasiones su implicación, la evidencia recopilada por la Fiscalía continúa sumando elementos que podrían complicar su situación legal.

En respuesta a las crecientes denuncias, el Ministerio de Vivienda emitió un comunicado donde defiende la gestión de Whittembury. “El ministro de Vivienda no enfrenta sanciones administrativas ni procesos penales o civiles. No hay cuestionamientos a su desempeño en Proregión, donde laboró desde el año 2009 hasta junio del 2021 como gerente público de Servir”, se lee en el documento.

El comunicado también busca desmarcar al ministro de las investigaciones relacionadas con Odebrecht, afirmando que “los cuestionamientos sobre ProRegión están vinculados a proyectos de 2014, bajo una administración diferente”. Respecto a las investigaciones fiscales en Loreto, se aclara que “la investigación, en etapa preparatoria desde junio de 2023, no implica a Whittembury en lavado de activos, sino en una presunta asociación ilícita para delinquir”.