La presidenta Dina Boluarte dispuso que agentes de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior vigilaran a la exministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, semanas después de que solicitara una reunión para advertir a la mandataria sobre presuntos malos manejos en la ejecución de obras de infraestructura.
Según un informe difundido este viernes por Hildebrandt en sus Trece, que cita a un alto funcionario del Ejecutivo, Boluarte interpretó esta solicitud como una amenaza y ordenó la vigilancia. Un equipo de efectivos policiales siguió a la exfuncionaria durante varios días y reportó que se habría reunido al menos una vez con el expremier Alberto Otárola.
Pérez de Cuéllar, quien integraba la plancha ministerial desde diciembre de 2022 y fue sustituida sin asistir a la toma de juramento de su sucesor, no confirmó ni negó las informaciones cuando fue consultada por la revista. “Por el momento no haré declaraciones. Los chismes llegan a niveles de ciencia ficción”, señaló.
En privado, Boluarte ha culpado a Otárola de filtrar al portal La Encerrona datos sobre los relojes de lujo Rolex que recibió del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, un caso por el que enfrenta una denuncia constitucional por presunto cohecho.
La supuesta reunión precipitó la salida de la exministra. La mandataria, de acuerdo con la publicación, tampoco recibió con agrado las declaraciones que Pérez de Cuéllar ofreció la semana pasada en Juliaca, donde pidió “con profunda humildad que oren, que recen por todas las autoridades, para que no flaqueemos, para que no seamos tentados en robar”.
La exministra se enteró de su destitución solo unas horas antes de la ceremonia de juramentación, pero tuvo tiempo de grabar un video donde anunció su “renuncia” al cargo. “Se fue muy molesta”, comentó uno de sus asesores al semanario. En total, Boluarte realizó cuatro cambios en su gabinete en medio de insistentes pedidos de agrupaciones opositoras y cercanas al gobierno para sustituir a varios ministros.
La llamada más recurrente era la salida del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien mantiene un enfrentamiento abierto con la Fiscalía y ha amenazado con denunciar a los medios de comunicación que lo vinculen con casos que actualmente se están investigando. Con estas remociones, el gabinete ha llegado a contar con 55 ministros desde que Boluarte asumió la jefatura del Estado el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, luego de intentar un fallido golpe de Estado.
Reuniones con Harvey Colchado
La jefa de Estado dejó de confiar en Pérez de Cuéllar al enterarse de que se había citado a sus espaldas con el coronel Harvey Colchado, exjefe del equipo que allanó el domicilio presidencial. Las reuniones ocurrieron al menos cinco veces entre diciembre de 2022 y abril de 2023 en una casa de seguridad de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) en Surco.
La exministra solicitó estos encuentros para pedir investigaciones sobre funcionarios del Ministerio de Vivienda sospechados de corrupción. En una de estas reuniones, informó a Colchado sobre la orden de nombrar a Héctor Piscoya Vera como presidente del directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), al insinuar que era un recomendado de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta.
Así, sin saberlo, proporcionó pistas que llevaron a investigaciones por parte de la DIVIAC y el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFFICCOP). Según la revista, Pérez de Cuéllar no fue clara con Boluarte sobre estas reuniones y, cuando el programa Cuarto Poder las reveló, la presidenta la acusó de deslealtad. Desde entonces, la relación entre ambas se deterioró significativamente.
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