Juan José Santiváñez Marín, coronel en retiro de la Policía Nacional (PNP) y padre del actual ministro del Interior, emprendió acciones legales contra la cartera que dirige su hijo con el objetivo de ser ascendido al grado de general y obtener una indemnización de $35,000 por daños y perjuicios. Ambos casos llevan varios años en proceso en el Poder Judicial, según un informe difundido este viernes por Hildebrandt en sus trece.
La demanda por el ascenso fue presentada en agosto de 2018 ante el 34.º Juzgado Especializado de Trabajo Permanente. Santiváñez solicitó un ascenso excepcional con todas las prerrogativas, honores y remuneraciones retroactivas. Su lucha por obtener el grado había iniciado en 2007, durante la administración del expresidente Alan García (1949-2019), que le negó el galón.
En 2008, una jueza concedió una medida cautelar a su favor; sin embargo, el Ministerio del Interior argumentó que los ascensos eran una facultad discrecional del presidente y no acató la orden. El caso permaneció estancado hasta que fue retomado en 2018. Consultado por la revista, el coronel indicó que ha congelado sus aspiraciones desde que su hijo asumió la cartera, “por una cuestión ética”.
“Les hice conocer a los abogados que no se hiciera absolutamente nada (mientras su familiar directo lidere el portafolio)”, Señaló. Sin embargo, desde la Procuraduría Pública del sector Interior, encargada de enfrentar la demanda, indicaron que el expediente “sigue en trámite”. De acuerdo con el informe, pese a que esta procuraduría es autónoma en el papel, depende administrativamente del Ministerio del Interior, que paga los sueldos, el local, los servicios y la logística de los funcionarios que deberán enfrentar en los juzgados a los abogados del coronel.
Además, mucha de la documentación administrativa requerida en este tipo de procesos depende de la PNP, subordinada al ministro Santiváñez. En última instancia, si el juzgado accede a las pretensiones del coronel, es el Ministerio del Interior el que tendría que oficializar el ascenso con una resolución, reseña el reportaje.
El coronel también presentó en 2015 una demanda en la que solicitaba una compensación de $35,000, aparentemente relacionada con su pase al retiro. Este expediente continúa en trámite. Además, en 2008, su hijo, quien lo defendió legalmente, interpuso una demanda de hábeas corpus para protegerlo de dos procesos disciplinarios en la PNP.
Según la demanda, los oficiales a cargo de las investigaciones actuaban en represalia debido a denuncias previas hechas por el coronel. Los procesos disciplinarios versaban sobre presunta inconducta funcional relacionada con el cambio de gestión del I.E. PNP Alférez Mariano Santos Mateo de Tacna y supuestas irregularidades en la administración de recursos de la Región Policial de Tacna en 2007. De acuerdo con el semanario, el Tribunal Constitucional declaró improcedente el hábeas corpus en 2009.
Ministro cuestionado
Juan José Santiváñez es actualmente uno de los ministros más allegados a la presidenta Dina Boluarte, a pesar de estar implicado en una controversia por la difusión de una serie de audios filtrados por el capitán Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’.
Esta semana, la mandataria realizó cuatro cambios en su gabinete de ministros, pero él se mantuvo en su puesto, aun cuando desde el Congreso el pedido más recurrente era su salida. Según las grabaciones que se le atribuyen, el Gobierno brinda protección al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y Boluarte le ordenó, al asumir el cargo en mayo pasado, cerrar la división policial que la investiga.
El ministro insiste en que los audios son falsos, aunque admitió haberse reunido con ‘Culebra’ en un restaurante donde conversaron durante más de dos horas. “Mis abogados ya están haciéndose cargo de la situación. Voy a tomar acciones legales contra los medios de comunicación que han relacionado mi imagen con los audios”, advirtió.
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