Memorando interno confirma que sigue en pie el traslado del Archivo General de la Nación a El Callao

La historiadora Cecilia Méndez reveló un documento dirigido a Hernando Pizarro Belleza, director de la Dirección de Conservación, donde se le solicita habilitar el centro de acopio para trasladar los archivos del Palacio de Justicia a la sede no apta, pese a alertas de la Contraloría

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Archivo General de la Nación
Archivo General de la Nación (AGN) continúa en alto riesgo por planes internos. Foto: Andina

La historiadora Cecilia Méndez reveló un documento interno del Archivo General de la Nación (AGN) que confirma la persistencia de los planes para trasladar los valiosos archivos históricos de la sede actual en el Palacio de Justicia a una bodega en El Callao.

A través de su cuenta de Facebook, Méndez cuestionó: “¿Quién nos miente?” y expuso un memorando fechado el 6 de septiembre de 2024 que solicita la instalación de un centro de acopio para las cajas que contendrán los archivos durante su traslado.

Documento fechado el 6 de
Documento fechado el 6 de setiembre de 2024 fue difundido por la historiadora Cecilia Méndez.

¿Qué dice el documento?

El memorando N° 000634-2024-AGN/DAN, dirigido al director de la Dirección de Conservación, Hernando Pizarro Belleza, solicita la habilitación de una oficina al costado de la Sala de Verificación para la instalación del Centro de Acopio N°02. Este centro se utilizaría para ubicar las cajas con los archivos que serán trasladados desde la sede del Palacio de Justicia a la nueva sede en El Callao.

Esto, a pesar de las promesas del Ministerio de Cultura (Mincul) de instar al Poder Judicial a que no se realice el desalojo del AGN sin una sede definitiva y adecuada, lo que contraviene las afirmaciones de la exministra Leslie Urteaga, quien había anunciado que buscarían una prórroga para evitar el traslado, y del actual ministro, Fabricio Valencia, quien manifestó la intención de construir una nueva sede idónea.

Exministra de Cultura, Leslie Urteaga,
Exministra de Cultura, Leslie Urteaga, se comprometió a evitar traslado a sede de El Callo. Foto: Mincul

Riesgos para el patrimonio documental

Desde el año pasado, la bodega en El Callao, propiedad del Consorcio Transel, ha sido señalada por la Contraloría como un lugar no apto para la conservación de documentos históricos y con riesgos adicionales debido a su proximidad a fábricas que manejan materiales inflamables. Además, de acuerdo a informes de la entidad fiscalizadora, el inmueble no está legalmente saneado y se encuentra hipotecado.

En ese sentido, las acciones para ejecutar el traslado generan dudas sobre los intereses que motivan esta decisión. Méndez cuestiona si las autoridades del AGN están al tanto de las disposiciones del Mincul o si existen otros intereses detrás de este traslado.

Ante ello, la historiadora hizo un llamado a la ciudadanía y autoridades para que se tomen medidas que garanticen la protección del acervo documental del país.

“¿Ignoran en el AGN lo dispuesto por el actual Ministro de Cultura y su antecesora? ¿Conocen los contundentes informes de la Contraloría que lo señalan como un lugar no apto para documentos históricos y riesgoso para los trabajadores? ¿O será qué hay intereses ajenos al público para ejecutar este traslado? ¿Quién realmente es la autoridad que decide sobre el acervo documental del Archivo General de la Nación?”, cuestionó la historiadora.
Desde el año pasado, la
Desde el año pasado, la Contraloría viene adviertiendo sobre riesgos de nueva sede. Foto: Andina

Traslado vulneraría derecho a la identidad cultura y otros más

En ese marco, cabe mencionar que, el pasado 12 de agosto, tres historiadores, respaldados por el Grupo de Historia del Derecho de la Universidad Científica del Sur, presentaron una demanda de amparo ante el Poder Judicial para detener el traslado del AGN al almacén industrial en El Callao por no cumplir las condiciones básicas para la conservación de los documentos históricos.

La demanda, impulsada por Magally Alegre, Joseph Dager y Margarita Guerra, sostiene que el traslado vulnera derechos fundamentales como la identidad cultural y el acceso a la cultura, y que la acción es incompatible con la obligación del Estado de proteger el patrimonio documental, según el artículo 21 de la Constitución.

El contrato con Transel, único postor en el proceso de adjudicación, es por más de 12 millones de soles y abarca un periodo de tres a cinco años.

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