Las trabas que enfrentan la Fiscalía y la PNP con la nueva ley de crimen organizado

El Congreso continúa con sus ataques a la autonomía del Ministerio Público y aprueba leyes que atentan contra la Constitución. El último 5 de setiembre, se aprobó en segunda votación el dictamen que modifica el Código Penal y otorga facultades a los miembros de la PNP para realizar investigaciones preliminares.

Esta norma ha sido calificada como inconstitucional por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, y alertó que los fiscales ya no podrán conducir las investigaciones preliminares.

La aprobación de esta medida es parte del permanente enfrentamiento que existe entre los tres poderes del Estado. Como se recuerda, la Fiscalía emitió comunicados rechazando las normas aprobadas por el Congreso que cuentan con el respaldo del Ejecutivo.

Es más, en un último pronunciamiento denunciaron que el proyecto de ley de presupuesto 2025 aprobado por el Consejo de Ministros y presentado ante el Congreso resulta “lesivo” para la institución ya que no se han asignado los recursos suficientes para que puedan seguir con las investigaciones.

Cabe señalar que el Ministerio Público se encuentra investigando a la presidenta Dina Boluarte y a otros altos funcionarios del gobierno, así como a congresistas y líderes políticos.

Los congresistas defensores de esta norma alegan que otorgar facultades a los efectivos de la Policía Nacional del Perú para iniciar las investigaciones preliminares agilizará este proceso y beneficiará a las partes involucradas.

Sin embargo, el abogado penalista Julio Rodríguez señaló que “las pruebas recolectadas por la PNP no podrían ser utilizadas en un juicio porque son los fiscales quienes dan legalidad a la investigación”.

Asimismo, dijo que mientras un Policía se formó un año, los fiscales tienen una educación de ocho años para determinar que puede o no ser considerado un delito.

El exfiscal supremo Martín Salas coincide con lo dicho por Rodríguez e indica que la norma atenta contra las funciones que, según lo establecido por la Constitución, le corresponden al Ministerio Público.

Esta no es la única norma aprobada por el Parlamento que dificulta la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, recientemente se aprobó una nueva ley que indica que los abogados de los investigados deben estar presentes cuando la PNP allane una vivienda.

En los últimos días, a través de los medios de comunicación se evidenció lo perjudicial que resulta este cambio para el trabajo de la Policía, ya que durante los allanamientos se vieron obligados a esperar por largas horas a que se presente el abogado del investigado al lugar.

Un ejemplo es el operativo Tormenta, que se realizó la madrugada del viernes 6 de setiembre, pero tuvo que ser suspendido porque los abogados de oficio inician su jornada laboral a las 8:00 a.m.

En esa diligencia se capturó a una banda criminal que se dedicaba a asaltar camiones provenientes del terminal portuario de Villa Oquendo, en el Callao.