“Se viene la vacancia presidencial”: Susel Paredes advierte que veracidad de audios podría complicar gobierno de Dina Boluarte

La congresista Susel Paredes, del Bloque Democrático Popular, afirmó que impulsará una moción de vacancia presidencial contra la presidenta Dina Boluarte si se verifica la autenticidad de los audios atribuidos al ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

Durante una entrevista con RPP Noticias, Paredes indicó que, de comprobar la veracidad de estos audios, considera inaceptable que la presidenta permita que un condenado prófugo sea escondido en el vehículo presidencial.

En un contexto donde el Ministerio Público ha emprendido pericias para comprobar la veracidad de los audios que involucran al ministro Santiváñez, también se ha decidido investigar las rutas del vehículo presidencial mediante el análisis de sus dispositivos GPS.

“Los carros tienen GPS y eso tiene que analizarse. Además, hay turnos, destinos, y entregas de las llaves (del auto). Está muy bien lo que ha pedido la Fiscalía”, declaró Paredes.

De otro lado, la legisladora Paredes se refirió a la moción de interpelación contra el ministro del Interior, la cual presentó en el Parlamento. Mencionó la probable existencia de un acuerdo entre el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y la mayoría parlamentaria.

La preocupación principal de Paredes se centra en los acontecimientos recientes que vinculan al ministro del Interior con acciones que comprometen la integridad del gobierno. La evaluación de las rutas del auto presidencial y la autenticidad de los audios serán decisivos para determinar la responsabilidad del ejecutivo en estos hechos.

“Si ha faroleado (el titular del Mininter), la presidenta tendría que botarlo en este instante, porque, qué peligro tener un ministro que tenga versiones sobre la presidenta, que farolee de poder y cuente intimidades. Desde ese punto de vista, ya tendrías que sacarlo”, refirió Susel Paredes.

La legisladora expresó que, de ser verdaderos los audios, no dudará en proceder con la moción de vacancia. “¿Cómo vamos a permitir que la presidenta de la República preste el auto de la presidencia para esconder a un condenado por la justicia que está prófugo?”, enfatizó en su intervención en el mencionado medio.

La acción de la Fiscalía, considerada adecuada por la congresista, será clave para dirimir este asunto. Además del análisis de las rutas del vehículo presidencial, se espera que la Fiscalía examine todos los detalles pertinentes. “Lo que ha pedido la Fiscalía está bien, hay que estudiar”, apuntó Paredes.

“Yo creo que todo lo que ha dicho (el ministro Santiváñez en los audios) es cierto. Yo lo que creo es cómo se han desarrollado los hechos y cómo se viene verificando de alguna forma cada día la veracidad de esa conversación, además, el capitán ha entregado la fuente de la grabación, entonces eso es muy importante”, remarcó la legisladora.

El proceso judicial contra el capitán de la Policía Nacional del Perú (PNP), Junior Augusto Izquierdo Yarlequé, conocido como ‘Culebra’, ha sido archivado. El abogado del capitán Izquierdo, José Mejía, explicó que la disposición fiscal concluyó que no se configura un delito en la denuncia penal presentada por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

Según Mejía, la denuncia por organización criminal fue enviada el lunes 26 de agosto a través de un correo electrónico y coincidió con la emisión de programas televisivos dominicales que divulgaban presuntos audios clandestinos de una conversación en un chifa entre Izquierdo y Santiváñez. El ministro acusó al capitán de la PNP por la difusión de estos audios.

En dichos audios se puede escuchar aparentes afirmaciones de Santiváñez, indicando que la presidenta Dina Boluarte le habría consultado si era posible desactivar la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), a lo que el ministro habría respondido afirmativamente. Este diálogo se habría celebrado el 21 de mayo de 2024 en un chifa.

La disposición fiscal que archivó la investigación fue emitida el 29 de agosto. Una fiscal contra el Crimen Organizado concluyó que no existían elementos para configurar un delito de organización criminal y decidió no iniciar diligencias preliminares.