Perú perdió 72 mil millones de soles debido a la corrupción en tan solo dos años, alertó la Contraloría

Perú ha perdido aproximadamente 72 mil millones de soles entre 2021 y 2023 (Pedro Castillo/Dina Boluarte) debido a la corrupción, según lo ha revelado el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto De La Tore. El anuncio se realizó durante la inauguración de la segunda edición del programa de capacitación “Semillero para futuros funcionarios y servidores públicos,” promovido por la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL.

De La Tore informó que, según datos de la Contraloría General de la República, solo en el último año, se perdieron 24 mil millones de soles por actos corruptos. Esta cifra equivale a financiar la construcción de 50 hospitales, 1,600 colegios modernos o la creación de más de un millón de puestos de trabajo.

Así, mencionó que las consecuencias de la corrupción afectan principalmente a las poblaciones más vulnerables, limitando la inversión en sectores esenciales como la infraestructura, salud y educación, indica De La Tore, tal como detalló Andina.

También destacó que la percepción de corrupción en un país reduce significativamente la entrada de capital extranjero y aumenta los riesgos para los inversionistas, afectando negativamente la economía nacional.

Además, el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de 2023, elaborado por Transparencia Internacional, revela que el Perú ha descendido del puesto 101 al 121 desde 2012, situándose en el tercio inferior de los países más corruptos del mundo, compartiendo posiciones con Angola, Mongolia y Uzbekistán.

El impacto económico y social es considerable, ya que los recursos del estado desviados a través de prácticas corruptas podrían haberse utilizado para proyectos que mejoren significativamente la calidad de vida de los ciudadanos, asegura la CCL.

En esa línea, Roberto De La Tore llamó a los futuros funcionarios y servidores públicos a asumir un compromiso firme contra la corrupción, subrayando la importancia de la transparencia y la ética en la administración pública.

El crimen y la corrupción son los temas que más preocupan a los ciudadanos peruanos, de acuerdo con el informe “Perú: Percepción Ciudadana sobre la Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones” del INEI, publicado en mayo. El documento revela que un 54.6% de la población identifica la corrupción como su mayor preocupación.

Además, Ipsos publicó el informe “¿Qué le preocupa al mundo?” en enero de este año, con encuestas realizadas a más de 22,000 adultos de entre 16 y 74 años en 29 países. Se encontró que la inflación (36%), la pobreza (29%) y el crimen y la delincuencia (29%) son las principales preocupaciones globales. En el caso específico de Perú, el crimen y la delincuencia preocupan al 62% de los encuestados, y la corrupción al 53%.

En junio, la Contraloría General de la República publicó el informe “Incidencia de la Corrupción e Inconducta Funcional”, que detalla que un 12.7% del gasto nacional en 2023 se perdió debido a la corrupción, lo que equivale a S/ 24,268 millones. Este fenómeno es generalizado en todas las regiones del país.

Uno de los departamentos más afectados es Piura. Aquí, un 16.2% del gasto departamental se perdió por corrupción, sumando S/ 1,501 millones. De esa cifra, el 43.7% corresponde al Gobierno Regional de Piura, equivalente a S/ 656 millones. Esta situación convierte a Piura en el departamento con mayor nivel de costos por corrupción en su gobierno regional.

Otra región gravemente afectada es Áncash, donde un 16.2% del gasto se perdió por corrupción, alcanzando S/ 1,311 millones. Del total, un 32.3% corresponde a los gobiernos locales, equivalente a S/ 424 millones, situando a Áncash en el cuarto lugar en niveles de costos por corrupción generados por municipalidades.

Por su parte, La Libertad reporta una pérdida del 15.2% de su gasto debido a la corrupción, lo que suma S/ 1,131 millones. El 42.2% de esa cifra corresponde al Gobierno Regional de La Libertad, es decir, S/ 477 millones, posicionándolo como el segundo departamento con mayor costo por corrupción en el ámbito de gobierno regional.