El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, José Arista, acudieron al Congreso para sustentar ante el Pleno los proyectos de Ley de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero del Sector Público para el Año Fiscal 2025. En comparación con el presente año, el Ejecutivo solicitó un aumento de 11 millones de soles; es decir, piden el desembolso total de S/ 252 mil millones.
Durante su intervención, el premier sostuvo que el monto considera incrementos sustanciales para la ejecución de proyectos de inversión y la garantía de que las entidades subnacionales cuenten con recursos superiores al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2024.
“Ninguna entidad del gobierno regional y local tiene un monto inferior al PIA 2024. El presupuesto para el 2025 es descentralista, pues asigna directamente los recursos necesarios principalmente para la ejecución de proyectos en los gobiernos regionales y locales, eliminando así la necesidad de autorizar transferencias mediante decretos supremos durante la ejecución presupuestaria”, añadió el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
A su turno, el titular del MEF refirió que los proyectos han sido elaborados considerando las prioridades del país y asegurando la sostenibilidad fiscal. “Este equilibrio entre ingresos y gastos permite mantener la disciplina fiscal”, aseguró.
¿Cuáles fueron las reacciones en el Congreso?
Parlamentarios de diversas bancadas coincidieron en calificar el presupuesto como “centralista”. César Revilla Villanueva, legislador de Fuerza Popular, manifestó que, en realidad, habría una reducción en comparación con el año anterior; mientras que el vocero de Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto, solicitó la instalación de una dirección del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en los departamentos del país para que los gobiernos locales puedan elaborar sus propios presupuestos.
La portavoz de Bloque Democrático Popular, Isabel Cortez Aguirre criticó que se destine un porcentaje menor a los sectores de salud y educación. Además, solicitó un incremento del bono de escolaridad para los maestros. Mientras que Jorge Montoya Manrique, vocero de Honor y Democracia, advirtió que la calidad de los servicios públicos ha disminuido.
La parlamentaria Norma Yarrow coincidió en que el presupuesto está centralizado y no será visto por la población más vulnerable. Asimismo, mencionó que este gobierno está plagado de corrupción. “Cómo se ve que ya ni siquiera salen de su escritorio. [...] No tienen la más remota idea de lo que pasa en este país”, sostuvo.
En tanto, Silvana Robles Araujo criticó la baja ejecución presupuestal de varios ministerios, como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (48.4%), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (47.7%) y el Ministerio de Trabajo (42%); mientras que Edward Málaga Trillo lamentó la falta de inversión en ciencia y cultura.
“En el rubro de salud he notado que se pone 0% para investigación, ciencia, tecnología e innovación. ¿Cómo podemos tener políticas públicas en salud si no investigamos, si no conocemos nuestras enfermedades crónicas o infecciosas, sus determinantes, susceptibilidades, la realidad científica de estas enfermedades?”, declaró.
¿Qué sigue con la Ley de Presupuesto?
De conformidad con lo establecido en el inciso C del artículo 81 del Reglamento del Congreso, los proyectos de ley de Presupuesto, de Endeudamiento y Equilibrio Financiero del sector público para el año fiscal 2025 se publicarán en el Diario Oficial El Peruano y serán enviados a la Comisión de Presupuesto para su análisis.
En dicho grupo de trabajo, a propuesta de Lady Camones, seis parlamentarios investigados serán ponentes del presupuesto que se les entregue a instituciones del sistema judicial y electoral, el Ejecutivo y la Contraloría General de la República.
Entre ellos Rosío Torres, Jorge Flores Ancachi y José Arriola, denunciados por concusión; y Patricia Chirinos, José Jerí y Luis Aragón, incluidos en la investigación por presunta organización criminal que se sigue contra la exfiscal Patricia Benavides, advirtió La República.