Corregir errores

Hacer políticas públicas es sumamente complejo en una economía como la peruana, donde más del 70% es informal. Toda acción u ordenamiento que se disponga, desde el Ejecutivo o Legislativo, termina cayendo en “saco roto”, en tanto son un grupo reducido de personas o empresas las que cumplen con las reglas de juego. En el sector agrícola, donde persiste un nivel de informalidad del 95%, la situación es incluso peor.

En diciembre de 2020, producto de una serie de protestas desmedidas, y con el objetivo de, supuestamente, mejorar las condiciones para el trabajador agrícola, se derogó la Ley de Promoción Agraria y se estableció una Nueva Ley Agraria, donde se introdujo, entre otros aspectos, una Bonificación Especial por Trabajo Agrario (Bono Beta), equivalente al 30% de la Remuneración Mínima Vital.

Luego de más de tres años de vigencia de la nueva Ley, esta no ha producido mejora alguna para el trabajador. Por el contrario, estancó la generación de empleo formal en el sector. Entre mayo de 2020 y 2024, el empleo formal registró una tasa de crecimiento promedio anual de apenas 0.9%, según cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Incluso en empresas formales de más de 10 trabajadores, se perdieron 18,762 trabajos entre mayo de este año y mayo del año pasado.

Desde la modificación del régimen, la generación de empleo formal ha sido menor inclusive en departamentos como Piura, Ica y La Libertad. Esto afectó tanto a pequeñas, medianas como grandes empresas. En Piura, por ejemplo, se perdieron 5,936 trabajos; mientras que, en Ica, 628, y en la Libertad, 4111.

Como resultado de la Nueva Ley Agraria, las empresas que contratan bajo ese régimen cargan con costos laborales no salariales del 87.19%, incluso mayores al régimen general, que carga con el 62.20%. Esto, producto del Bono Beta, que, de acuerdo a Ley, puede pagarse mensualmente o en porciones diarias en función al número de días laborados.

El sector agrícola es uno de los peores remunerados en nuestro país. En 2023, el salario promedio en el sector fue de S/ 957. Mientras que en las empresas formales se pagó, en promedio, S/ 2,111, en las informales el pago fue de S/ 877. Dicha brecha se mantiene a través de los años.

Difícilmente un cambio normativo dirigido a incrementar el salario en el campo sería adoptado en el sector informal, puesto que este se encuentra al margen de la Ley. Peor aún, establecer “mejoras” salariales en papel. El “beneficio” asociado al Bono Beta no se aplicaría en el sector informal, que es el de mayor participación el sector.

Los propios trabajadores han manifestado su disconformidad con la Nueva Ley Agraria, indicando que no les ha resuelto los problemas. “Estamos expuestos al sol que produce cáncer, nos comemos el polvo, no tenemos materiales adecuados para el trabajo, no se tienen buenos servicios. Lo que se pide en esta nueva ley es un salario digno”, manifestaba una dirigente de Ica. Lo que habría de preguntarnos es si un “salario digno” resolvería la problemática descrita.

Aspectos de seguridad y salud en el trabajo están intrínsecamente establecidos y son aplicados por empresas formales, más aún las agroexportadoras que son conscientes de cuidar su capital humano. Aquellas empresas que no cumplen con estos requisitos, que viven en la informalidad, tampoco lo harían si se establecen por una nueva normativa.

Se deben corregir errores. El sector agrícola requiere de políticas que fomenten la formalización y la incursión de más empresas a cadenas de exportación. Es la formalización la que genera productividad y por ende mayores ingresos para el trabajador. Buscar que una normativa dictamine mayores salarios, sin tomar en cuenta aspectos de productividad, implicaría pérdida de competitividad en el sector formal.