Lote petrolero 192: Comunidades indígenas acusan al Minem de obstaculizar acuerdos para abordar crisis de salud y daños ambientales

En la Amazonía norte, cerca de la frontera con Ecuador, mientras el Lote 192 se prepara para comenzar a producir, los daños ambientales y los problemas de salud siguen sin ser atendidos.

La Organización de Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos Fronterizos del Perú-Ecuador (Opikafpe) ha hecho un llamado urgente al Estado peruano para que cumpla con los acuerdos sobre salud firmados tras la Consulta Previa del Lote 192.

Las comunidades afectadas denuncian la falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno, que, afirman, viene causando un aumento en las muertes, especialmente entre niños, mujeres y ancianos, debido a la ausencia de servicios médicos adecuados. Frente a ello, los líderes indígenas Erikson Gilberto Pizango Tamani y Robinson Sandi Hualinga, entre otros, han expresado su profunda indignación.

El último martes, durante una reunión en la comunidad de Doce de Octubre, líderes de las comunidades nativas de Doce de Octubre, Avelino Cáceres, San Juan de Bartra, Centro Arenal y Betania acordaron organizar una movilización el próximo 10 de septiembre, si no se atienden sus demandas.

Estas incluyen la presencia inmediata del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), la Gerencia Regional de Salud (Geresa), el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) y la Municipalidad del distrito de Tigre para abordar la crisis de salud en la región.

Además, exigen una rendición de cuentas transparente sobre los más de 3 millones de soles asignados a la Municipalidad del Tigre para el desarrollo del expediente técnico del hospital, demandando una información clara y accesible sobre el uso de estos fondos.

En esa misma línea, solicitan al Minsa una explicación sobre la falta de presupuesto destinado al Plan de Salud Intercultural para este año, fundamental para la formación de brigadas de salud, y la capacitación de promotores de salud y parteras. Esto a fin de asegurar una atención médica adecuada y culturalmente pertinente en sus comunidades.

También insisten en el suministro de medicinas en los botiquines comunales, ya que la falta de estos recursos está poniendo en riesgo la vida de las comunidades, aseguran.

En el marco de estas demandas, el 29 de agosto, las comunidades nativas del Lote 192 y sus organizaciones representativas fueron convocadas por el Ministerio de Energía y Minas para la instalación de una comisión de seguimiento de más de 100 acuerdos de Consulta Previa, que, según las comunidades achuar, kichwas y quechuas del Pastaza, estuvo marcado por serias irregularidades.

Según detallan, desde el inicio, la presidencia de la mesa, liderada por Patricia del Rosario Sagastegui, directora de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, y otros funcionarios, intentó imponer la firma del acta de instalación sin proporcionar detalles sobre el funcionamiento del espacio ni la metodología para alcanzar los objetivos esperados.

Dicha acción generó desconfianza y frustración, al no ofrecer la información esencial para la correcta implementación de los acuerdos.

Además, indicaron que los funcionarios presentes menospreciaron la participación de las autoridades y representantes indígenas, socavando su papel en el proceso y limitando un diálogo constructivo.

Actualmente, a lo largo de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón (Loreto), se registran más de 3.000 sitios contaminados, con una deuda de remediación que supera los 5.000 millones de soles.

Las comunidades indígenas ratifican que esta situación refleja una falta de cumplimiento, transparencia y respeto en la implementación de acuerdos.

“Exigimos que se instale una mesa de seguimiento con autoridades con poder decisión, que se cree un buen mecanismo de diálogo técnico y que Minem deje de poner trabas para el cumplimiento de todos los acuerdos”, concluyeron.

En tanto, la Defensoría del Pueblo aún no se pronuncia sobre la situación que afecta a los ciudadanos.