La suboficial Sandra Neyra, quien fue intervenida este martes en estado de ebriedad junto a otros agentes, fue separada de la institución y enfrenta una investigación en la Inspectoría General, confirmó el general Manuel Vidarte Perrigo, jefe del Frente Policial Ica.
Neyra, vestida de civil, fue intervenida en un operativo de tránsito. Según imágenes difundidas por Panamericana TV, la suboficial comenzó a increpar a sus colegas cuando le solicitaron identificarse: “¿Cuál es mi nombre? Está en tu sistema, mi amor. Yo soy policía”, respondió.
“Yo quiero que me diga usted cuál es el problema que un pasajero tenga acá una botella escondida”, continuó, pese a que los otros ocupantes intentaron calmarla e invocaron que obedezca a la intervención. Posteriormente, Neyra descendió del vehículo y le quitó el celular al efectivo que le estaba tomando los datos: “A ver, graba. No, mira, el alférez no está digitando ningún DNI. Es abuso de autoridad. Pon la denuncia por abuso de autoridad ahora. Vamos a la comisaría”, acusó.
Cuando el uniformado le recriminó por no dejarle hacer su trabajo, la agente continuó con sus acusaciones: “Es que usted está cometiendo abuso de autoridad porque no está digitando. Digite mi DNI”, invocó. El general Vidarte indicó que Neyra y los agentes que la acompañaban fueron separados inmediatamente después de la difusión de las imágenes.
“El caso ha pasado a Inspectoría General para que tome las acciones del caso. Todos los que han participado ahí han sido separados de sus cargos y esperamos que Inspectoría tome las medidas correctivas necesarias. Actos de indisciplina tampoco se pueden permitir”, señaló a la televisora.
Alterar el orden público después de haber ingerido bebidas alcohólicas o consumido drogas ilegales constituye una infracción muy grave según las normas de la PNP (MG-88). Tal conducta es sancionada con un período de disponibilidad que oscila entre seis meses y un año.
Entre 2018 y 2023, un total de 23,824 efectivos fueron retirados por cometer faltas muy graves contra el régimen disciplinario de la institución, lo que representa un promedio de 11 agentes separados por día, según datos divulgados por El Comercio. En el mismo periodo, 8,129 policías, es decir, un promedio de cuatro al día, fueron suspendidos temporalmente de sus funciones por infracciones similares.
Esta sanción, conocida como disponibilidad, tiene una vigencia de entre seis meses y dos años, durante los cuales el efectivo recibe la mitad de su salario base, sin bonos. La falta más recurrente es la MG-39, que consiste en faltar consecutivamente por más de cinco días calendario a su unidad sin causa justificada. En los últimos seis años, 6,784 oficiales y suboficiales, equivalentes al 28.47% del total de policías sancionados, fueron retirados por esta razón.
Crisis en la PNP
Actualmente, la institución atraviesa una profunda crisis debido a numerosas denuncias de corrupción. El Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) presentado por la Contraloría revela que la institución en Lima Metropolitana ocupa el primer lugar entre las entidades del gobierno nacional, con un puntaje de 75.7.
Hasta julio de 2023, la población penitenciaria nacional era de 93,147 internos, lo que representa una sobrepoblación de 52,128 internos. De ellos, 758 son policías: 367 procesados y 391 sentenciados, según un informe de Punto Final.
En Lima, 70 policías están recluidos en el penal de Lurigancho, 46 en Castro Castro, 21 en Ancón y 19 en Ancón II. Además de delitos como cohecho pasivo propio, los agentes enfrentan cargos por robo agravado (66), promoción o favorecimiento del tráfico ilícito de drogas (53), organización criminal (40), tráfico ilícito de drogas (27), violación (36) y extorsión (29).