En medio de una reestructuración en el Gabinete Ministerial, Dina Boluarte decidió llevar a cabo cuatro cambios clave. Una de estas modificaciones afecta al Ministerio de Cultura, que ahora está dirigido por Fabricio Valencia Gibaja. Este abogado, especializado en Patrimonio Cultural y museólogo, asume el cargo tras un historial que lo vincula directamente con disputas legales contra la misma institución que hoy encabeza.
La trayectoria del abogado incluye diversos cargos dentro del Ministerio de Cultura, lo que lo convierte en un conocedor de la dinámica interna de la entidad. Sin embargo, su reciente designación generó una particular atención, debido a su papel protagónico en la defensa de la Orden Franciscana en un litigio contra el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima), que involucró al Ministerio de Cultura en la disputa por las obras en la Plazuela San Francisco.
Así fue su defensa
La controversia escaló a instancias judiciales cuando, en la madrugada del 5 de febrero, la Municipalidad retiró el cerco perimétrico de 145 metros que había sido instalado alrededor de la iglesia, lo que generó un enfrentamiento entre los frailes y el personal de Serenazgo. Tras este incidente, la Orden Franciscana interpuso una demanda contra la comuna y el Ministerio de Cultura, solicitando la suspensión inmediata de las obras. El Poder Judicial dictó una medida cautelar que mantuvo la paralización de las intervenciones en el Centro Histórico hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciara de manera definitiva sobre el caso.
Meses después, exactamente el 27 de junio, Fabricio de Valencia, entonces abogado de la Orden Franciscana, calificó de “inédito” el conflicto legal en el que se encontraba inmerso, representando a los frailes en su lucha contra Prolima. La disputa giraba en torno a la ejecución de trabajos en la Iglesia de San Francisco, una estructura de valor histórico y cultural. El actual titular del Mincul, en su intervención mediática, no dudó en señalar a Luis Bogdanovich, gerente de Prolima, como “pedante y poco educado”.
En una entrevista con Canal N, el abogado indicó la gravedad del caso, destacando que la Orden Franciscana, con casi 500 años de presencia en el Perú, se enfrentaba al Estado en la figura de Prolima y el Ministerio de Cultura. La principal preocupación de los frailes era la protección del patrimonio cultural, que, según ellos, estaba siendo amenazado por las obras de la Municipalidad de Lima llevaba a cabo en la plaza, cerrada al público desde agosto de 2022.
La comunidad franciscana sostuvo que las obras debían detenerse por tratarse de un espacio de carácter patrimonial. Sin embargo, desde la administración municipal, encabezada por Rafael López Aliaga, se argumentó que la suspensión de las obras había generado pérdidas económicas significativas, estimadas en S/ 250 mil. Esta postura encontró respaldo en el Ministerio de Cultura, lo que complicó aún más el panorama para la defensa liderada por Valencia.
“No estamos felices ni a favor de la sentencia emitida. Tampoco nos sorprende”, expresó, en ese momento, el abogado Valencia al referirse a la decisión en segunda instancia que declaró improcedente la demanda de los frailes. Insistió en que el conflicto debía ser abordado con un enfoque que priorizara el patrimonio, exigiendo la realización de un estudio de impacto patrimonial aprobado por la UNESCO antes de continuar con cualquier intervención en el área.
Su designación como ministro de Cultura en el nuevo Gabinete Ministerial marca una etapa en la que, irónicamente, liderará la cartera que una vez fue su adversaria en los tribunales.
¿Quién es Fabricio de Valencia?
El actual ministro de Cultura es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialista en el tratamiento jurídico del patrimonio cultural. Tiene estudios de maestría en Museología y Gestión Cultural en la Universidad Ricardo Palma y un Posgrado Internacional en Patrimonio y Turismo Sostenible en la Universidad Nacional Tres de Febrero, Buenos Aires – Argentina.
Además, es miembro experto del Comité Científico Internacional de Asuntos Legales, Administrativos y Financieros de ICOMOS.
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