Gobierno de Perú declara la reorganización de su Autoridad Nacional del Agua tras detectar posibles actos de corrupción

Tal como había adelantado el ministro Ángel Manero ante la Comisión Agraria del Congreso de la República, hoy el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) decretó la reorganización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), luego de detectar posibles actos de corrupción y una excesiva burocratización en perjuicio de la ejecución de inversiones planificadas.

El decreto supremo Nº 013-2024-MIDAGRI asegura que se ha evidenciado una serie de debilidades a nivel organizacional, de gestión y de ejecución en la ANA. Como se sabe, la institución adscrita a la cartera agraria es clave para el resguardo medioambiental ante el avance de inversiones de otros sectores, como minería, hidrocarburos e infraerstructura.

“[Las debilidades] impactan en el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional Agraria, el rol rector de la ANA como autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, los procesos de atención, de pedidos de opinión y de procedimientos administrativos, que inciden directamente en las inversiones y actividades de otros organismos públicos y privados; entre otros aspectos, por lo que resulta necesario optimizar la organización de la entidad”, señala el documento.

Pero el tema no queda ahí. Según el decreto, se busca tomar acciones urgentes luego de detectar no solo presuntos actos de corrupción, sino también la necesidad de mejorar la “ejecución de las inversiones planificadas, la calidad de la infraestructura y las deficiencias observadas en los órganos desconcentrados”.

“Además, se requiere fortalecer las acciones de coordinación y articulación entre las Autoridades Administrativas del Agua - AAA y las Autoridades Locales de Agua - ALA, así como las secretarías técnicas de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca - CRHC”, agrega Midagri.

El dispositivo, publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano, declara en reorganización a la ANA y crea una comisión reorganizadora encargada de proponer las acciones y medidas de reforma para el mejor funcionamiento de la citada entidad.

El grupo estará integrado por un representante del Midagri (el cual preside la Comisión Reorganizadora), un representante del Viceministerio de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, un representante del Viceministerio de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario, un representante de la Oficina de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, y un representante de la hoy cuestionada ANA.

Este equipo tendrá 60 días a partir de su instalación para evaluar la situación administrativa, organizacional y de gestión del ANA, así como de proponer y ejecutar las acciones o medidas de reforma que correspondan.

Así, el Gobierno peruano busca tomar acciones urgentes para abordar los problemas identificados en la ANA, siendo “fundamental abordarlos de manera inmediata para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales y mejorar la efectividad de las políticas agrarias en beneficio de los productores agrarios”.

La ANA es responsable del manejo, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en Perú, una tarea que ha desempeñado desde su creación el 13 de marzo de 2008.

El organismo ha asumido estas responsabilidades en diversos puntos del país, actuando bajo el Decreto Legislativo N° 997 y en coordinación con el Midagri.

Desde su fundación, ha desplegado un equipo especializado de técnicos y expertos dedicados a la gestión de los recursos hídricos. Este equipo está presente en todas las regiones de Perú, lo cual permite una gestión más detallada y eficaz de las diversas cuencas y fuentes de agua a lo largo del territorio nacional, según informaciones oficiales.

Su labor incluye no solo la administración y la protección de los recursos hídricos, sino también la promoción de una cultura del agua que fortaleza la gobernanza hídrica. Esto es esencial para mantener la viabilidad de los recursos hídricos que son fundamentales para la vida, el desarrollo social, económico y ambiental del país.