En el Perú, la salud pública viene enfrentando desafíos críticos que afectan a gran parte de la población. La reciente encuesta realizada por CPI y Exitosa reveló una realidad que inquieta a muchos peruanos. El 44% de los encuestados afirma padecer de una enfermedad o enfrentar problemas de salud. En un contexto marcado por la preocupación, la falta de medicamentos y la escasez de médicos destacan como los principales desafíos del sistema.
Para el 19,1% de la población, la carencia de medicinas en las farmacias de hospitales y centros de salud es el problema más urgente. Esta situación ha golpeado a distintos sectores de la sociedad, especialmente a pacientes con enfermedades crónicas como cáncer, VIH, diabetes e hipertensión. Las dificultades para acceder a tratamientos esenciales generan alarma y exponen la fragilidad de la infraestructura sanitaria.
El segundo tema más recurrente en la encuesta es la escasez de personal médico. Un 14.1% de los encuestados señala la falta de doctores como una de las preocupaciones más significativas. La insuficiencia de especialistas ha afectado la capacidad de atención en centros médicos, generando largas esperas y atención deficiente para miles de pacientes en diversas regiones.
Impacto en la vida de los pacientes
La decana del Colegio Químico farmacéutico de Lima Metropolitana, Ivón Yatas, señaló que esta crisis de medicamentos tiene consecuencias directas en la calidad de vida de los pacientes. Aquellos que dependen de tratamientos específicos, como antirretrovirales, insulina o medicamentos para la hipertensión, se encuentran con la frustrante realidad de no poder acceder a ellos. La situación también afecta a personas con tuberculosis, quienes enfrentan retrasos en sus tratamientos debido a la falta de suministros en los hospitales.
“Creo que no hay que normalizar lo que no es correcto, porque aquí pensamos que hacer largas colas para tener una cita, para que nos atiendan, es lo más normal; y que, lamentablemente, me cuesta decirlo, aquí en el Perú estamos estirando la mano para que nos brinden una atención oportuna”, dijo.
El problema se extiende a lo largo de varias zonas del país, donde la deficiencia en las compras de medicinas a nivel estatal se ha convertido en un obstáculo constante. Cenares, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, es el principal responsable de adquirir el 80% de los medicamentos esenciales para los centros de salud. Sin embargo, cuando sus compras no se concretan, se desencadena un efecto dominó que impacta gravemente en la atención de miles de personas.
Los hospitales tienen la capacidad de hacer adquisiciones directas, pero el 20% de su abastecimiento depende del stock que Cenares maneja, lo cual deja al sistema vulnerable a fallos.
Falta de preparación y acceso limitado
El tercer problema más citado en la encuesta, con un 12.5% de respuestas, es la falta de preparación del personal médico. La calidad de atención se resiente en las regiones más alejadas de la capital, donde la capacitación de los profesionales no es suficiente para atender la demanda de casos complejos. En estos lugares, los pacientes deben viajar largas distancias para recibir diagnósticos especializados o tratamientos adecuados, lo que incrementa la presión sobre un sistema ya saturado.
A esto se suma la carencia de establecimientos de salud adecuados. Tanto la falta de infraestructura como las largas esperas para obtener citas médicas fueron mencionadas por un 11.2% de los encuestados. La distancia entre las postas médicas y hospitales y la demora para acceder a una consulta oportuna evidencian las fallas estructurales que afectan principalmente a las poblaciones más vulnerables. En áreas rurales, los pacientes suelen esperar meses por una consulta especializada, situación que agrava condiciones de salud prevenibles o tratables si se diagnosticaran a tiempo.
La desconfianza en las políticas de salud pública se refleja en los números de desaprobación. Un 56,8% de los encuestados califica la gestión del actual gobierno como “nada buena” en este ámbito. El 28.6% la considera “poco buena”, haciendo un 85% de desaprobación. Este sentimiento negativo sobre la gestión se extiende en todo el país, tanto en áreas urbanas como rurales. Los datos recopilados muestran que la insatisfacción es transversal a todas las edades, afectando a personas de 18 a 70 años. El estudio, realizado entre el 22 y 27 de agosto de este año, abarcó a 1,200 personas provenientes de 18 departamentos y 39 provincias.
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