La crisis en la Policía Nacional (PNP) se hace cada vez más evidente con la reciente revelación de que más de 750 policías se encuentran actualmente encarcelados por diversos ilícitos, una situación que pone de manifiesto los problemas de corrupción que afectan a la institución encargada de velar por la seguridad del país.
Hasta julio de 2023, la población penitenciaria a nivel nacional era de 93,147 internos, lo que representa una sobrepoblación de 52,128 internos. De todos ellos, 758 son policías; 367 están incluidos como procesados y 391 cuentan con sentencia, según un informe difundido este domingo por Punto Final.
Solo en Lima, 70 policías están recluidos en el penal de Lurigancho, 46 en el penal Castro Castro, 21 en el penal de Ancón y 19 en Ancón II. Además del delito de cohecho pasivo propio (soborno), los agentes enfrentan cargos por una variedad de delitos comunes.
Entre ellos, destacan 66 por robo agravado, 53 por promoción o favorecimiento del tráfico ilícito de drogas, 40 por organización criminal, 27 por tráfico ilícito de drogas, 36 por violación y 29 por extorsión. Del total de policías presos, solo seis están tras las rejas por delitos contra la humanidad, como tortura o desaparición forzada, y se encuentran distribuidos en Castro Castro, el penal de Chincha y el centro penitenciario de Piura.
Estos últimos seis agentes son candidatos para habitar la cárcel exclusiva que la PNP planea construir dentro de las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), que actualmente alberga a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Castillo (2021-2022).
De acuerdo con el dominical, en marzo de este año el comandante Luis Castellares Matamoros, de la División de Seguridad y Penales, elaboró un documento que incluye el sustento técnico y legal para esta iniciativa, que la PNP ha contemplado desde hace tiempo. El informe expresa la preocupación de la institución por la posibilidad de que decenas de sus agentes sean recluidos debido a la represión durante las protestas antigubernamentales que dejaron 49 muertos.
El texto señala la alta probabilidad de que el Ministerio Público y el Poder Judicial tomen medidas excepcionales contra el personal policial “encargado de restablecer el orden durante las protestas sociales surgidas tras la destitución del expresidente Pedro Castillo en 2022 y 2023″.
Según el Ministerio Público, 154 miembros de la PNP y del Ejército están procesados por las muertes en estas protestas, un caso en el que la presidenta Dina Boluarte enfrenta una denuncia constitucional por homicidio calificado y lesiones graves.
Para el exjefe de la entidad, Leonardo Caparrós, la iniciativa sería viable, aunque con un reparo. “Lo importante aquí es que no pase lo que pasa en el penal Virgen de las Mercedes, donde el INPE casi no tiene manejo. (...) Cada penal debe tener un director, un subdirector, así sean 4 (los reclusos), personal de seguridad”, declaró.
Desde el mes pasado, el informe está en manos del jefe del gabinete de asesores de la alta dirección del Ministerio de Justicia.
Crisis en PNP
Actualmente, la institución atraviesa una profunda crisis debido a las numerosas denuncias que involucran a sus miembros, principalmente por corrupción. El Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO), presentado por la Contraloría, revela que la institución en Lima Metropolitana ocupa el primer lugar entre las entidades del gobierno nacional, con un puntaje de 75.7.
Entre 2018 y 2023, un total de 23,824 oficiales fueron retirados por faltas muy graves, lo que equivale a un promedio de 11 pases al retiro por día. Además, 8,129 oficiales fueron suspendidos temporalmente por diversas infracciones, la más común es la MG-39, consistente en faltar más de cinco días sin causa justificada.
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