¿Dina Boluarte será procesada por la Corte Penal Internacional?: “Estamos a tiempo de no ser una dictadura”

Desde hace unos días se habla de una denuncia presentada por un grupo de peruanos contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Países Bajos, por las muertes de 49 ciudadanos durante las protestas en contra de su gobierno, en los años 2022 y 2023.

Sin embargo, cabe precisar que esta no es una denuncia oficial, sino que se está acusando públicamente a la mandataria para que las autoridades correspondientes de este organismo estén al tanto de lo que viene ocurriendo en el territorio nacional en cuanto a materia jurídica.

Los responsables de visibilizar las acciones del Ejecutivo y Legislativo ante instancias jurisdiccionales internacionales son 16 peruanos, entre ellos, destacan los nombres de Mirtha Vásquez, Diego García Sayán, Walter Albán y Marisol Pérez Tello.

Precisamente, Pérez Tello brindó declaraciones a Infobae Perú para detallar cuales son los objetivos y las esperanzas que guarda ella y el resto de peruanos que firmaron la denuncia pública para hacer un llamado internacional ante el silencio que existe para determinar a los responsables de las muertes en las manifestaciones, entre otros hechos que estarían socavando el sistema de justicia.

“Lo que queremos hacer es que, a través de la denuncia, poner en conocimiento del fiscal de la Corte, quien es el que tiene la capacidad para actuar, que existen serios riesgos de quebrar el orden institucional en el país e impedir que se procese, investigue y sancionen los hechos ocurridos entre diciembre y enero de 2022 y 2023″, agregó.

Según manifestó la extitular del Ministerio de Justicia —durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski—, esta no es la primera denuncia que se hace ante la Corte Penal Internacional ante la actitud del Ejecutivo y Legislativo de no querer investigar lo ocurrido durante las protestas del 2022 y 2023.

Con el nuevo documento enviado al organismo jurisdiccional internacional, se busca sumar nuevos hechos para que el fiscal de la Corte esté pendiente de nuevos atentados contra la estabilidad del sistema de justicia nacional.

“Decirle, oigan, hay que tener cuidado porque se está socavando con la capacidad persecutoria del Estado, con la ley de crimen organizado, con la ley que impide que se pueda realizar el allanamiento y las medidas que existían en la norma para investigar, procesar y sancionar. También decirle lo de la Ley de lesa humanidad, la cual el Ejecutivo no ha observado, pese a que tenían informes en contra. También decirles que están llevando cosas al Tribunal Constitucional sin abocar la vía previa en el sistema de justicia”, precisó.

“Lo que hacemos es decirle al señor fiscal ‘usted evalúe que el proceso que se está llevando en Perú termine encontrando la verdad o, en el caso de que en el país ya no se den las condiciones, actúe’”, continuó.

Para ello, se debe documentar cada paso y cada quiebre constitucional que se ha convertido en una constante en los últimos años en el Perú. “Lo concreto es que cuando ella era presidenta, hubo 50 muertes y ella no hizo una comisión investigadora para poder determinar si hubo problemas administrativos, exceso del uso de la fuerza, entre otras cosas”, señaló.

Para Marisol Pérez Tello, hoy por hoy, existen serios riesgos de que no se puede garantizar la independencia del Poder Judicial.

“La gente tiene que entender qué, con todo lo que está haciendo el Congreso y lo que permite el Ejecutivo, el día de mañana te meten un balazo en la calle porque no le gusta tu periódico o lo que escribes y no pasa nada. No puedes no alertar lo que sucede”, continuó.

En medio de un clima de creciente incertidumbre y tensiones políticas, muchos peruanos se sienten inquietos por el rumbo que está tomando el gobierno. Las acciones recientes, que incluyen decisiones cuestionables y una aparente tendencia a silenciar voces críticas, han generado un debate acalorado sobre el futuro del país.

En esa línea, la también excongresista consideró que Perú está camino a entrar a un régimen dictatorial, puesto que está emulando lo hecho por otros países que ahora se encuentran atrapadas en una tiranía.

“El aporte de Dina Boluarte es la represión. Ella silencia la capacidad de reclamar de los peruanos. Y esto tiene que ver con romper el Estado de derecho, y esto tiene que ver con el equilibrio de poderes. Es un camino de no retorno”, prosiguió.

Si el fiscal hace suyo el caso y formula la acusación, la Corte Penal Internacional establece responsabilidades individuales. Hay que recordar que, a diferencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que establece responsabilidades de gobierno, para la Corte Penal la responsabilidad es individual.

“Sí es un tema que obliga al Ejecutivo y tome en serio la denuncia para que garantice la independencia del sistema de justicia, pero lo que ha hecho con las últimas normas, parece que es todo lo contrario”, sostuvo Pérez Tello.

De acuerdo a sus palabras, lo que se está haciendo con la denuncia pública es documentar una supuesta precariedad institucional en la que está poniendo el Ejecutivo y Legislativo a los peruanos.

“La presidenta está contribuyendo con su silencio a la obstrucción a la justica. Si no tienes nada que temer, no tendrías problema por ser investigada. Pero la no observación de normas, teniendo informes técnicos, lo único que hace es buscar su impunidad en cualquiera de sus formas. Esto solo refuerza la tesis de que no quiere que las investigaciones que buscan la verdad lleguen a buen puerto”, aseveró.

“El Ejecutivo está destruyendo la capacidad del Estado ante el mundo. El 5% que apoya a la presidenta no se da cuenta que la capacidad crediticia ha caído por la inestabilidad política, no se da cuenta que nos vamos a convertir en un Estado donde la criminalidad organizada puede dar en herencia su fortuna, y un montón de cosas”, finalizó.