Un empresario ha denunciado a la Municipalidad Metropolitana de Lima, dirigida por el alcalde Rafael López Aliaga, por el cobro de sobornos a cambio de que el personal de fiscalización no clausure su hostal del Cercado de Lima, según un informe difundido este viernes por Hildebrandt en sus trece. Luis Saldaña expuso una serie de mensajes de WhatsApp y audios que evidencian esta presunta trama corrupta e implican al fiscalizador José Márquez.
“(Él) venía todos los meses a cobrar una bolsa de 300 soles. Decía que todos los hoteles de la zona le pagaban para que no los clausuren, que esa bolsa no era para él, sino para los gerentes de la municipalidad”, declaró al semanario. Saldaña grabó una de estas conversaciones con Márquez en diciembre pasado.
En los audios, de acuerdo con la revista, el empresario admitió que había incumplido con normas de seguridad, mientras que el fiscalizador replicó que si entregaba el monto no sería multado. “Tiene dos extintores vencidos. (...) Si su descargo está bien sustentado, lo archivan. Pero en este caso, con la foto que yo tomo, no va a proceder”, advirtió Márquez.
“¿Tú quieres que yo te ayude? Dime, pues. ¿Tú quieres que yo te dé la mano? Somos tres personas, sé consciente. La multa es de 1,300 y pico. Yo no te voy a pedir los 1,300. Ya, 300 para cada uno”, siguió.
Saldaña aseguró que se negó a pagar el soborno y contactó a Roberto Capcha, encargado del Servicio de Ejecución y Coordinación de Actividades de Campo, y a Freddy Quiroz, gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad, un puesto de confianza de López Aliaga. Les envió a las evidencias del cobro ilegal, aunque no recibió respuesta.
“A mí me escribe mucha gente. Por el trabajo que hacemos, en el que hay problemas de cupos, de delincuencia, a nosotros nos amenazan, así que preferiblemente no abrimos mensajes o no contestamos llamadas de personas que no conocemos. Por precaución, no por ocultar algo”, comentó Quiroz al semanario.
Márquez siguió trabajando como fiscalizador en la municipalidad, y en febrero, el hostal de Saldaña fue clausurado temporalmente por infringir normas de salubridad. El empresario interpretó esto como una represalia y, tras ir a la base de la Gerencia de Fiscalización, recibió propuestas de reabrir el negocio a cambio de no hacer públicas las pruebas de los cobros ilegales.
En ese lugar también grabó una conversación con un funcionario identificado como Juan Neuhaus. Otro colega de Márquez, identificado como el jefe legal de los fiscalizadores, también se ofreció a ayudar bajo la misma condición. “Yo le rogaría, si es que (Márquez) regresa a su establecimiento, fílmelo y bótelo, ya no lo atienda. Y lo vamos a ayudar para que levante la clausura que tiene usted”, se escucha en uno de esos registros citados por la revista.
Finalmente, Saldaña logró levantar la clausura por “conducto regular”, pero su negocio siguió bajo la lupa de los agentes municipales. En junio pasado, se realizó un operativo encubierto en un hostal con la participación de Márquez. Según la denuncia, el acta de la diligencia registró colchones sucios, condones y dos personas del mismo sexo en una habitación. Sin embargo, Saldaña alega que las cámaras de vigilancia demuestran lo contrario.
Tras este operativo, la Municipalidad revocó la licencia por incumplir varias normas sanitarias. El empresario y su abogado, Andrés Ochoa, argumentan que “se ha vulnerado el derecho a la defensa” y califican el cierre de anormal e ilícito. “En este caso hay un contexto. Primero, yo denuncio con pruebas la extorsión; luego, ellos lo toman como una afrenta; y finalmente, deciden matar al mensajero. Esa es la lectura”, dijo.
Retirados e investigados
Infobae Perú solicitó comentarios, pero no recibió una respuesta. Sin embargo, por la noche, emitió un comunicado para informar que los fiscalizadores implicados “fueron retirados inmediatamente de su cargo” y que ya se iniciaron “todas las acciones legales para que los tres involucrados no vuelvan a la función pública”.
“La actual gestión reafirma su compromiso en la lucha contra la corrupción e invoca a los operadores de justicia a imponer sanciones drásticas ante estos actos ilícitos”, se lee en la misiva.