Defensoría del Policía presentará denuncia contra juez que liberó a agresor de agente PNP en Lima

Carlos Augusto Galván Badaracco, de 57 años, intentó arrollar a la suboficial Claudia Paola Revolledo Mendoza el 27 de agosto, sin embargo, fue liberado por el juez Lolo Fernando Valdez Pimentel del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao.

Este hecho ha generado una fuerte polémica y la Defensoría del Policía ha anunciado que presentará una denuncia en contra del magistrado.

La pertenencia de dicha acusación radica en el carácter de la intervención policial, considerada legítima, y la confesión del agresor, quien admitió haber actuado violentamente contra la suboficial.

El director general de la entidad, Máximo Ramírez de la Cruz, declaró que este incidente no puede quedar impune y que procederán a denunciar la negligencia del juez ante los órganos de control del Poder Judicial de manera inmediata. Según la autoridad, “a pesar de la confesión del agresor y los testimonios de la agraviada y de testigos, la decisión del juez supone un mal precedente para la justicia en el país”.

El incidente ocurrió en el cruce de las avenidas Elmer Faucett y Venezuela, durante una intervención policial, cuando el agresor, Carlos Augusto Galván Badaracco, arrastró con su vehículo a la suboficial Mendoza por 20 metros. La gravedad de este acto no solo constituye una tentativa de homicidio calificado, sino también un delito de violencia y resistencia a la autoridad en modalidad agravada.

Además, el Ministerio Público había solicitado nueve meses de prisión preventiva contra Galván Badaracco, pero la decisión del juez Valdez Pimentel de liberarlo contrarió esta solicitud. La vista del caso quedó marcada por la controversia en torno a la interpretación de la evidencia y la valoración de los testimonios presentados.

Máximo Ramírez de la Cruz reafirmó que actuarán conforme a los lineamientos del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien ha garantizado una defensa legal oportuna para todos los efectivos de la Policía Nacional que intervienen en el ejercicio de sus funciones de acuerdo a la ley.

Al respecto, la Defensoría del Policía señaló que buscan que se rectifiquen posibles negligencias y que en el futuro se tomen decisiones más acordes con las pruebas y testimonios disponibles, especialmente en casos que involucren la seguridad de los efectivos policiales en el desempeño de sus funciones.

Su principal objetivo es garantizar que los policías cuenten con una representación adecuada en instancias judiciales y administrativas con el objetivo de asegurar que sus derechos no sean vulnerados durante el cumplimiento de sus deberes. La entidad también trabaja para prevenir y corregir abusos o injusticias cometidas en contra de los efectivos al promover un entorno laboral justo y seguro. Además, cumple otras funciones

• Proporciona orientación jurídica a los policías que enfrentan acusaciones, procesos disciplinarios o situaciones legales complicadas, asegurando que comprendan sus derechos y opciones dentro del marco legal.
• Representa a los miembros de la Policía Nacional en procedimientos judiciales y administrativos, con el objetivo de protegerlos de posibles abusos o injusticias.
• Actúa en situaciones donde se detectan violaciones de derechos humanos o trato injusto hacia los efectivos policiales, promoviendo investigaciones y sanciones cuando corresponde.
• Fomenta un entorno laboral justo y seguro dentro de la Policía Nacional al promover políticas que aseguren la igualdad de condiciones y el respeto por los derechos de todos sus miembros.
• Colabora con diversas instituciones del Estado para fortalecer la protección de los policías, asegurando que su labor sea valorada y respetada en todos los ámbitos.
• Desarrolla estrategias y programas para prevenir situaciones de conflicto que puedan derivar en problemas legales para los efectivos, promoviendo la resolución pacífica y el diálogo como herramientas clave.