Juan Peña, abogado de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, se pronunció en contra de la reciente decisión del Poder Judicial de dictar 18 meses de impedimento de salida del país en contra de su clienta. Como se sabe, a la exjefa del Ministerio Público se la acusa de presuntamente haber cometido el delito de organización criminal y otros en agravio del Estado. Actualmente, la investiga la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.
Para el letrado, los fundamentos recogidos por el Poder Judicial para ordenar esta medida no son tan sólidos. En esa línea, consideró que la sentencia es exagerada.
“Si bien es cierto es una resolución de más de 200 páginas, lo que tiene de fondo son cuatro. En una nos indican que la doctora no tiene peligro de fuga y que esta es una de las medidas más gravosas de coerción que tiene el Código Procesal Penal”, comentó en entrevista con RPP.
De acuerdo con Peña, la investigación fiscal contra Benavides debe tardar como mínimo 4 meses, por lo que carece de sustento que hayan dictado impedimento de salida del país durante un año y medio.
“¿Por qué le dan el impedimento de salida del país y por qué 18 meses? Por el tiempo me parece muy exagerado porque si bien es cierto estamos en un delito de crimen organizado, que es lo que imputa la Fiscalía, las investigaciones que tiene la doctora deben acabar por lo menos en cuatro meses, así que 18 meses me parece exagerado”, indicó.
También puso en cuestión por qué es necesario que la exfiscal de la Nación esté presente en Lima para que la indagación fiscal continúe.
“¿Para qué necesitas la presencia de la doctora Benavides, por qué no podrías permitirle que viaje como lo hizo en julio y que regrese si es que no tienes ninguna declaración o diligencia en la que necesites contar con su presencia? No tiene sentido”, opinó.
La medida, según el documento al que tuvo acceso Infobae Perú, estará vigente desde hoy, jueves 29 de agosto, hasta el 28 de febrero de 2026.
La restricción de salida, solicitada por el Ministerio Público, busca garantizar la presencia de Benavides durante las investigaciones y posibles procedimientos legales relacionados con cargos de organización criminal agravada, cohecho activo y pasivo, patrocinio ilegal, negociación incompatible, tráfico de influencias, entre otros, que podrían resultar en una condena de más de 30 años.
Aunque la defensa de Benavides argumentó que ha cumplido con todas las citaciones judiciales, la Fiscalía sostiene que existe un riesgo de fuga, dado que Benavides Vargas podría tener facilidades para salir del país y conexiones políticas que podrían usar para evadir la justicia.
“Tomando en cuenta las reglas de sumatoria de penas por el concurso real de delitos que se habrían cometido, que conforme al Art. 50 del Código Penal, no puede ser superior al doble de la pena concreta del delito más grave, esta podría superar los treinta (30) años de pena privativa de libertad en el presente caso. Por lo que, la imposición de una pena grave puede influir en la conducta procesal de la investigada Liz Patricia Benavides Vargas y en consecuencia evadir la acción de la justicia”, se lee en el pedido.
Cabe recordar que el proceso judicial contra Benavides se inició cuando, el 17 de julio, la Sala Permanente de la Corte Suprema anuló una decisión anterior del juez Juan Carlos Checkley, que había rechazado el pedido de la Fiscalía para imponer una restricción de salida por 36 meses.