El premier Gustavo Adrianzén respondió al presidente del directorio de Petroperú, Oliver Stark, quien advirtió de la situación al interior de la empresa e indicó que si el Ejecutivo no toma una decisión, se verán obligados a dar un paso al costado. Desde Iquitos, el jefe del gabinete ministerial optó por minimizar dichas declaraciones e indicar que no se retendrá a nadie.
“Los señores tienen la libertad de hacerlo, yo no creo que eso ocurra y menos cuando estamos sentados analizando soluciones, nosotros no podemos retener a nadie si no quisiera seguir al lado de este esfuerzo. Hacemos un llamado a la unidad”, mencionó en diálogo con RPP.
Asimismo, rechazó las acusaciones de que no se tomen acciones por injerencias políticas e insistió en que se encuentran realizando análisis técnicos. “Las decisiones políticas de Petroperú se tomaron antes, no quiero decir cuando, pero es conocido que Petroperú fue utilizada por otros Gobiernos como caja chica, nosotros no lo estamos haciendo”, sostuvo.
En ese sentido, planteó que están haciendo los esfuerzos por rescatar a la petrolera sin que comprometa un crecimiento de deuda. “Quizá un préstamo que se pueda recuperar ahora que Refinería de Talara está produciendo o abrir nuevos mercados, tener una nueva administración y más eficiente”, declaró.
Gremios se pronuncian
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) reconoció la politización en la administración de Petroperú como un grave problema que debe corregirse urgentemente. En esa línea coincidió con Stark y solicitó al Poder Ejecutivo que adopte medidas decisivas para solucionar los problemas de la empresa. Subrayó la necesidad de una reestructuración financiera integral de la empresa como un paso esencial para abordar estos desafíos.
Según Confiep, es crucial formar un directorio profesional y competente para encabezar esta reestructuración. La entidad empresarial ha felicitado al actual directorio por proponer soluciones viables ante la crisis. En palabras de la Confiep, la atención a la politización en la gestión debe ser una prioridad para garantizar una administración eficiente, transparente y sostenible.
La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) también emitió un comunicado y destacó la importancia de implementar una gobernanza sólida y procesos transparentes para restaurar la estabilidad de la empresa, indicando que se han identificado caminos necesarios para resolver los problemas enfrentados por Petroperú.
Asimismo, se aunó a los pedidos de la petrolera e instó al Ejecutivo a tomar decisiones firmes de manera inmediata, definiendo con claridad la política de Estado que se implementará para abordar los desafíos.
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) hizo lo propio e invocó al Gobierno a adoptar, con la mayor prontitud, una decisión firme respecto al futuro de la empresa, alineada con las recomendaciones de su directorio.
“La situación actual de Petroperú es insostenible debido a su complicada situación financiera y a una administración que, a lo largo de los años, ha sido objeto de cuestionamientos”, mencionaron y advirtieron que las pérdidas recurrentes y las continuas solicitudes de apoyo financiero al Estado generan una carga significativa para los recursos públicos, los cuales podrían ser destinados a otros sectores clave.
“En febrero de 2024, la empresa estatal recibió una garantía excepcional de US$1,300 millones mediante el Banco de la Nación, a fin de que pueda continuar operando y pague las deudas pendientes. El 13 de mayo pasado, el directorio de Petro-Perú anunció la necesidad de contar con otros US$2,200 millones para cumplir con sus compromisos, dinero que saldría de los recursos públicos. Ahora, el directorio demanda al Gobierno un paquete de ayuda económica que venga acompañado por una gestión privada de Petroperú, que haga viable el regreso a su autosostenibilidad”, complementaron en su documento.