Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, no podrá salir del país. El Poder Judicial confirmó el impedimento de salida en su contra por 18 meses, dispuesto por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia a solicitud de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.
En ese sentido, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, a cargo del juez supremo César San Martín, declaró infundada la apelación presentada por la Fiscalía, a fin de obtener 36 meses en contra de la exfuncionaria, y la ingresada por la defensa de Benavides, quien buscaba anular el requerimiento fiscal. De esta manera, la medida, según el documento al que accedió Infobae Perú, continuará hasta el 28 de febrero de 2026.
¿Cuáles fueron los fundamentos del requerimiento en su contra?
De acuerdo al pedido del Ministerio Público, la restricción de su salida responde a la necesidad de asegurar su presencia durante las investigaciones y posibles procedimientos legales vinculados a presuntos delitos de organización criminal agravada, cohecho activo y pasivo, patrocinio ilegal, negociación incompatible, tráfico de influencias y otros, en agravio del Estado; los cuales suman una posible de condena de más de 30 años.
Si bien la defensa de Benavides argumentó que su cliente ha cumplido con todas las citaciones judiciales, según la tesis fiscal, existe el riesgo de fuga debido a que Benavides Vargas no solo tendría facilidades para salir del país, sino también conexiones políticas que podría aprovechar para evitar la justicia.
“Tomando en cuenta las reglas de sumatoria de penas por el concurso real de delitos que se habrían cometido, que conforme al Art. 50 del Código Penal, no puede ser superior al doble de la pena concreta del delito más grave, esta podría superar los treinta (30) años de pena privativa de libertad en el presente caso. Por lo que, la imposición de una pena grave puede influir en la conducta procesal de la investigada Liz Patricia Benavides Vargas y en consecuencia evadir la acción de la justicia”, se lee en el pedido.
Como se recuerda, el proceso judicial contra Benavides comenzó cuando la Sala Permanente de la Corte Suprema, el 17 de julio, anuló una resolución previa del juez Juan Carlos Checkley que había desestimado un pedido de la Fiscalía para imponer un impedimento de salida por 36 meses.
¿Cuáles son los elementos de convicción contra Patricia Benavides?
Las imputaciones específicas comprenden la formación de una presunta red delictiva, interacciones indebidas con distintos congresistas para, entre otras cosas, influir en la designación del Defensor del Pueblo, lograr la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos y la destitución de miembros de la Junta Nacional de Justicia, así como intentos de remover a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.
A todo ello se le sumó una nueva prueba: el testimonio de un testigo protegido que reveló detalles sobre la conexión de Patricia Benavides Vargas con el abogado Luis Castillo Alva, quien fue arrestado recientemente en el operativo Valkiria XI realizado por la Diviac y Eficcop.
Según su declaración, la extitular del Ministerio Público, a través del testigo protegido, facilitó a Benavides Vargas una copia del Informe Policial Nro. 317-2020- DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPAPTEC relacionado con el caso “Cuellos Blancos del Puerto”, y de la resolución judicial del juez Jorge Luis Chávez Tamariz, la cual autorizaba el envío de dicho documento desde la PNP a la Junta Nacional de Justicia.
“A cambio de los favores recibidos y ante lo solicitado por el TP- 1-2024-FSEDCF, Liz Patricia Benavides Vargas designó como fiscales adjuntos provinciales en el Equipo Especial de Fiscales que investigan el denominado caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, a tres o cuatro personas cuyos nombres le había trasladado dicho testigo protegido, quienes eran personas de entera confianza del abogado José Luis Castillo Alva, quien se encontraba investigado como presunto integrante de la organización criminal”, narró.